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¿Cuánto gana un funcionario público? Salarios, viáticos y otros datos que cualquiera puede conocer
El salario de un funcionario, sus viáticos, su asistencia y sus evaluaciones son públicos. Qué debe publicar la institución y qué datos personales se protegen.
En este artículo9 secciones
- ¿Es público el salario de un funcionario?
- ¿Puede el funcionario oponerse a que se publique?
- ¿Qué datos de los funcionarios debe publicar la institución sin que nadie los pida?
- ¿Y los viáticos y los gastos de viaje?
- ¿Puedo saber si un funcionario llega a trabajar?
- ¿Y las evaluaciones y los concursos?
- ¿Qué datos de un funcionario no se le entregan a cualquiera?
- Recomendaciones prácticas
- ¿Necesita ayuda?
En una reunión de la asociación de desarrollo, los vecinos discuten cuánto gana el nuevo director del acueducto municipal y cuánto costó el viaje de la alcaldesa a una feria en el extranjero. Una vecina dice que el salario es asunto privado; otro, que todo lo del funcionario debería estar en internet. Ella se equivoca y él exagera. El salario de un funcionario y lo que la institución paga por sus viajes de trabajo son información pública, y buena parte debe estar publicada sin que nadie la pida. Pero los datos de la vida privada del funcionario no se le entregan a cualquiera.
¿Es público el salario de un funcionario?
Sí. La Ley Marco de Acceso a la Información Pública presume pública toda la información que tienen las instituciones, salvo los límites que fijen la Constitución, los tratados o las leyes. Además, dice que todo lo que produce un funcionario en el ejercicio de su cargo es de dominio público, con excepción de los datos personales. Esa excepción no alcanza al salario: el nombre del funcionario y lo que se le paga con fondos públicos tienen que ver con su cargo y con el dinero de todos, y por eso la misma ley manda publicar las planillas. Los datos personales protegidos son, sobre todo, los de su vida privada, que explicamos más abajo.
En un caso de 2016, antes de esta ley, un empleado del Instituto Costarricense de Electricidad reclamó ante la Sala Constitucional porque se habían publicado su nombre, su puesto, su número de cédula y su salario, a partir de información que la Caja Costarricense de Seguro Social le había entregado a un diputado. La Sala no le dio la razón: el salario identificado con el nombre del funcionario es de interés público, porque permite fiscalizar cómo se usan los fondos públicos.
También explicó por qué importa el nombre. Si solo se informa el cargo, no se puede controlar el nepotismo, es decir, que se nombre o favorezca a parientes. Además, es más difícil verificar si a esa persona le corresponde un pago específico, como la llamada «prohibición»: un pago adicional que reciben ciertos funcionarios porque la ley les impide ejercer su profesión de forma privada. En palabras de la Sala, el ciudadano tiene derecho a saber no solo en qué se invierten los fondos públicos, «sino también en quién se gastan».
¿Puede el funcionario oponerse a que se publique?
No, en lo que toca a su salario y a su evaluación. En un caso resuelto en 2025, cuando ya regía la ley, una funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social había descubierto que, con una búsqueda en internet, cualquiera podía ver su nombre, su número de cédula, su puesto, su salario bruto y la nota de su evaluación de desempeño, publicados por la institución. Pidió que los retiraran porque no había dado su consentimiento. La Sala rechazó el reclamo: esa información no es privada, sino de interés público, por tratarse de una funcionaria pública.
¿Qué datos de los funcionarios debe publicar la institución sin que nadie los pida?
Cada institución pública debe publicar y mantener al día en su sitio web, en la sección de transparencia que pide el reglamento, como mínimo lo siguiente sobre su personal:
- el listado de sus funcionarios;
- la descripción de las clases de puestos y sus requisitos;
- los procesos de reclutamiento y selección de personal;
- el índice salarial vigente, que es la escala con el salario base de cada clase de puesto;
- las planillas con el salario bruto de los funcionarios, es decir, lo que se gana antes de los rebajos;
- los mecanismos y los resultados de la evaluación de desempeño;
- los informes de viajes, los gastos de representación, el costo de los viajes y los viáticos pagados a los funcionarios.
Lo que no esté publicado se puede pedir, sin explicar para qué, como explicamos en el artículo sobre cómo pedir información pública. La lista completa de lo que deben publicar, y qué hacer si no lo publican, está en el artículo sobre lo que toda institución debe publicar.
¿Y los viáticos y los gastos de viaje?
Los viáticos son las sumas que la institución paga a un funcionario para cubrir hospedaje, alimentación y transporte cuando viaja por trabajo. Los gastos de representación son sumas que se reconocen a ciertos funcionarios, a veces como un monto fijo, para lo que gastan cuando representan a la institución.
En el caso de la alcaldesa, los vecinos pueden saber cuánto costaron el pasaje y los viáticos, qué otros funcionarios viajaron por cuenta de la institución y qué informe se presentó al regresar. También deben poder conocerse las dietas, que son lo que la municipalidad paga a los regidores y síndicos por las sesiones a las que asisten. Como el salario, se pagan con fondos públicos a quien ejerce un cargo público, y por eso vale para ellas lo que dijo la Sala: hay derecho a saber en quién se gasta el dinero público.
¿Puedo saber si un funcionario llega a trabajar?
Sí. En 2025, una persona pidió a un concejo municipal de distrito el reporte del reloj marcador de su personal correspondiente a casi un año. El concejo se negó: dijo que era información interna, usada solo para su control administrativo. La Sala le dio la razón a la persona: el reporte es de interés público, no está protegido por la ley de datos personales y entregarlo no invade la intimidad de quienes trabajan ahí. Que se use para el control interno no lo vuelve confidencial: es un registro de la institución. La Sala ordenó entregarlo en tres días y condenó al concejo a pagar las costas, los daños y los perjuicios.
Eso sí: si el registro trae datos de salud, como el diagnóstico de una incapacidad, la institución debe tachar ese dato y entregar el resto del reporte.
¿Y las evaluaciones y los concursos?
También son públicos. En un caso de 2020, una persona pidió la calificación de la evaluación de desempeño de un profesor de un colegio público, y la institución no se la entregó. La Sala ordenó entregarla: la evaluación de un funcionario en el ejercicio de su trabajo no es información privada. Solo deben separarse los datos confidenciales o personalísimos que contenga. Si la institución no publica la nota de cada funcionario, usted puede pedirla.
Con los concursos ocurre algo parecido. En 2025, un ministerio le negó a un funcionario, por confidencial, la documentación de un concurso interno en el que él había participado. La Sala recordó que, por regla general, la información de los concursos para llenar un puesto público es pública, incluida la de los participantes, y que solo es confidencial lo que la ley proteja, como los datos sensibles y los datos personales de acceso restringido. Como participante, él tenía además derecho a todo el expediente del concurso, salvo lo confidencial, y la Sala ordenó entregárselo en diez días. Lo contamos en el artículo sobre el expediente administrativo.
¿Qué datos de un funcionario no se le entregan a cualquiera?
La línea está entre lo que se refiere a su cargo y al dinero público, y lo que se refiere a su vida privada. La ley de protección de datos personales protege, entre otros:
- Los datos sensibles, como la salud, las convicciones religiosas, las opiniones políticas, la orientación sexual o la condición socioeconómica, que no incluye el salario que le paga la institución.
- La dirección exacta de la casa, los teléfonos privados y la fotografía, que la ley excluye de los datos de acceso libre.
- Los datos personales de acceso restringido, que solo interesan al funcionario o a la propia institución. La ley permite usarlos solo para fines públicos o con el consentimiento expreso de la persona. Esta categoría no sirve para ocultar el salario, la asistencia ni la evaluación.
La ley manda publicar el salario bruto, no lo que el funcionario recibe en la mano. Lo que se le rebaja por razones personales, como un préstamo, el ahorro en una cooperativa, un embargo o una pensión alimentaria, en principio pertenece a su vida privada y dice poco o nada del uso de los fondos públicos.
Un caso especial es la declaración jurada de bienes que ciertos funcionarios deben presentar ante la Contraloría General de la República. Su contenido es confidencial, pero la ley reconoce el derecho a saber si el funcionario la presentó, y eso puede preguntarse a la Contraloría.
Que un documento tenga algún dato protegido no autoriza a negarlo completo. La institución debe tachar solo lo protegido, entregarle el resto y explicarle por escrito qué norma respalda lo que tachó.
Recomendaciones prácticas
- Busque primero en la sección de transparencia del sitio web de la institución. Las planillas, el índice salarial, los resultados de las evaluaciones y los viáticos deben estar ahí.
- Si no están, pídalos con precisión. Indique el puesto o el nombre del funcionario, el período y el tipo de pago, por ejemplo «viáticos pagados por el viaje de marzo de 2026». Puede presentar la solicitud en persona o por escrito; si la envía por internet, use el correo oficial o el formulario de la institución para estas solicitudes, no el correo de un funcionario en particular. Guarde el comprobante de recibo que la institución debe darle.
- Si quiere saber de qué se compone un salario, pídalo de forma expresa. La planilla puede traer solo el total; usted puede pedir el detalle de los pagos adicionales que recibe el funcionario, como la prohibición o las anualidades.
- Si le responden que es «información interna» o «un dato personal», o le entregan el documento con partes tachadas, revise qué norma le citan. La institución debe indicarle por escrito el límite legal en que se apoya, y «información interna» no lo es. Solo puede ocultarse lo protegido por ley, y la Sala ya ha dicho que los salarios, la asistencia y las evaluaciones son públicos.
- Si le niegan la información o no le responden a tiempo, actúe pronto. Contra una negativa puede reclamar ante la propia institución, en plazos cortos que la negativa debe indicarle. En los dos casos puede ir directamente a la Sala Constitucional con un recurso de amparo, como explicamos en esta publicación sobre el recurso de amparo y el hábeas corpus.
¿Necesita ayuda?
Si una institución le niega datos sobre los salarios, los viajes o los nombramientos de su personal, en Murillo y Guzmán podemos revisar su solicitud y la respuesta que recibió, y decirle qué camino conviene seguir. Agende una consulta.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.
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