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Ya hay reglamento para la ley de acceso a la información pública: ¿qué cambia para usted?
La ley de acceso a la información pública ya tiene reglamento. Qué cambia al pedir datos a una institución, qué debe hacer ella y qué puede exigir usted.
En este artículo13 secciones
- ¿Qué es este reglamento y desde cuándo rige?
- ¿La ley no se aplicaba mientras no hubiera reglamento?
- ¿Qué cambia al presentar la solicitud?
- ¿Qué pasa si la solicitud no es clara?
- ¿Y si la presenté en la institución equivocada?
- ¿Qué pasa si me dicen que la información no existe?
- ¿Y si una parte de la información es confidencial?
- ¿Puedo reclamar ante la misma institución?
- ¿Qué debe publicar cada institución sin que nadie lo pida?
- ¿Qué cambia para las personas con discapacidad auditiva o visual?
- ¿Qué pasa si la institución no cumple?
- Recomendaciones prácticas
- ¿Necesita ayuda?
Una vecina llamó por teléfono a la oficina regional de un ministerio para pedir copia del contrato con que se reparó el puente de su comunidad. Le contestaron que esas solicitudes no se reciben por teléfono y que, de todos modos, el puente lo había hecho otra institución, así que debía ir a preguntar allá. Ninguna de las dos respuestas debió cerrarle la puerta. La Ley Marco de Acceso a la Información Pública ya permitía pedir información de palabra, así que debían anotar la solicitud o indicarle cómo presentarla. Y su reglamento prohíbe devolver la solicitud para que se presente en otro lado.
¿Qué es este reglamento y desde cuándo rige?
Esa ley rige desde el 1.º de noviembre de 2024 y le dio al Poder Ejecutivo seis meses para reglamentarla. El reglamento llegó dos años después: se firmó el 26 de octubre de 2026, se publicó en el diario oficial La Gaceta el 13 de noviembre y rige desde ese día. Al mismo tiempo derogó un decreto de 2017 sobre transparencia y acceso a la información pública.
Un reglamento no es una ley nueva: detalla cómo se aplica la ley y, como está por debajo de ella, no puede quitarle derechos ni contradecirla. Si chocan, manda la ley. El propio reglamento prohíbe pedir requisitos adicionales y repite que nadie tiene que explicar para qué quiere la información.
¿La ley no se aplicaba mientras no hubiera reglamento?
Sí se aplicaba: la Sala Constitucional la aplica en amparos desde 2025. En un caso de enero de 2026, una gerencia de la Caja Costarricense de Seguro Social se negó a entregar los archivos de respaldo de unos informes porque el tema estaba ligado a una causa penal. La Sala recordó que una investigación penal no basta, por sí sola, para negar la información: hay que demostrar en concreto el daño que causaría entregarla. Ordenó entregar en tres días toda la información, salvo la que una ley protegiera expresamente.
¿Qué cambia al presentar la solicitud?
Cada institución debe tener un mecanismo formal para recibir y tramitar las solicitudes, darlo a conocer al público y designar a las personas encargadas de atenderlas. El jerarca, es decir, la máxima autoridad de la institución, responde de que eso funcione.
Usted puede presentar la solicitud en persona, por escrito o por los medios electrónicos que la institución tenga habilitados, como el correo electrónico, el teléfono o sus plataformas digitales, sin preferencia entre ellos. Si la pide de palabra, el funcionario que la recibe debe dejar constancia escrita. Y toda solicitud debe quedar registrada con un mecanismo de seguimiento, que sirve para controlar el plazo de respuesta y para respaldar un reclamo.
El comprobante de recibo, los cuatro datos de la solicitud y el plazo de diez días hábiles ya los fijaba la ley; los explicamos en esta otra publicación sobre cómo pedir información pública. En su lista, el reglamento agrega que el documento de identidad esté vigente y menciona dar un número de contacto, dos cosas que la ley no pide. Para evitar discusiones, use un documento vigente e incluya un teléfono.
¿Qué pasa si la solicitud no es clara?
La institución puede pedirle que la aclare una sola vez, y debe hacerlo pronto: la ley le da tres días desde que la recibe, y el reglamento dice que son días hábiles. Ese aviso, que la ley llama prevención, debe decir con claridad qué falta y orientarlo para corregirlo.
Usted tiene cinco días hábiles para responder, y los diez días hábiles que tiene la institución para contestarle empiezan a contar desde que ella da por cumplida la aclaración. Si usted no responde a tiempo y sin esa aclaración es imposible saber qué pide, la institución puede archivar la solicitud con una resolución motivada. Aun así, usted puede presentar otra. Lo que la institución no puede hacer es rechazarla por un defecto que no le haya señalado antes, ni pedirle aclaraciones innecesarias.
¿Y si la presenté en la institución equivocada?
El reglamento prohíbe expresamente devolverle la solicitud para que usted la presente en otra parte. Si a la institución que la recibe no le toca atenderla, debe trasladarla a la que corresponda y explicarle a usted por qué cambió el destinatario. Pero si tiene la información, aunque la haya producido otra institución, debe entregarla ella.
¿Qué pasa si me dicen que la información no existe?
No basta con decirlo. La institución debe hacer una búsqueda razonable y documentada. Si no encuentra la información, debe darle una respuesta motivada que indique qué oficinas consultó y, si lo sabe, qué institución podría tenerla. Cuando lo sepa, además, debe trasladar la solicitud a esa institución.
¿Y si una parte de la información es confidencial?
Debe entregarle el resto. Si un documento mezcla información pública con datos protegidos, la institución tiene que darle lo público y tachar solo la parte que la ley protege, con una explicación clara de por qué la tachó. Solo la Constitución, un tratado aprobado por la Asamblea Legislativa o una ley pueden justificar una negativa, y el reglamento prohíbe usar la confidencialidad para ocultar irregularidades o evitar el control ciudadano. La negativa debe darse por escrito, explicar sus razones e indicar la norma en que se apoya, qué parte se restringe, qué recursos caben, ante quién y en qué plazo. Qué información es pública lo explicamos en el artículo sobre qué información se puede pedir.
¿Puedo reclamar ante la misma institución?
Sí, pero cuide el plazo. El reglamento le da diez días hábiles para impugnar la negativa, total o parcial, con los recursos que correspondan según la Ley General de la Administración Pública y las normas de esa institución. Sin embargo, esa ley general, que está por encima del reglamento, da solo tres días hábiles para recurrir la decisión que pone fin a un trámite y declara inadmisible el recurso presentado tarde. Como el plazo del reglamento favorece a la persona y todavía no está claro cuál de los dos vale para esta negativa, lo prudente es reclamar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. Si ya pasaron los tres, pero no los diez, preséntelo igual y cite el reglamento. La decisión final le corresponde al jerarca y, si le da la razón, en todo o en parte, la información debe entregársele de inmediato, junto con esa resolución.
Ese reclamo no es obligatorio para acudir a la Sala Constitucional: el reglamento deja a salvo el recurso de amparo, y la ley que lo regula no exige agotar antes los recursos ante la institución. Lo explicamos en esta publicación sobre el amparo y el hábeas corpus.
¿Qué debe publicar cada institución sin que nadie lo pida?
Cada institución pública debe tener en su sitio web una sección dedicada a la transparencia, actualizada, con una lista mínima de información. Incluye, entre otros, los trámites y sus requisitos, las planillas con el salario bruto, los presupuestos, las contrataciones, las actas de los órganos colegiados y los viáticos de los funcionarios. La lista coincide en lo esencial con la que ya traía la ley. El reglamento agrega que debe reunirse en un espacio propio del sitio y que los actos, resoluciones, directrices, reglamentos y circulares estén siempre a disposición del público, de preferencia en el sitio web.
Además, el reglamento prevé que las instituciones publiquen sus datos en el Portal Nacional de Datos Abiertos, pero dice que «podrán» hacerlo, no que deban. Lo que sí exige la ley es que la información de la lista mínima se publique en formato abierto, que no dependa de un programa en particular, y accesible.
¿Qué cambia para las personas con discapacidad auditiva o visual?
La institución debe atenderlas sin barreras y entregarles la información en formatos accesibles, como archivos digitales, lectura asistida o ajustes visuales, cuando sea posible. Las instituciones tienen seis meses desde que entró en vigor el reglamento, es decir, hasta el 13 de mayo de 2027, para hacer esos ajustes. Ese plazo no suspende lo que la ley ya exigía desde 2024: condiciones de accesibilidad para toda persona y, para quienes tienen discapacidad visual, la información por medios digitales, en formato sonoro o en braille.
¿Qué pasa si la institución no cumple?
Los incumplimientos se sancionan según la escala de la ley, que va del apercibimiento oral a la suspensión sin goce de salario, y según el régimen disciplinario de cada institución, siempre después de un procedimiento en que el funcionario pueda defenderse. El reglamento advierte que también puede investigarse al funcionario que no deja constancia de una solicitud. Además, en ciertos casos el funcionario puede tener que pagar de su bolsillo los daños que cause, y desobedecer una orden de la Sala Constitucional es delito.
Recomendaciones prácticas
- Use un medio que deje rastro. Para recibir la respuesta, el reglamento recomienda el correo electrónico. Si pide en persona o por teléfono, exija el comprobante de recibo, que deben darle de inmediato por escrito, en papel o por el medio que indicó para notificaciones. Si envía la solicitud por internet, use el correo oficial o el formulario de la página de la institución, no el correo personal de un funcionario.
- Si le piden aclarar, responda dentro de los cinco días hábiles. Si no lo hace, la solicitud podría archivarse y tendría que presentarla de nuevo.
- No acepte que lo manden a otra institución. Si la institución tiene la información, debe dársela. Si no la tiene, debe trasladar la solicitud a la que corresponda o, si no sabe cuál es, responderle por escrito y explicarle por qué no la tiene.
- Si le dicen que la información no existe, pida la respuesta por escrito, con las oficinas que se consultaron.
- Si le niegan una parte, pida el resto, con lo protegido tachado.
- Si quiere reclamar ante la institución, hágalo dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la negativa, aunque el reglamento o la propia negativa hablen de diez. Y recuerde que no necesita ese reclamo para acudir a la Sala Constitucional.
¿Necesita ayuda?
Si una institución no le responde, lo envía a otra oficina o le niega información, en Murillo y Guzmán podemos revisar su solicitud y la respuesta que recibió, y decirle qué camino conviene seguir. Agende una consulta.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.
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