¿Se puede resolver un caso penal reparando el daño, sin llegar a juicio?
La Ley de Justicia Restaurativa permite que víctima y persona acusada acuerden cómo reparar el daño. Cuándo procede, cómo funciona y qué pasa si no se cumple.
Un muchacho, en una discusión de tránsito, le quiebra el retrovisor a otro conductor y le deja un golpe en la puerta. Días después recibe la noticia de que hay una causa penal en su contra. Está arrepentido y quiere pagar el daño, pero no sabe si eso sirve de algo una vez que el caso ya está en la Fiscalía. La víctima, por su parte, no busca que lo encarcelen: quiere que le reparen el carro y una disculpa. Para situaciones así existe la justicia restaurativa, regulada en la Ley de Justicia Restaurativa.
¿Qué es la justicia restaurativa?
Es una forma de resolver el conflicto que nace de un delito con la participación activa de la víctima y de la persona ofensora. Su objetivo es reparar el daño a la víctima, facilitar la reinserción de quien lo causó y promover la paz social.
El centro del procedimiento es la reunión restaurativa: un diálogo estructurado, organizado en círculo y guiado por una persona juzgadora, en el que la víctima, el ofensor, sus personas de apoyo y la comunidad hablan sobre el daño causado y construyen juntos una solución. De ahí sale el plan reparador, que puede consistir en un pago, la entrega de un bien, hacer o dejar de hacer algo, servicio a la comunidad, rehabilitación, programas socioeducativos o cualquier otra forma de reparación que pida la víctima.
¿En qué casos se aplica?
Puede solicitarlo el Ministerio Público, la defensa, el juez, la policía, la víctima o la propia persona ofensora, y solo se usa una vez. Procede en distintas etapas del proceso, por ejemplo:
- Antes del juicio, cuando el caso admite la conciliación, la reparación integral del daño o la suspensión del proceso a prueba, que son salidas que permiten terminar el proceso sin sentencia.
- En el procedimiento abreviado o en el juicio, para definir la pena cuando cabe la ejecución condicional, es decir, cuando la condena no supera los tres años de prisión y puede dejarse en suspenso, o una pena que no sea de prisión.
- En las contravenciones, que son las infracciones penales menores.
La ley excluye expresamente los delitos sexuales, los de violencia contra las mujeres (salvo ciertos delitos patrimoniales sin violencia contra las personas), los originados en violencia doméstica, las infracciones a la ley de drogas (con una excepción puntual), el crimen organizado y la trata de personas.
¿Qué se necesita para entrar?
Primero, que la persona imputada ya haya rendido su declaración ante el Ministerio Público y que exista prueba suficiente que la vincule con los hechos. Luego, que el ofensor reconozca el daño y esté dispuesto a repararlo, que tanto él como la víctima firmen un consentimiento informado y que el equipo psicosocial del Poder Judicial emita un criterio favorable.
Ese equipo puede recomendar que no se siga si detecta un desequilibrio de poder entre las partes, un riesgo para la víctima, o si el ofensor no reconoce el daño o la víctima no quiere participar. Si hay varias víctimas y no todas aceptan, el caso vuelve a la vía ordinaria.
¿Cómo funciona y qué pasa después?
La ley fija plazos cortos: entre el ingreso del caso a la oficina de justicia restaurativa y la reunión no puede pasar más de un mes, o diez días si el caso se tramita por flagrancia. Si hay acuerdo, el juez lo revisa de inmediato en una audiencia y, si cumple con la ley, lo aprueba con efectos obligatorios. Si el acuerdo no queda sujeto a un plazo, se dicta ahí mismo el sobreseimiento definitivo, que cierra el caso; si tiene plazo, se fijan audiencias de seguimiento.
Dos garantías son importantes. La participación es voluntaria y cualquiera puede retirarse antes de que el juez apruebe los acuerdos. Y lo que se diga en la reunión es confidencial: no puede usarse en el proceso ordinario ni considerarse una confesión. Si el ofensor incumple sin justificación, se revoca la medida y el caso vuelve a la vía ordinaria.
Recomendaciones prácticas
- Pregunte por esta opción desde el inicio. La víctima tiene derecho a que le informen de ella y el imputado puede pedirla por medio de su defensa.
- Proponga solo lo que pueda cumplir. El plan reparador debe tomar en cuenta las condiciones económicas y personales del ofensor, y un incumplimiento devuelve el caso al proceso ordinario.
- Tenga presente el registro. Las salidas alternas quedan anotadas en el Registro Judicial por cinco años.
- Vaya acompañado. Ambas partes pueden llevar una persona de apoyo y contar con asesoría legal.
¿Necesita ayuda?
Que un caso sea apto para la justicia restaurativa depende del delito, de la etapa del proceso y de la situación de cada parte. En Murillo y Guzmán podemos valorar si esta vía conviene en su caso, ya sea como víctima o como persona imputada, y acompañarlo en cada paso. Agende una consulta.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.
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