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Acceso a la información públicaConstitucional

Lo que toda institución debe publicar en su sitio web sin que nadie lo pida

Planillas, presupuestos, actas y compras: lo que la ley obliga a publicar en el sitio web de cada institución pública y qué hacer si no está.

En este artículo12 secciones
  1. ¿Qué es la transparencia activa?
  2. ¿Qué debe aparecer en el sitio web?
  3. ¿Qué canales para pedir información deben estar en la web?
  4. ¿En qué formato debe publicarse?
  5. ¿Qué es el Portal Nacional de Datos Abiertos?
  6. ¿Qué debe informar la institución cada año?
  7. ¿Quiénes deben publicar esta información?
  8. ¿Desde cuándo debía estar todo esto en línea?
  9. ¿Qué puedo hacer si la institución no publica lo que debe?
  10. ¿Cómo aprovecho la sección de transparencia de la institución antes de pedir información?
  11. Recomendaciones prácticas
  12. ¿Necesita ayuda?

Una vecina escucha que la junta directiva de una institución autónoma aprobó comprar una flotilla de vehículos nuevos. Quiere saber cuántos son, cuánto costaron y a qué empresa se compraron. Podría pedir esos datos y esperar la respuesta, que puede tardar hasta diez días hábiles, o más si la institución justifica una prórroga. Pero buena parte de lo que busca debería estar ya en el sitio web de la institución: el presupuesto, todas las etapas de la compra y, una vez aprobada, el acta de la sesión en que se tomó el acuerdo. La Ley Marco de Acceso a la Información Pública obliga a publicar esos datos sin que nadie los pida.

¿Qué es la transparencia activa?

El reglamento de esa ley llama transparencia activa a lo que la institución publica por iniciativa propia, sin esperar ninguna solicitud, y transparencia pasiva a su respuesta cuando usted pide algo.

La ley pide a cada institución ofrecer en su página web «la mayor cantidad de información pública», de manera libre y de fácil acceso. Presume que lo publicado es verdadero y está actualizado, y hace responsable a cada institución de mantenerlo al día. Cómo se pide lo que no está publicado lo explicamos en esta otra publicación sobre cómo pedir información a una institución pública.

¿Qué debe aparecer en el sitio web?

La ley fija una lista mínima que la institución debe publicar y mantener completa y actualizada. El reglamento la repite y exige reunirla en una sección del sitio dedicada a la transparencia. La agrupamos en cinco bloques:

  • Cómo funciona la institución: las normas que la rigen; su organización, funciones y servicios; el directorio; cada trámite con sus requisitos; el horario, y los medios para presentar solicitudes, peticiones, denuncias y sugerencias.
  • Su personal: la lista de funcionarios; las clases de puestos y sus requisitos; los procesos de reclutamiento y selección; el índice salarial; las planillas con el salario bruto, y la evaluación del desempeño, con sus mecanismos y resultados.
  • Planes y dinero: el plan anual operativo y los planes estratégicos; los presupuestos, su ejecución y su evaluación; toda la información de cada etapa de las compras; los informes y costos de los viajes, los viáticos y los gastos de representación, y estadísticas de subsidios, becas, donaciones, exoneraciones y otros beneficios otorgados a particulares.
  • Rendición de cuentas: las memorias anuales y otros informes de gestión; estadísticas de las investigaciones internas; los informes de la auditoría interna sobre la gestión de la institución, y las actas y minutas de los órganos colegiados creados por ley, como una junta directiva o un concejo municipal, salvo que una ley disponga expresamente otra cosa.
  • Lo demás que ayude al control ciudadano: cualquier otra información que fomente la transparencia, y toda la que otra ley ordene publicar.

La publicación deja fuera solo lo que protegen la Constitución o la ley, y esas excepciones se interpretan de forma restrictiva. De los beneficios a particulares, la lista solo exige publicar estadísticas, que respetan los datos personales de quienes los reciben. Una empresa pública que compite en el mercado debe separar lo público de su secreto industrial o comercial, que puede reservar cuando, por razones de competencia, no convenga divulgarlo. De las investigaciones internas se publican estadísticas, no los expedientes, cuya confidencialidad explicamos en el artículo sobre el expediente administrativo.

¿Qué canales para pedir información deben estar en la web?

Cada institución, y también cada persona o empresa privada sujeta a la ley y cada partido político, debe tener un correo electrónico oficial y, en su página web, un formulario accesible para recibir las solicitudes de información. La Sala Constitucional ya ha exigido el correo oficial. En febrero de 2025 ordenó a un concejo de distrito de Pérez Zeledón habilitar en un mes una dirección electrónica para recibir gestiones y darla a conocer en sus plataformas digitales. Explicó que poder presentar una gestión en persona no suple la falta de un canal electrónico. Dos semanas después dio la misma orden en un caso contra la Municipalidad de Sarapiquí, que no tenía un correo oficial.

¿En qué formato debe publicarse?

La ley exige un formato abierto, interoperable y accesible, que tome en cuenta a quienes tienen más dificultades para ejercer este derecho.

  • Abierto: el reglamento llama datos abiertos a los que se pueden usar y redistribuir libremente, sin trabas técnicas o legales indebidas.
  • Interoperable: los sistemas informáticos pueden intercambiar y aprovechar esos datos.
  • Accesible: que puedan usarlos todas las personas, incluidas las que tienen una discapacidad.

Ni la ley ni el reglamento dicen qué tipos de archivo cumplen en la sección de transparencia. Una referencia útil es la que el reglamento da para el portal nacional de datos abiertos: formatos no propietarios, es decir, que no dependen de un programa en particular, como CSV, JSON o XML. Un CSV es una tabla que abre cualquier hoja de cálculo; una planilla publicada como fotografía, en cambio, no se puede ordenar ni sumar, y difícilmente cumple con un formato abierto.

¿Qué es el Portal Nacional de Datos Abiertos?

Es una plataforma a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con apoyo tecnológico del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, en la que las instituciones públicas pueden publicar sus datos abiertos.

El reglamento dice que las instituciones «podrán» publicar en ese portal, así que no las obliga a usarlo. El portal tampoco reemplaza el sitio web propio, donde la ley sí obliga a publicar la lista.

En las compras, la Ley General de Contratación Pública ordena tramitar por un sistema digital unificado, a cargo de la Dirección de Contratación Pública, todas las compras que ella regula, y poner toda la información de contratación en formato de datos abiertos, a disposición de cualquier interesado.

¿Qué debe informar la institución cada año?

La memoria o informe anual de labores debe incluir una sección llamada «Acceso a la Información y Transparencia» con, al menos:

  • Cuántas solicitudes de información recibió en el año, en qué plazo las atendió, si hubo recursos de amparo sobre este derecho y cómo terminaron.
  • Las mejoras hechas para agilizar el acceso.
  • Su lugar en el Índice de Transparencia del Sector Público del período anterior, y su avance.
  • Su plan para mantener al día lo que publica por iniciativa propia.
  • Las medidas para que los grupos en situación de vulnerabilidad ejerzan este derecho en igualdad de condiciones.

Como las memorias anuales deben estar en el sitio web, usted puede leer esos números sin pedirlos. Le sirven, con datos que reporta la propia institución, para saber si suele contestar a tiempo.

¿Quiénes deben publicar esta información?

La lista de la ley obliga a todas las instituciones públicas, incluidas las municipalidades, y a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones en sus funciones administrativas.

Las personas y empresas privadas que manejan fondos o bienes públicos y los partidos políticos también están sujetos a la ley, pero para ellos no hay una lista concreta de publicación. Sí deben tener el correo oficial y el formulario, y la ley les pide en general ofrecer información en sus páginas web. El reglamento menciona además «obligaciones de transparencia» para las personas y empresas privadas que, por contratos, concesiones, subsidios u otros vínculos con el Estado, manejan información de interés público. No aclara si deben tener esta sección, y como un reglamento no puede ir más allá de la ley, es dudoso que alcance a las empresas privadas que prestan un servicio público, a las que la ley excluye. Por eso, con cualquier persona o empresa privada, lo seguro es pedir la información: a ella, si la ley la obliga, o a la institución con la que tiene el contrato, la concesión o el subsidio. Lo explicamos en el artículo sobre a quién se le puede pedir información pública.

¿Desde cuándo debía estar todo esto en línea?

La ley, que es de octubre de 2024, dio a las instituciones públicas seis meses desde su aprobación para actualizar sus sitios web con la información de la lista. Ese plazo venció hace más de un año, y el reglamento no concede uno nuevo. El único plazo de seis meses que otorga es para ajustar la atención a personas con discapacidad auditiva o visual, y no suspende lo que la ley ya exigía, como explicamos en el artículo que abrió esta serie, sobre el reglamento.

¿Qué puedo hacer si la institución no publica lo que debe?

La ley dice que este derecho puede defenderse siempre con un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en particular cuando la institución no publica lo que debe divulgar sin que se lo pidan. Cualquier persona puede presentarlo, sin formalidades especiales, y mientras la omisión continúe puede presentarse en cualquier momento.

En la práctica, conviene actuar primero por escrito. Si necesita el documento, pídalo: la solicitud debe responderse en un máximo de diez días hábiles, salvo prórroga justificada, y si no le responden a tiempo o se lo niegan, el amparo tendrá una base más clara. Pero que se lo entreguen a usted no corrige la falta de publicación. Si quiere que la institución lo publique, pídaselo por escrito a su máxima autoridad, a quien el reglamento encarga velar por la transparencia. Ninguna de esas gestiones es requisito para el amparo. Cómo se presenta lo explicamos en esta publicación sobre el recurso de amparo y el hábeas corpus.

¿Cómo aprovecho la sección de transparencia de la institución antes de pedir información?

Si lo que usted necesita ya está en el sitio web de la institución, esta puede limitarse a indicarle, en forma sencilla, cómo encontrarlo. Si lo publicado está incompleto o desactualizado, dígalo en la solicitud: «solicito el acta de la sesión de la junta directiva del 3 de marzo de 2026, que no aparece en la sección de transparencia».

Recomendaciones prácticas

  1. Busque la sección de transparencia antes de pedir. Lo que encuentre ahí no necesita solicitud.
  2. Fíjese en las fechas. La ley exige información completa y actualizada; una planilla de hace dos años no está al día.
  3. Lea la sección de acceso a la información de la memoria anual.
  4. En compras, consulte también el sistema digital unificado de compras públicas.
  5. Si algo falta, documéntelo. Guarde capturas de pantalla con la fecha y la dirección de la página, y pida por escrito lo que no encontró.

¿Necesita ayuda?

Si una institución no publica lo que la ley le exige, o usted necesita información pública para un trámite o un reclamo, en Murillo y Guzmán podemos revisar el caso y preparar la solicitud o el recurso que corresponda. Agende una consulta.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.

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