Acceso a la información públicaConstitucional
¿Qué información es pública? La regla es que todo se puede pedir, salvo lo que la ley proteja
La ley presume pública la información de las instituciones. Qué abarca, qué clases distingue el reglamento y por qué no tiene que decir para qué la quiere.
En este artículo9 secciones
- ¿De dónde viene este derecho?
- ¿Qué quiere decir que la información «se presume pública»?
- ¿Qué significa «interés público»?
- ¿Qué ha considerado público la Sala Constitucional?
- ¿Qué clases de información distingue el reglamento?
- ¿Tengo que explicar para qué quiero la información?
- ¿Entonces nada es secreto?
- Recomendaciones prácticas
- ¿Necesita ayuda?
Un grupo de vecinos se entera de que la municipalidad va a cerrar el camino que usan para llegar a la escuela. Piden copia del estudio técnico en que se basa la decisión y de las hojas de cálculo con que se hizo. La respuesta llega pronto: son «documentos internos» y, para entregarlos, los vecinos deben explicar para qué los quieren. Ninguna de esas dos razones basta para negarles esos documentos. En Costa Rica, lo que tiene una institución pública se presume público, y cualquier persona puede pedirlo sin explicar el motivo. Lo que queda fuera es la excepción.
Cómo se presenta la solicitud y en qué plazo deben responder lo explicamos en esta otra publicación sobre cómo pedir información a una institución pública, y las novedades del reglamento, en el artículo que abre esta serie. Aquí respondemos otra pregunta: qué información se puede pedir.
¿De dónde viene este derecho?
La Constitución Política garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos para informarse sobre asuntos de interés público, y deja a salvo los secretos de Estado. También somete a toda la Administración a la evaluación de resultados y a la rendición de cuentas. Por eso, desde 2003, la Sala Constitucional sostiene que las instituciones deben ser «verdaderas casas de cristal», que cualquier persona pueda examinar a plena luz del día.
También tiene respaldo internacional: la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de buscar y recibir informaciones. En 2006, en un caso contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que las autoridades deben regirse por el principio de máxima divulgación: se presume que toda información es accesible, con un sistema restringido de excepciones.
La Ley Marco de Acceso a la Información Pública, vigente desde noviembre de 2024, lo llama «derecho humano» y dispone que siempre puede defenderse con un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
¿Qué quiere decir que la información «se presume pública»?
La ley parte de que toda la información en poder de las instituciones es pública, salvo que la alcance un límite de confidencialidad o de privacidad. Esos límites solo pueden estar en la Constitución, en un tratado aprobado por la Asamblea Legislativa o en una ley.
En la práctica, eso tiene dos consecuencias:
- Usted no tiene que demostrar que la información es pública. Si la institución quiere negarla, total o parcialmente, debe hacerlo en una resolución motivada, es decir, que explique sus razones: qué límite aplica y en qué norma se apoya.
- Los límites se interpretan de forma restrictiva, porque la regla es el acceso. No se pueden estirar para cubrir más de lo que dicen.
Este derecho recae sobre la información que está en poder o bajo el control de la institución; pedirle que explique o justifique una decisión es ejercer otro derecho, el de petición, que trataremos en esta serie. Si lo que usted pidió no existe, la institución debe decírselo en una respuesta motivada, después de buscarlo.
¿Qué significa «interés público»?
La Constitución habla de información «sobre asuntos de interés público». Esa expresión no exige que el tema sea noticia ni que le importe a mucha gente. El reglamento define la información pública como toda la que tenga la institución, producida o adquirida en el ejercicio de funciones públicas o con ocasión del uso de recursos públicos, cualquiera que sea su formato. Eso incluye, por ejemplo, un estudio que la institución encargó a una empresa, aunque algo de lo que entregan los particulares, como un secreto comercial, puede estar protegido. Dicho de forma sencilla: lo que tiene que ver con cómo trabaja una institución, qué decide y cómo gasta el dinero público es de interés público.
La ley agrega otra regla: todo lo que produce un funcionario en el ejercicio de sus funciones es de dominio público, con excepción de los datos personales y de los demás límites fijados en la Constitución, los tratados y las leyes. Un informe, un oficio, un acta o una hoja de cálculo hechos como parte del trabajo no son propiedad del funcionario que los preparó.
Por regla, la vida privada de las personas no es de interés público, aunque sus datos estén en un archivo del Estado. La Sala ha explicado que los datos íntimos o sensibles que una institución recoge y guarda no pueden ser conocidos por terceros. Su expediente médico no se vuelve público por estar en un hospital estatal.
¿Qué ha considerado público la Sala Constitucional?
No solo los documentos finales. La Sala ha dicho que, salvo los límites que fija la ley, se puede pedir cualquier información en poder de las instituciones, sea cual sea su soporte: expedientes, bases de datos, archivos electrónicos o grabaciones. Dos casos lo muestran:
- La grabación de una sesión del concejo municipal. En 2015, una persona pidió al concejo municipal de Jiménez el acta de una sesión y la grabación. Le dieron el acta, pero no el audio: según el concejo, las grabaciones eran para uso del concejo y de la administración. La Sala rechazó esa razón, porque la grabación no era confidencial, y ordenó entregarle una copia en tres días, en el disco o la llave USB que aportara.
- Los respaldos de unos informes de la CCSS. En octubre de 2025, una persona pidió a la Caja Costarricense de Seguro Social los archivos de respaldo con que se elaboraron tres informes. Una gerencia se negó: dijo que el tema estaba ligado a una investigación penal y que los pidiera a la autoridad judicial. Ya presentado el amparo, le indicó que consultara el expediente público de una licitación. En enero de 2026, la Sala le dio la razón a la persona: los respaldos, los insumos y las hojas de trabajo no necesariamente están en ese expediente, y la sola existencia de una investigación penal no justificaba negarlos, porque no se demostró en concreto que entregarlos causara un perjuicio real y actual. Ordenó entregar en tres días toda la información, salvo la que estuviera protegida expresamente por una ley, con las razones explicadas.
¿Qué clases de información distingue el reglamento?
El reglamento define tres tipos de información:
- Información pública. Es la regla, y se presume de libre acceso.
- Información confidencial. Es la que una ley protege porque su divulgación puede afectar derechos fundamentales, datos personales o secretos comerciales, profesionales o industriales. El reglamento dice que queda cerrada de forma permanente, salvo que una ley permita conocerla o que su titular dé su consentimiento; pero, como esa protección viene de la ley, dura lo que la ley disponga.
- Información de acceso restringido. Es información pública que se cierra de forma temporal, mediante una resolución motivada, porque divulgarla podría afectar un interés público protegido. La restricción dura solo mientras existan las causas que la justifican.
Ni la información confidencial ni la de acceso restringido dependen del simple criterio de la institución: la causa para negarla tiene que estar en la Constitución, en un tratado o en una ley. Una resolución de la institución puede aplicar esa causa, pero no crear categorías nuevas de información reservada.
¿Tengo que explicar para qué quiero la información?
No. La ley reconoce su derecho a pedir la información sin justificar las razones, y el reglamento agrega que exigirle el motivo es contrario a la ley y al reglamento. Tampoco tiene que acreditar un interés especial ni ser parte de un trámite. Puede pedirla cualquier persona física, y también una persona jurídica, como una empresa, una asociación o una cooperativa.
Si usted es parte de un trámite, tiene además un acceso más amplio a su propio expediente; es otro derecho, que trataremos en esta serie.
¿Entonces nada es secreto?
No es así: hay información protegida, pero es la excepción. La Constitución deja a salvo los secretos de Estado y protege la intimidad, y la ley protege los datos personales, aunque no todos: el nombre y el salario bruto de cada funcionario, por ejemplo, son públicos. El reglamento menciona, además, la información privada y los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, económico, bancario y fiduciario, siempre que estén establecidos por ley. Cada límite tiene sus propias reglas, que explicaremos en esta serie.
Recomendaciones prácticas
- No dé explicaciones que no le corresponden. Basta con su nombre, su número de identificación, lo que pide y el medio para recibirlo. Si le exigen el motivo, presente la solicitud de todas formas, sin darlo, y pida el comprobante de recibido con la fecha: desde ese día corre el plazo para responderle. Si le piden aclarar la solicitud, el plazo corre desde que la institución da por cumplida la aclaración.
- Pida también los respaldos, no solo el documento final. Si le interesa un informe, mencione los estudios, las hojas de cálculo, las grabaciones o las bases de datos que lo sustentan, con fechas o números de oficio.
- No acepte una negativa genérica. Frases como «es un documento interno», «es para uso de la oficina» o «hay una investigación en curso» no bastan por sí solas: la negativa debe indicar el límite y la norma concreta. Algunas leyes sí protegen ciertos documentos o investigaciones, como las de una auditoría interna mientras prepara su informe y durante el procedimiento que de él resulte; si la negativa cita una de esas leyes, compruebe que se aplique a lo que usted pidió.
- Si una parte es confidencial, pida el resto. La institución debe entregar lo público, tachar solo lo protegido y explicarle por qué lo tachó.
- Si le niegan la información sin fundamento o no le responden, no deje pasar el tiempo. La negativa debe indicarle qué recurso cabe ante la propia institución, ante quién y en qué plazo. Si quiere usarlo, preséntelo dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la negativa, aunque la negativa o el reglamento hablen de diez. Ese recurso no es obligatorio: ante la negativa, o si vence sin respuesta el plazo que la institución tenía para contestarle, puede acudir directamente a la Sala Constitucional con un recurso de amparo, que explicamos en la publicación sobre el recurso de amparo y el hábeas corpus.
¿Necesita ayuda?
Si una institución le negó información que usted considera pública, o le pidió explicaciones que no debía pedirle, en Murillo y Guzmán podemos revisar la respuesta con usted y preparar el reclamo que corresponda. Agende una consulta.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.
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