Acceso a la información públicaConstitucional
¿A quién le puedo pedir información? Instituciones, empresas públicas, partidos políticos y privados que manejan fondos públicos
Instituciones, empresas del Estado, partidos políticos y privados con fondos públicos deben dar información. Quiénes quedan fuera y a quién acudir entonces.
En este artículo10 secciones
- ¿Qué instituciones públicas tienen que responder?
- ¿Puedo pedirle información a un juzgado?
- ¿Las empresas del Estado también tienen que responder?
- ¿Puedo pedirle información a una organización privada?
- ¿Y los partidos políticos?
- ¿Qué privados quedan fuera?
- ¿El reglamento amplía la lista?
- ¿Qué pasa si un privado obligado no responde?
- Recomendaciones prácticas
- ¿Necesita ayuda?
Una vecina quiere saber en qué gastó la asociación de desarrollo de su comunidad el dinero público que recibió para techar el salón comunal. Un padre de familia quiere ver los ingresos y gastos de la junta de educación de la escuela de su hija. Un estudiante quiere entender por qué subió el pasaje del autobús que toma todos los días. ¿A quién debe pedirle la información cada uno?
Cómo se presenta la solicitud y en qué plazo deben responderle lo explicamos en esta publicación sobre cómo pedir información pública, y qué se puede pedir, en el artículo sobre qué información es pública. Aquí vemos quién está obligado a darla.
¿Qué instituciones públicas tienen que responder?
La Ley Marco de Acceso a la Información Pública (en adelante, «la ley») alcanza a estas instituciones públicas:
- La Administración central, es decir, el Poder Ejecutivo: la Presidencia de la República y los ministerios, con todas sus oficinas.
- La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realizan funciones administrativas, como contratar, nombrar personal o ejecutar su presupuesto.
- Las instituciones autónomas y semiautónomas y las municipalidades, con todos sus órganos, incluidos los concejos de distrito: en un caso de 2025, la Sala Constitucional le ordenó a uno habilitar un correo electrónico para recibir las gestiones de los vecinos.
- Las demás entidades de derecho público. Aquí entran, por ejemplo, los colegios profesionales y las juntas de educación. En un caso de 2003, un vecino le pidió a una junta de educación sus informes de ingresos y gastos para aportarlos a una investigación, y la junta, en vez de entregarlos, le preguntó de qué investigación se trataba. La Sala Constitucional dijo no tener «la menor duda» de que esas juntas son públicas: sus miembros son nombrados por el concejo municipal, y el dinero que administran es público. Le ordenó entregar la información de inmediato, porque el vecino no tenía por qué dar esa explicación.
¿Puedo pedirle información a un juzgado?
La ley obliga al Poder Judicial solo cuando realiza funciones administrativas. En 2026, la Sala Constitucional aclaró que lo que cuenta no es si la oficina es un juzgado, sino la naturaleza de lo que se pide.
- Si usted presenta la solicitud en un escrito aparte y solo pide el documento o el dato, sin mezclarlo con reclamos sobre el caso, el despacho debe atenderla como cualquier solicitud de información. En el caso de 2026, una persona que había sido parte en un expediente ya archivado pidió así una certificación de ese expediente; el juzgado la preparó, pero no demostró haberle avisado que estaba lista, y la Sala le dio diez días para entregársela.
- Si mete la solicitud dentro de un escrito del juicio, como una apelación o una queja porque el proceso va lento, se rige por las reglas de ese proceso, y la Sala no la protege por la vía del amparo.
Pedirlo aparte no le abre a cualquiera los expedientes judiciales: antes de entregar algo, el despacho debe proteger los datos personales y lo que la ley mantiene reservado.
¿Las empresas del Estado también tienen que responder?
Sí. Desde antes de la ley, la Sala Constitucional incluía entre los obligados a las empresas públicas organizadas como sociedades anónimas, como RECOPE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
La ley agrega una regla para las empresas e instituciones públicas que compiten en el mercado: deben separar la información pública de la protegida por secreto industrial, comercial o económico, cuando por razones de competencia no convenga revelarla. Eso no las saca de la ley, y no basta con decir que no les conviene: debe tratarse de un verdadero secreto, y la empresa debe explicar por qué lo es. El reglamento le pide además mostrar qué daño concreto causaría revelarlo. Por ejemplo, lo que una empresa estatal pagó por un contrato de publicidad es, en principio, información pública; su plan de precios para quitarle clientes a la competencia probablemente no lo es.
¿Puedo pedirle información a una organización privada?
Sí, cuando custodia, administra o explota fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, sea cual sea la figura legal por la que lo hace. Quedan obligados la organización y sus apoderados, administradores, gerentes y representantes legales, y también la persona física que esté en esa situación. Algunos ejemplos:
- una asociación de desarrollo que recibe dinero público para una obra comunal;
- una cooperativa, fundación o asociación a la que una institución le encarga administrar un fondo con dinero público.
Lo que se le puede pedir es la información de interés público, que en estos casos es sobre todo la relacionada con esos fondos, bienes o servicios. La ley no vuelve pública toda la vida interna de la organización. La asociación de desarrollo del primer ejemplo debe informar cuánto recibió para el salón, a quién le compró los materiales y cuánto pagó; en cambio, los datos personales de sus asociados, como su dirección, sus teléfonos o su situación económica, siguen protegidos.
¿Y los partidos políticos?
La ley los incluye de forma expresa. No detalla qué información deben dar, pero la Constitución Política da pistas: el Estado contribuye a pagar los gastos de los partidos que alcanzan cierto apoyo electoral, estos deben comprobar esos gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones para recibir el aporte, y las contribuciones privadas que reciben están sometidas al principio de publicidad. Lo razonable es empezar por ahí: cuánto dinero reciben y en qué lo gastan.
Un límite: la ley de protección de datos personales trata como dato sensible lo que revela las opiniones políticas, así que la afiliación o las simpatías políticas de una persona pueden estar protegidas. En principio, esa protección no alcanza a las contribuciones privadas, que la Constitución somete a publicidad.
Si un partido no responde, puede discutirse si el reclamo va a la Sala Constitucional o al Tribunal Supremo de Elecciones, porque toca materia electoral. Conviene consultar a un abogado antes de presentarlo.
¿Qué privados quedan fuera?
Los privados que prestan un servicio público están excluidos de la ley. Piense en la empresa de autobuses del ejemplo inicial, que opera una ruta con permiso o concesión del Estado: en principio, con esta ley usted no puede exigirle sus registros contables. La exclusión tiene dos salvedades. La empresa debe informar a sus usuarios sobre las condiciones en que presta el servicio, y debe entregar a la autoridad que la regula la información que esta puede pedirle. Usted sí puede dirigirle una petición, como explicamos en el artículo sobre el derecho de petición, aunque es discutible hasta dónde sirve para obtener información que esta ley excluye.
En cambio, lo que tengan las instituciones públicas sobre ese servicio sí es, en principio, información pública. Esa es la vía para el estudiante del ejemplo: pedirle a la institución que aprobó la tarifa los documentos en que se basó el aumento. Si contienen secretos comerciales de la empresa, pueden entregárselos con esas partes tachadas.
Además, la frontera de la exclusión no es del todo clara. La ley incluye a los privados que explotan servicios de la Administración Pública y excluye a los que prestan un servicio público, sin decir dónde está el límite. Antes de la ley, la Sala Constitucional había dicho que los concesionarios de servicios u obras públicas pueden, eventualmente, quedar obligados cuando tienen información de claro interés público. Ese criterio se apoya en la Constitución, no en esta ley, y todavía no se sabe si la Sala lo mantendrá en casos como el del autobús.
¿El reglamento amplía la lista?
El reglamento incluye a los privados que tengan o manejen información de interés público por sus contratos, concesiones, autorizaciones, subsidios, transferencias de dinero público o cualquier otra relación jurídica con el Estado.
Buena parte de esa lista cabe en la ley: una organización que recibe un subsidio o una transferencia para un fin público administra dinero público. Otra cosa es la persona que recibe una beca o un bono de vivienda: es dudoso que quede obligada, y de esas ayudas la institución publica estadísticas, sin exponer datos personales.
El resto de la lista es más discutible. Un reglamento está por debajo de la ley y no puede contradecirla. Por eso es dudoso que la sola mención de las concesiones baste para obligar a los privados que prestan un servicio público, que la ley excluye. Tampoco es claro que el reglamento alcance a una empresa que solo le vende algo al Estado; la información de ese contrato, en todo caso, la tiene y debe publicarla la institución.
¿Qué pasa si un privado obligado no responde?
Lo básico es igual que ante una institución pública: diez días hábiles para entregarle la información, una ampliación excepcional de hasta un mes solo si se la avisan y justifican dentro de esos diez días, y ninguna obligación de explicar para qué la quiere. Si no le entregan la información en el plazo, la ley prevé el recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra quien debía entregársela. Cuando el amparo es contra un privado, la Sala revisa primero si el caso encaja en alguno de los supuestos en que la Ley de la Jurisdicción Constitucional lo admite, por ejemplo, que el privado actúe en ejercicio de funciones públicas. Con un partido político, recuerde que la vía es dudosa. Lo general de ese recurso está en esta publicación sobre el amparo y el hábeas corpus.
Recomendaciones prácticas
- Con una organización privada, pida datos concretos sobre los fondos o bienes públicos. Por ejemplo: «cuánto recibió la asociación en 2025 para el salón comunal y en qué lo gastó».
- Pídale también a la institución pública relacionada. La que entregó el dinero, otorgó la concesión o aprobó la tarifa suele tener informes, contratos o estudios.
- Si una empresa del Estado alega secreto comercial, pida que le digan qué parte reserva y por qué. Tiene que entregarle lo demás, salvo otra parte que una ley también proteja.
- Si necesita una certificación o un dato de un juzgado, pídalo en un escrito aparte, dedicado solo a eso.
- Guarde prueba de la fecha de su solicitud: el comprobante de recibo, una copia sellada o el correo enviado. Con esa fecha se cuenta el plazo, también ante un privado. Si le piden aclarar la solicitud, el plazo empieza a correr cuando den por atendida su aclaración.
¿Necesita ayuda?
Si no sabe a quién dirigir su solicitud, o si una organización le niega información sobre los fondos públicos que maneja, en Murillo y Guzmán podemos ayudarle a identificar al obligado y a preparar la solicitud o el reclamo. Agende una consulta.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.
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