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El juez ordenó capturar el vehículo, pero nadie lo detiene: nuestra propuesta de ley
Nuestra propuesta de ley busca que se cumplan las órdenes judiciales de captura de vehículos, con un registro público por placa y agentes habilitados.
Una persona ganó un proceso de cobro y el juzgado ordenó la captura del vehículo dado en prenda. Una madre tiene una pensión alimentaria atrasada y el juez dispuso aprehender el carro del deudor. En los dos casos el oficio llegó a la Policía de Tránsito, pero pasan los meses y el vehículo sigue circulando. En Murillo y Guzmán redactamos una propuesta de ley con un sistema distinto para que esas órdenes se cumplan, y pensamos proponerla a la Asamblea Legislativa. Todavía no es un proyecto en trámite ni una ley vigente: aquí explicamos qué problema busca resolver y qué propone.
¿Qué problema busca resolver?
Hoy el juzgado libra un oficio en papel que la parte interesada debe llevar a la Dirección General de la Policía de Tránsito. Allí se acumula con miles de órdenes que una policía dedicada a la seguridad vial, sin personal, grúas ni depósitos suficientes, no logra ejecutar. Solo una fracción se cumple, casi siempre por azar, cuando el vehículo cae en un control de rutina.
La propuesta señala que ninguna ley regula cómo se localiza, se detiene y se traslada un vehículo con orden judicial. La Ley de Tránsito permite retirar vehículos de circulación, pero por causas de tránsito; ninguna de las once que enumera es una orden judicial. Para el texto, eso vacía el derecho a una justicia pronta y cumplida, encarece el crédito y deja sin salida a los acreedores pequeños y a quienes esperan una pensión alimentaria. Agrega un riesgo vial: el vehículo escondido suele circular sin revisión técnica, sin seguro obligatorio y sin marchamo.
¿Qué propone?
El proyecto se apoya en tres medidas.
- Un registro público de órdenes. Se crearía el Registro Nacional de Órdenes de Aprehensión Vehicular, dentro del Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional. El juzgado inscribiría la orden de forma electrónica al quedar firme, y cualquiera podría consultarla gratis por número de placa o de chasis. Mostraría solo datos del vehículo y de la orden: se prohibiría incluir el nombre, la cédula o el monto de la deuda, consultar por persona o usar la información para evaluar créditos. Quien compra un carro usado sabría si pesa una orden sobre él.
- Agentes de aprehensión habilitados. Empresas acreditadas por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), con garantía financiera, grúa y depósito, ejecutarían la orden por encargo del juzgado. Solo podrían actuar en la vía pública y en parqueos abiertos al público, nunca en casas, cocheras, patios o fincas. El vehículo iría a un depósito a la orden del juez, nunca al acreedor.
- Puntos de control. Los centros de revisión técnica tendrían que consultar el registro al recibir cada vehículo y avisar a las autoridades; el vehículo podría quedar ahí un máximo de tres horas, pero las personas se irían libremente. Además, mientras la orden esté vigente no se emitiría el comprobante del marchamo, aunque los impuestos y el seguro sí podrían pagarse.
¿Qué garantías tendría el dueño del vehículo?
El texto prohíbe a los agentes portar armas, usar violencia o retener a alguien, y les obliga a suspender la diligencia ante cualquier oposición. Toda la actuación debería grabarse en video; sin la grabación, la diligencia sería nula. No procedería la captura con personas adentro, con un paciente que requiera atención médica o si es el único vehículo adaptado de una persona con discapacidad, entre otros casos.
El dueño sería notificado dentro de las veinticuatro horas y podría oponerse en tres días hábiles. Si paga, llega a un arreglo o da una garantía, el vehículo se le devolvería en veinticuatro horas. Si la captura fue indebida, recibiría una indemnización de un salario base por cada día sin su vehículo. Las tarifas tendrían un tope fijado por decreto. Y el proyecto no castiga al deudor por deber: los delitos que crea se dirigen al agente que abusa.
¿En qué etapa está?
El texto está completo y el despacho piensa proponerlo a la Asamblea Legislativa. Todavía no se ha presentado, así que no tiene número de expediente. Reformaría la Ley de Tránsito, el Código Procesal Civil y la Ley de Garantías Mobiliarias, y, por tocar el funcionamiento del Poder Judicial, debería consultarse a la Corte Suprema de Justicia. Mientras no se apruebe, nada de esto se aplica y su contenido puede cambiar.
Recomendaciones prácticas
- Hoy la orden se sigue ejecutando por medio de la Policía de Tránsito. Si es acreedor, dé seguimiento al oficio.
- Antes de comprar un vehículo usado, pida un estudio registral. Revise gravámenes y anotaciones; el registro de órdenes propuesto todavía no existe.
- Si sobre su vehículo pesa una orden, busque un arreglo dentro del proceso. Esconder el bien no detiene la deuda.
- Siga esta propuesta. Informaremos en este espacio cuando se presente a la Asamblea Legislativa.
¿Necesita ayuda?
Las órdenes de captura aparecen en cobros, ejecuciones prendarias y pensiones alimentarias, y cada una tiene su trámite. En Murillo y Guzmán podemos revisar su expediente y explicarle qué opciones tiene hoy. Agende una consulta.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.
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