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Adulto mayor y discapacidadFamilia

Mi familiar tiene una discapacidad: ¿qué es la salvaguardia?

La salvaguardia reemplazó a la antigua insania: qué es, quién puede pedirla, qué puede y qué no puede hacer el garante, y cómo se protege al adulto mayor.

Don Rafael tiene un hijo de treinta años con una discapacidad intelectual. Él recibe una pensión y heredó un lote de su madre, y don Rafael se pregunta cómo protegerlo de abusos sin quitarle sus derechos. Hace unos años, la respuesta habitual era un proceso de “insania”, que dejaba a la persona en estado de interdicción, es decir, sin poder actuar por sí misma, con un curador a cargo. Esa figura desapareció con la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, de 2016. Hoy existe la salvaguardia para la igualdad jurídica, que funciona con otra lógica.

¿Qué cambió con la ley de 2016?

El punto de partida es que toda persona con discapacidad goza de igualdad jurídica: se le reconoce su capacidad para ser titular de derechos y para ejercerlos, y no pierde la patria potestad de sus hijos solo por su discapacidad. Así lo exige también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La salvaguardia no quita derechos: es un apoyo. Está pensada para personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial, y su fin es que ejerzan sus derechos de forma segura, respetando su voluntad y sus preferencias, sin conflictos de intereses ni influencias indebidas. Debe ser proporcional y adaptada a cada persona. Quien la ejerce, nombrado por un juez, se llama garante para la igualdad jurídica.

Los curadores que existían pasaron a ser garantes, sujetos a revisión judicial, y las personas declaradas en interdicción debían volver al padrón electoral y tener sus bienes inscritos a su nombre.

¿Quién la pide y cómo se tramita?

El trámite está hoy en el Código Procesal de Familia. Puede pedirla, ante todo, la propia persona. Solo de forma excepcional, si una limitación le impide hacerlo, pueden pedirla sus familiares y, a falta de ellos, la institución u organización que le brinda servicios. La solicitud puede ser verbal o escrita, y si la presenta personalmente el interesado no necesita la firma de un abogado.

Debe acompañarse un dictamen médico de la Caja Costarricense de Seguro Social o del especialista tratante, y una descripción de los bienes de la persona. El juez nombra un curador procesal que la apoya durante el juicio sin reemplazarla, pide un dictamen a Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial y un informe de trabajo social, y se entrevista con ella. Si la persona tiene bienes, puede nombrarse un apoyo provisional mientras dura el proceso.

El juez decide si la persona necesita la salvaguardia y en qué medida, y nombra al garante, valorando primero a quien ella escogió. La decisión se anota en el Registro sobre los bienes de la persona y puede revisarse en cualquier momento; además, el juzgado debe revisarla cada cinco años.

¿Qué puede y qué no puede hacer el garante?

El garante asiste a la persona en sus decisiones legales, financieras y patrimoniales, en la medida que ella lo necesite, y la apoya en la protección de todos sus derechos, incluido el de casarse y formar una familia.

En cambio, no puede decidir sin tomar en cuenta la voluntad de la persona, ni presionarla o influir indebidamente en sus decisiones. Tampoco puede dar el consentimiento informado en su lugar, por ejemplo, para un tratamiento médico.

¿Y si el abuso viene de la propia familia?

Para las personas adultas mayores, que la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor define como las de sesenta y cinco años o más, hay protecciones adicionales frente al abuso patrimonial:

  • Cualquier persona que conozca el abuso puede pedir las medidas de protección de la Ley contra la Violencia Doméstica.
  • El juzgado de familia puede ordenar a quien administra el dinero o la pensión de una persona adulta mayor que demuestre con documentos en qué lo usó.
  • Inducir a una persona adulta mayor a disponer de sus bienes en su perjuicio, abusando de una posición de poder o de su vulnerabilidad, se castiga con uno a dos años de prisión, y el traspaso puede anularse.

Recomendaciones prácticas

  1. Escuche primero a la persona. El juez dará prioridad a quien ella escoja como garante.
  2. Reúna los documentos. El dictamen médico y la lista de bienes son requisitos de la solicitud.
  3. Revise los casos antiguos. Si un familiar tiene un curador nombrado antes de 2016, confirme que su situación se ajustó a la ley actual.
  4. Lleve cuentas claras. Si administra el dinero de un familiar adulto mayor, guarde comprobantes: el juzgado puede pedirle que demuestre cada gasto.

¿Necesita ayuda?

En Murillo y Guzmán podemos orientarle sobre si conviene una salvaguardia, preparar la solicitud y acompañarle en el proceso, o actuar si sospecha un abuso patrimonial. Agende una consulta.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Si desea analizar su situación, agende una consulta.

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