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Acceso a la información públicaConstitucional

¿Cuándo pueden negarme información pública? Los límites que permite la ley y los abusos que prohíbe

Solo la Constitución, un tratado o una ley pueden limitar el acceso a la información pública. Qué debe decir la negativa y qué abusos se prohíben.

En este artículo9 secciones
  1. ¿Quién puede decidir que una información no se entrega?
  2. ¿Qué límites existen?
  3. ¿Basta con que exista una ley?
  4. ¿Cuándo aceptó la Sala una negativa y cuándo la rechazó?
  5. ¿Qué abusos prohíbe el reglamento?
  6. Si solo una parte está protegida, ¿pueden negarme todo?
  7. ¿Qué debe decir la negativa?
  8. Recomendaciones prácticas
  9. ¿Necesita ayuda?

Una vecina pidió a la municipalidad copia del informe técnico y del contrato con que se rellenó un lote municipal junto a su casa. Diez días hábiles después recibió un correo de una sola línea: «La información solicitada es confidencial». No decía por qué, ni con base en qué norma, ni si alguna parte sí podía entregarse. Esa respuesta no cumple la Ley Marco de Acceso a la Información Pública. Una institución puede negar información en ciertos casos, pero solo cuando lo permiten la Constitución, un tratado o una ley, y debe explicarlo por escrito y entregar todo lo que no esté protegido.

Qué información se presume pública lo explicamos en el artículo sobre qué información se puede pedir, y cómo pedirla, en esta otra publicación sobre cómo pedir información a una institución pública.

¿Quién puede decidir que una información no se entrega?

Solo la Constitución Política, un tratado internacional aprobado por la Asamblea Legislativa o una ley pueden fijar límites al acceso a la información pública. Es lo que se llama reserva de ley: restringir un derecho fundamental le toca a la Asamblea Legislativa, no a la institución que tiene la información.

Por eso, un decreto, un reglamento, una circular, un acuerdo de junta directiva o una política interna no pueden crear un límite por sí mismos. El reglamento de la ley lo dice de forma expresa para las resoluciones o declaratorias de las instituciones: pueden aplicar en un caso concreto una causa de reserva que ya esté en la Constitución o en una ley, pero no pueden crear categorías nuevas de información restringida.

¿Qué límites existen?

El reglamento recuerda, entre otros, estos:

  • los datos personales protegidos por ley, en especial los sensibles, como la información médica (no todo dato personal está protegido: el salario bruto de un funcionario es público);
  • la información privada;
  • los secretos de Estado;
  • el secreto profesional, comercial, industrial, fiscal (tributario), económico, bancario y fiduciario.

Esa lista no es una autorización en blanco: cada límite existe solo si la Constitución, un tratado o una ley lo establecen, y el propio reglamento la cierra con «las demás restricciones legítimamente establecidas por ley». Hay otros límites en leyes especiales, como estos dos:

  • La identidad de quien denuncia un acto de corrupción es confidencial, y lo sigue siendo después de terminado el trámite de la denuncia.
  • Las investigaciones de las auditorías internas, de la Administración y de la Contraloría General de la República que puedan llevar a abrir un procedimiento administrativo son confidenciales, incluso para el denunciante y el denunciado, mientras se prepara el informe. Después, y hasta que el procedimiento termine, solo las partes pueden ver el expediente.

Los datos personales, los secretos comercial, bancario y tributario, y el secreto de Estado tendrán artículos propios en esta serie.

¿Basta con que exista una ley?

No. Aunque exista una ley que proteja la información, la institución debe aplicarla de forma restrictiva, razonable y proporcional, y con una resolución motivada. Aplicarla de forma restrictiva significa no estirar el límite más allá de lo que dice su texto, porque la regla general es el acceso.

El reglamento exige, además, cinco condiciones para negar información por confidencialidad:

  1. Una norma legal expresa. La institución debe señalar la ley concreta que protege esa información.
  2. Una justificación de la autoridad competente. Quien puede negarla debe explicar por qué esa ley se aplica a lo que usted pidió.
  3. Solo lo estrictamente necesario. Si el problema está en un dato, se reserva ese dato, no el expediente entero.
  4. Temporalidad, cuando corresponda. Algunos límites duran solo mientras exista la causa que los justifica, como las investigaciones de auditoría que vimos antes. Cuando la causa desaparece, desaparece también esa razón para negarla, aunque puede quedar otra, como la identidad de quien denunció.
  5. Un perjuicio real, actual y sustancial. La institución debe demostrar que entregar la información causaría un daño concreto, presente y de peso al interés público que esa ley protege. Un riesgo hipotético no alcanza.

Le toca a la institución, no a usted, demostrar que se cumplen estas condiciones. Y entre varias formas de proteger ese interés, debe escoger la que menos restrinja el acceso.

El reglamento no hace excepciones: estas condiciones rigen también cuando una ley declara confidencial algo concreto, como la identidad de quien denuncia un acto de corrupción. También en esos casos, la institución debe explicar por qué lo que usted pidió entra en esa categoría, por qué no basta con tachar una parte y qué perjuicio causaría entregarlo.

¿Cuándo aceptó la Sala una negativa y cuándo la rechazó?

En dos casos ante la Sala Constitucional se invocó otro límite legal: la norma que reserva a las partes la etapa de investigación de un proceso penal.

En un caso que resolvió en 2022, unos periodistas habían pedido a la Fiscalía General datos de varias denuncias penales: el estado de las investigaciones, las diligencias realizadas y quiénes eran las personas investigadas. La Fiscalía se negó con base en esa norma y en su propia ley orgánica, que le prohíbe revelar el secreto de las investigaciones. Por mayoría, la Sala consideró razonable la negativa, porque la Fiscalía se apoyó en límites legales y explicó por qué; a la Fiscalía solo le ordenó contestar si había recibido cierta denuncia. Pero advirtió que, en cada caso, la autoridad debe valorar si entregar el dato pedido afectaría de verdad la presunción de inocencia, la intimidad o la seguridad de las personas, o pondría en riesgo la investigación. Ese caso es anterior a la ley y a su reglamento.

En un caso resuelto en 2026, en cambio, una gerencia de la Caja Costarricense de Seguro Social invocó esa misma norma para no entregar los archivos de respaldo de unos informes administrativos. La Sala le recordó que una investigación penal no justifica, por sí sola, negar todo acceso, salvo que se demuestre de forma concreta y específica que divulgar esa información compromete de manera real y actual bienes que la Constitución protege, y eso no se demostró. La Sala ordenó entregar toda la información, salvo la que estuviera sujeta a una reserva legal específica y motivada.

La diferencia: en el primer caso se pedían datos de la propia investigación penal, y la Fiscalía explicó el límite legal; en el segundo se pedían documentos administrativos, y la causa penal se usó como etiqueta general, sin demostrar ningún daño concreto.

¿Qué abusos prohíbe el reglamento?

El reglamento prohíbe terminantemente usar las causas de confidencialidad para ocultar información de interés público, limitar la rendición de cuentas, encubrir irregularidades o restringir el control ciudadano sobre la función pública. Y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública declara de interés público la información sobre el manejo del dinero público, desde que ingresa hasta que se gasta. Un contrato, una factura o el pago de un viaje no se vuelven secretos porque muestren un error o una irregularidad. Si una auditoría los investiga, lo confidencial es el expediente de esa investigación, no esos documentos.

Estas respuestas, por sí solas, no bastan:

  • «Es confidencial», sin decir qué ley lo dispone.
  • «Es de uso interno» o «es de uso exclusivo de esta oficina». En 2025, la Sala rechazó que un ministerio declarara toda la documentación de un concurso «confidencial y de uso exclusivo» de una de sus oficinas, como contamos en el artículo sobre el expediente administrativo.

Tampoco vale entregar una respuesta ambigua o incompleta sin justificar lo que falta. La ley lo menciona de forma expresa entre los casos que justifican un recurso de amparo.

Si solo una parte está protegida, ¿pueden negarme todo?

No. Si la información es en parte pública y en parte confidencial, o contiene datos sensibles, la institución debe entregarle lo público y tachar únicamente lo protegido, con una explicación clara de por qué lo hizo. Por ejemplo, si el expediente de un concurso para un puesto público incluye el historial médico o la dirección de algún participante, esos datos se tachan y el resto se entrega. En el caso del concurso de 2025, la Sala ordenó entregar la documentación resguardando los datos sensibles.

¿Qué debe decir la negativa?

Toda negativa, total o parcial, debe cumplir estas condiciones:

  • constar por escrito y notificársele dentro del plazo que tiene la institución para responder: diez días hábiles, o la prórroga que le haya comunicado a tiempo;
  • indicar el límite y la norma en que se apoya;
  • explicar por qué ese límite se aplica a lo que usted pidió;
  • precisar qué parte de la información se restringe;
  • indicar qué recursos caben, ante qué autoridad se presentan y en qué plazo.

Si la negativa no dice en qué norma se apoya o por qué se aplica a lo que usted pidió, usted puede impugnarla ante la propia institución o ante la Sala Constitucional; cada vía tendrá su propio artículo en esta serie. Pero ganar ese reclamo no vuelve pública la información que una ley sí protege: la institución tendrá que entregar el resto y explicar bien por qué reserva esa parte.

Recomendaciones prácticas

  1. Pida siempre la negativa por escrito. Si se la dan de palabra o por teléfono, pida que se la envíen por el medio que usted indicó en la solicitud.
  2. Busque la norma que respalda la negativa. Debe ser la Constitución, un tratado o una ley. Si la respuesta cita solo un reglamento, una circular o un acuerdo interno, o no cita ninguna norma, la negativa está mal fundada, aunque eso no prueba que la información sea pública.
  3. Pida lo que no está protegido. Si el documento puede traer datos protegidos de otras personas, diga desde la solicitud que acepta recibirlo con solo esos datos tachados.
  4. Si la reserva es temporal, pregunte hasta cuándo dura, y vuelva a pedir la información cuando termine.
  5. Reclame pronto. Para reclamar ante la institución, el reglamento da diez días hábiles; la Ley General de la Administración Pública, tres, y el Código Municipal, cinco para las municipalidades. Lo prudente es hacerlo dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, o de los cinco si es una municipalidad, aunque la negativa diga otra cosa o no diga nada; si ya pasó ese plazo, preséntelo de todos modos antes de que se cumplan los diez. Para el amparo no hace falta reclamar antes, pero no deje pasar más de dos meses desde la negativa.

¿Necesita ayuda?

Si una institución le negó información, en todo o en parte, en Murillo y Guzmán podemos revisar la respuesta, verificar si el límite que invoca está en una ley y preparar el reclamo que corresponda. Agende una consulta.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.

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