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Soy parte de un trámite: ¿qué puedo ver del expediente administrativo?

Si usted es parte de un trámite, puede ver y copiar su expediente. Qué piezas le pueden negar, si su abogado necesita poder y cómo reclamar si se lo niegan.

En este artículo9 secciones
  1. ¿Qué es el expediente y quién es parte?
  2. ¿Qué puedo hacer con el expediente si soy parte?
  3. ¿Mi abogado necesita un poder para ver el expediente?
  4. ¿Qué piezas me pueden negar?
  5. ¿Y si yo no soy parte?
  6. ¿Qué pasa en los concursos y en las compras públicas?
  7. ¿Qué hago si no me dejan ver el expediente?
  8. Recomendaciones prácticas
  9. ¿Necesita ayuda?

Una municipalidad le notifica a un comerciante que abrió un procedimiento para cancelarle la licencia de su negocio por quejas de los vecinos, y lo cita a una audiencia. Antes de esa fecha él quiere leer las quejas, ver las fotos y revisar el informe del inspector. Su abogado pide copias y le responden que el expediente es confidencial y que, sin un poder del cliente, no puede verlo. Dichas así, ninguna de esas dos respuestas es correcta. Quien es parte en un trámite tiene un derecho amplio a conocer su expediente, con reglas propias, distintas de las de una solicitud de información pública.

¿Qué es el expediente y quién es parte?

El expediente es el conjunto de documentos, en papel o digitales, que la institución debe reunir para tomar su decisión: la solicitud o la denuncia que dio inicio al trámite, los informes, las pruebas, las actas de las audiencias y las resoluciones.

Es parte quien tiene un derecho o un interés legítimo que la decisión final puede afectar o satisfacer. Por ejemplo, la persona que pidió un permiso, el comerciante al que se le quiere cancelar la licencia o el funcionario al que se le sigue un procedimiento disciplinario.

¿Qué puedo hacer con el expediente si soy parte?

La Ley General de la Administración Pública le da a usted, a sus representantes y a cualquier abogado el derecho de examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, con las excepciones que veremos, y de pedir que se la certifiquen, en cualquier fase del procedimiento. Puede alegar sobre lo que encuentre antes de la decisión final. La ley pone a su cargo el costo de las copias y de las certificaciones.

La Sala Constitucional considera que este acceso forma parte del debido proceso, en especial cuando a una persona se le atribuyen hechos que pueden llevar a una sanción. Si se le impide ver el expediente y eso lo deja sin defensa, lo resuelto después puede anularse.

¿Mi abogado necesita un poder para ver el expediente?

No. La ley dice «cualquier abogado», y la Sala Constitucional lo ha aplicado así. En 2017, una institución le exigió a un abogado un poder del cliente para darle copias certificadas de un expediente que él necesitaba como prueba en un juicio. La Sala declaró con lugar el amparo: exigir esa autorización viola la ley y el derecho a la información.

Eso sí, el abogado sin poder puede ver y copiar el expediente, pero no presentar escritos ni recursos en nombre de usted: para eso necesita un poder, que puede ser una carta firmada por usted y autenticada por el mismo abogado. La institución, por su parte, debe proteger la información personal o sensible del expediente mientras la persona a la que se refiere esa información no autorice el acceso completo, y puede entregarle las copias con esos datos tachados. Y mientras esté en curso una investigación de la Contraloría General de la República, el abogado debe estar acreditado como defensor o autorizado por el interesado; además, rigen las reservas especiales que explicamos más abajo.

Si quien va a revisar el expediente por usted no es abogado, también necesita un poder, y basta una carta como esa, autenticada por un abogado.

¿Qué piezas me pueden negar?

Solo las que la ley excluye, y pieza por pieza. No hay acceso a las piezas cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la otra parte, ni a las que darían a quien las pide una ventaja indebida o una oportunidad de dañar ilegítimamente a la institución, a la otra parte o a terceros. Se presume que están en esa situación, salvo prueba en contrario, los borradores de resolución y, mientras no se hayan entregado, los informes que se preparan para un órgano asesor y los dictámenes de ese órgano. Por ejemplo, el proyecto de resolución que aún no se ha firmado o los secretos comerciales que aportó la empresa con la que usted compite en el mismo trámite.

Tres reglas acotan esas excepciones:

  • La negativa debe explicarse. La decisión que niega el acceso a una pieza tiene que estar suficientemente motivada.
  • Se niega una pieza, no el expediente entero. La ley habla de piezas, y la Sala Constitucional ha exigido entregar todo el expediente salvo lo que sea verdaderamente confidencial.
  • Lo protegido puede tacharse. En el caso del abogado sin poder y en el de un concurso, que veremos después, la Sala ordenó entregar la información con los datos sensibles resguardados, en lugar de negarla.

Hay, además, dos reservas especiales. Si el trámite nace de una denuncia por corrupción o de una investigación de la auditoría interna, de la propia institución o de la Contraloría, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito protege la identidad de quien denunció y cualquier dato que permita deducirla: se mantiene en secreto, también frente al denunciado y aun después de terminado el asunto. Además, la investigación previa es confidencial, incluso para el denunciante y el denunciado, mientras se prepara el informe; una vez notificado ese informe, y hasta la resolución final, solo las partes pueden ver los documentos y las pruebas del expediente.

¿Y si yo no soy parte?

La Sala Constitucional distingue el acceso desde dentro del procedimiento, que es de las partes y se rige por la Ley General de la Administración Pública, del acceso desde fuera, que tiene cualquier persona para informarse sobre asuntos de interés público. Este segundo lo regula la Ley Marco de Acceso a la Información Pública: usted no tiene que explicar para qué quiere la información. Los pasos y los plazos los explicamos en esta publicación sobre cómo pedir información pública.

La diferencia importa por lo que cada uno puede ver. Un tercero puede pedir, por ejemplo, el expediente de una concesión en la zona marítimo terrestre, porque trata sobre un bien público. Pero no puede ver los datos personales protegidos de los involucrados, como los sensibles o los de acceso restringido: la institución debe entregarle el resto con esos datos tachados, salvo que una ley reserve todo el expediente. La parte, en cambio, puede ver las pruebas que se usan en su contra y, en general, todas las piezas, salvo las excepciones que explicamos antes.

¿Qué pasa en los concursos y en las compras públicas?

En 2025, un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública que participó en un concurso interno pidió la documentación del concurso, y el ministerio se la negó por confidencial. El funcionario presentó un amparo y la Sala Constitucional le dio la razón: ordenó al ministerio entregársela, con los datos sensibles resguardados. Por regla general, la información de los concursos para nombrar en un puesto público, incluida la de los participantes, es pública; solo son confidenciales los datos sensibles o personales de acceso restringido. Como participó, ejercía el acceso desde dentro y tenía derecho a todo el expediente, salvo lo confidencial.

En las compras públicas la regla es parecida. Los actos de la contratación están al alcance de los participantes y de cualquier interesado, salvo la información que la ley protege y que la institución declare confidencial mediante un acto motivado, como ciertos datos de una oferta.

¿Qué hago si no me dejan ver el expediente?

Pida que la negativa conste por escrito y con sus razones. Contra esa decisión caben la revocatoria, que resuelve el mismo órgano que negó el acceso, y, si ese órgano no es el jerarca de la institución, la apelación, que resuelve el jerarca. Ambas se presentan ante el órgano que dirige el procedimiento, que puede dejar la revocatoria para resolverla junto con la decisión final. Como la negativa no es la resolución final del trámite, la Ley General de la Administración Pública da solo veinticuatro horas para recurrirla, contadas desde que se la comunican. Hay reglas especiales de recursos en materias como los asuntos de personal, los impuestos o las compras públicas, y también en las municipalidades: el Código Municipal da cinco días hábiles para recurrir y, contra las decisiones de la alcaldía, permite apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Revise qué recurso y qué plazo indica la notificación y, ante la duda, presente el recurso cuanto antes, si puede, el mismo día.

El reglamento de la ley de acceso da otro plazo, de diez días hábiles, para impugnar la negativa a una solicitud de información pública, la que se presenta como cualquier persona y no como parte. Aun en ese caso, lo prudente es reclamar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, como explicamos en el artículo sobre lo que cambia con el reglamento.

Además, la Ley General de la Administración Pública trata como fuerza mayor la negativa o el obstáculo que la institución pone para que usted examine el expediente, salvo que se trate de las piezas excluidas. Si eso le impidió cumplir un plazo, puede pedir que se lo repongan: le devuelven el tiempo que le quedaba cuando se produjo la negativa. Debe pedirlo dentro de los ocho días hábiles siguientes a que desaparezca el obstáculo, y hacer al mismo tiempo lo que no pudo hacer. Pedirlo no detiene el trámite: siga atendiendo las citaciones y los plazos.

Por último, puede presentar un recurso de amparo sin agotar antes los recursos administrativos; por esa vía se resolvieron el caso del abogado sin poder y el del concurso. Pero el resultado no está garantizado. En 2005 la Sala dijo que el acceso de las partes también tiene protección constitucional; en otras sentencias, en cambio, ha insistido en que se rige por la Ley General de la Administración Pública. Aunque piense acudir a la Sala, no deje vencer el recurso administrativo: presentarlo no le impide acudir después al amparo. El amparo lo explicamos en esta publicación sobre el amparo y el hábeas corpus.

Recomendaciones prácticas

  1. Revise el expediente apenas le notifiquen, no la víspera de la audiencia.
  2. Pida copia o certificación de lo que va a usar en su defensa o en un juicio.
  3. Si manda a otra persona, dele respaldo. Un abogado necesita poder para recurrir en su nombre; cualquier otra persona lo necesita incluso para ver el expediente. Si el abogado debe ver datos sensibles suyos, una autorización expresa evita discusiones.
  4. Exija por escrito la razón de cualquier negativa. Debe referirse a piezas concretas, no a todo el expediente.
  5. Actúe de inmediato si se lo niegan. Según el trámite, el recurso contra esa negativa puede vencer en veinticuatro horas. Si la negativa le hizo perder un plazo, pida que se lo repongan.

¿Necesita ayuda?

Si una institución le niega o le retrasa el acceso a un expediente en el que usted es parte, conviene actuar enseguida. En Murillo y Guzmán podemos revisar el expediente con usted y preparar el recurso que corresponda. Agende una consulta.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.

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