Intimidad e imagenAcceso a la información pública
Mis datos personales en manos del Estado: ¿puede otra persona pedirlos?
Lo que el Estado guarda sobre usted no se vuelve público por estar en sus archivos. Qué datos puede entregar a otros y cómo ver y corregir los suyos.
En este artículo10 secciones
- ¿Por qué mis datos no se vuelven públicos al estar en un archivo del Estado?
- ¿Todos mis datos tienen la misma protección?
- ¿Cuándo puede una institución entregar los datos de otra persona?
- ¿Me pueden negar un documento completo porque trae datos de alguien?
- ¿Y los datos de los funcionarios públicos?
- ¿Puedo pedir el video de las cámaras de seguridad de una institución?
- ¿Puedo ver y corregir lo que el Estado tiene sobre mí?
- ¿Dónde reclamo si no me dejan ver o corregir mis datos, o si los entregaron a quien no debían?
- Recomendaciones prácticas
- ¿Necesita ayuda?
Una madre pidió una ayuda económica a una institución de bienestar social y entregó sus constancias de ingresos, el dictamen médico de su hijo y la dirección exacta de su casa. Meses después, un vecino con quien tiene un pleito pide copia de ese expediente: «todo lo que tiene el Estado es público y no tengo que explicar para qué lo quiero». La institución no debe entregarle las constancias, el dictamen ni la dirección. La información de las instituciones se presume pública, pero los datos personales son uno de los límites que fija la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, y otra ley, la de protección de datos, dice qué se puede compartir y en qué casos.
Qué información se puede pedir lo explicamos en el artículo sobre qué información es pública, y los demás límites, en el artículo sobre cuándo pueden negar información pública.
¿Por qué mis datos no se vuelven públicos al estar en un archivo del Estado?
Porque la Constitución Política protege la intimidad, también frente al Estado. La ley de acceso declara de dominio público lo que produce un funcionario en su trabajo, salvo los datos personales. Su reglamento los incluye entre los límites, junto con los datos sensibles y la información privada, y exige aplicar esos límites de forma restrictiva y motivada.
La Sala Constitucional lo dijo ya en 2003: los datos íntimos o sensibles que una institución guarda no pueden ser conocidos por otros, porque por lo general tocan la vida privada y no un asunto de interés público. La protección es mayor si el propio interesado los entregó para obtener un beneficio.
¿Todos mis datos tienen la misma protección?
No. La ley de protección de datos da reglas especiales para tres clases:
- Datos de acceso irrestricto. Están en bases de datos públicas de acceso general, cuando una ley especial las abre a la consulta. Pueden comunicarse sin su permiso, pero solo para el fin con que se recogieron.
- Datos de acceso restringido. Aunque consten en un registro abierto al público, solo le interesan a usted o a la Administración Pública. Solo pueden usarse para fines públicos, como las funciones de la institución, o con su consentimiento expreso. Ojo: el reglamento de la ley de acceso llama «información de acceso restringido» a una reserva temporal, y a los datos personales protegidos por ley los llama información confidencial.
- Datos sensibles. Son los de su fuero íntimo, como la salud, la religión, las opiniones políticas, la vida sexual o la condición socioeconómica. Nadie está obligado a darlos, y la ley restringe mucho su uso: quien los recibe para un trámite no puede usarlos para otros fines.
La dirección exacta de la casa, la fotografía y los teléfonos privados no son datos de acceso irrestricto. La ley solo exceptúa el uso de la dirección para cumplir una orden, citación o notificación administrativa o judicial, o para una operación bancaria o financiera.
En el ejemplo, las constancias de ingresos y el dictamen médico son datos sensibles. La ley de acceso solo manda publicar estadísticas de los subsidios y becas que se dan a particulares, no los expedientes de quienes los reciben.
¿Cuándo puede una institución entregar los datos de otra persona?
La ley de protección de datos exige como regla el consentimiento del titular, y señala tres casos en que no hace falta:
- Cuando lo ordena un juez en una resolución fundamentada, o lo acuerda una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa.
- Cuando son datos de acceso irrestricto, tomados de fuentes de acceso público general.
- Cuando la Constitución o una ley obliga a entregarlos.
Cuando se necesita, el consentimiento debe ser expreso y por escrito. El titular puede revocarlo, pero eso no deshace lo que ya se entregó.
Al pedir información pública, usted no tiene que explicar para qué la quiere. Pero eso no vuelve públicos los datos personales de otra persona: para entregarlos, la institución necesita el consentimiento del titular o una base legal, como alguno de los tres casos anteriores. Esa base puede ser la propia ley de acceso, que manda publicar el salario bruto de los funcionarios.
El Estado tampoco puede pasar sus datos de una oficina a otra a su antojo. En 2022, la Sala Constitucional anuló la norma de un decreto ya derogado que abría la información confidencial de las instituciones a una unidad de la Presidencia. Explicó que quien entrega datos sensibles o confidenciales para un trámite no autoriza a compartirlos con otras instituciones ni con terceros: hace falta su consentimiento o una ley, y un decreto no basta.
¿Me pueden negar un documento completo porque trae datos de alguien?
No, si el resto del documento es público: la institución debe entregarlo y tachar solo lo protegido. Puede negar completo un documento protegido de principio a fin, como las constancias y el dictamen del ejemplo. En el resto de ese expediente, tachar el nombre de la madre no basta, porque el vecino sabe de quién es: la institución debe ocultar también lo que revele la situación económica de ella o la salud de su hijo. Si oculta algo o lo niega todo, debe explicárselo por escrito, con la norma en que se apoya, qué ocultó y qué recursos tiene usted, ante quién y en qué plazo. Y no basta con que mencione la protección de datos en general: debe analizar el caso concreto, y nunca puede usar la confidencialidad para ocultar información de interés público o encubrir irregularidades.
¿Y los datos de los funcionarios públicos?
La línea separa el cargo de la vida privada. En 2020, la Sala rechazó el reclamo de un funcionario cuya voz grabó la Defensoría de los Habitantes, sin su consentimiento, en una reunión de trabajo con el presidente de la República, dentro de una investigación oficial: la privacidad no cubre la información de interés público que un funcionario debe dar al rendir cuentas. Pero aclaró que los funcionarios no pierden toda su privacidad y que hay que valorar el contexto de cada caso. Por ley, su salud y la dirección de su casa siguen protegidas. Qué datos de un funcionario se pueden conocer lo explicamos en el artículo sobre salarios y gastos de los funcionarios públicos.
¿Puedo pedir el video de las cámaras de seguridad de una institución?
Depende, sobre todo, de si usted aparece en él. En un criterio de 2026, la Procuraduría General de la República respondió a una municipalidad que las grabaciones de las cámaras de su edificio son datos personales de acceso restringido y que no pueden entregarse a cualquiera que las pida. Distinguió dos situaciones:
- Si usted aparece, la institución debe darle acceso a sus propios datos, pero difuminando el rostro de las demás personas, salvo que identificarlas sea necesario para defenderse o para investigar un hecho ilícito.
- Si no aparece, no basta con decir que la información es pública. Según la Procuraduría, tendría que demostrar un interés legítimo, directo y jurídicamente relevante, como defenderse en un procedimiento administrativo o judicial, y aun así la entrega sería parcial.
En casos excepcionales, agregó, un interés público relevante, como controlar la actuación de la institución, puede justificar la entrega, en una resolución motivada que pondere el acceso a la información y la protección de datos.
¿Puedo ver y corregir lo que el Estado tiene sobre mí?
Sí. Es la llamada autodeterminación informativa: su derecho a controlar la información sobre usted, también frente al Estado. Ante una institución que tenga datos suyos, usted puede:
- Saber si los tiene y recibirlos completos, claros y sin códigos.
- Saber para qué se recogieron y qué uso se les ha dado.
- Pedir que se corrijan o actualicen, o que se eliminen si son inexactos o incompletos o se recogieron sin su autorización.
Es gratuito, y la institución debe resolver en cinco días hábiles desde que recibe su solicitud. El informe no puede revelar datos de otras personas, aunque se relacionen con usted. Estos derechos admiten límites razonables, por ejemplo en la investigación de delitos. Y usted no puede exigir que borren un dato que una ley obliga a registrar solo porque no dio su permiso.
Si quiere ver el expediente de un trámite en el que usted es parte, rige otra regla, tratada en el artículo sobre lo que puede ver del expediente administrativo.
¿Dónde reclamo si no me dejan ver o corregir mis datos, o si los entregaron a quien no debían?
Ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), donde puede denunciar a la institución que incumpla la ley de protección de datos. La Agencia debe resolver a más tardar un mes después de la denuncia y puede ordenar que los datos se supriman, se corrijan o dejen de circular. Si no está de acuerdo, puede pedirle que reconsidere su decisión dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación.
La ley no le da a la Agencia el poder de fijar indemnizaciones. Si la entrega indebida le causó un daño, puede demandar a la institución ante los tribunales contencioso-administrativos. No espere: el plazo para reclamar se cuenta desde el hecho que causó el daño.
Por regla general, la Sala Constitucional solo tramita los reclamos sobre el manejo de datos personales si la persona acudió antes a la Agencia sin obtener protección, o si el caso es tan relevante que exige su intervención inmediata. Si lo que le niegan es información pública, en cambio, cabe el recurso de amparo, tratado en la publicación sobre el amparo y el hábeas corpus.
Recomendaciones prácticas
- Antes de dar datos a una institución, pregunte para qué los usará. Debe informarle quién podrá consultarlos y qué pasa si usted se niega a darlos. No está obligado a dar datos sensibles, pero si el trámite los exige y no los da, quizá no se lo aprueben.
- Para ver sus propios datos, dígalo así en su escrito y conserve una copia con la fecha de recibido: desde ese día corren los cinco días hábiles.
- Si un documento menciona a otras personas, pida la versión con lo protegido tachado. Si se lo niegan completo, deben decirle por qué.
- Si no le dejan ver o corregir sus datos, o los entregaron sin base legal, acuda a la Prodhab con su solicitud y la respuesta, o la prueba de que no le respondieron.
¿Necesita ayuda?
Si una institución entregó sus datos a quien no debía, o le niega información alegando datos personales sin justificación, en Murillo y Guzmán podemos revisar su caso y decirle qué vía conviene seguir. Agende una consulta.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.
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