Reglamento a la Ley Marco de Acceso a la Información Pública
Decreto Ejecutivo 45993-MP del 26 de octubre de 2026
- Versión vigente
- 26 de octubre de 2026 (versión 1 de 1)
- Rige desde
- 13 de noviembre de 2026
- Publicación
- La Gaceta n.º 216, 13/11/2026, alcance 151
- Artículos
- 41
Índice de la norma
- Capítulo II. Competencia institucional
- Capítulo III
- Capítulo IV. Procedimiento sobre el acceso a la información pública
- Capítulo V. Transparencia activa
- Capítulo VI. Protección del derecho de acceso
- Capítulo VII. De las sanciones y faltas
- Capítulo VIII. Derogatorias, transitorios y disposiciones finales
N.º 45993-MP
LA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Con fundamento en las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 9, 11, 24, 27, 30, 33, 140 incisos 3) y 18) y artículo 146 de la Constitución Política de la República de Costa Rica; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 11, 13, 25 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 02 de mayo de 1978; artículos 1 y 2 de la Ley Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales N° 8968 del 7 de julio de 2011; Ley de Regulación del Derecho de Petición, N° 9097 del 26 de octubre de 2012; Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220 del 04 de marzo de 2002; Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MPMEIC del 22 de febrero de 2012; Ley Marco de Acceso a la Información Pública, N° 10554 del 23 de octubre de 2024.
CONSIDERANDO
I.— Que la Constitución Política de la República de Costa Rica reconoce, en sus artículos 11, 27 y 30, el principio de legalidad y el derecho fundamental de acceso a la información pública, los cuales imponen a la Administración Pública el deber de actuar con transparencia, rendición de cuentas y sujeción plena al ordenamiento jurídico, garantizando a la ciudadanía el acceso efectivo a la información de interés público.
II.— Que la Ley N° 10554, denominada “Ley Marco de Acceso a la Información Pública”, del 23 de octubre de 2024, en adelante “Ley N° 10554”, establece un marco normativo general que reconoce el derecho de acceso a la información pública, define principios rectores y determina los sujetos obligados, por lo que resulta necesario desarrollar, mediante reglamento, las disposiciones necesarias para garantizar su aplicación clara, uniforme y coherente en la gestión administrativa.
III.— Que la citada ley dispone obligaciones concretas para los sujetos obligados, así como derechos y garantías para las personas solicitantes de información, cuya correcta ejecución requiere la regulación detallada de procedimientos, plazos, instancias competentes, mecanismos de coordinación institucional y criterios operativos que permitan hacer efectivo el ejercicio del derecho reconocido.
IV.— Que el artículo 1 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley N.° 8968, tiene como finalidad garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas en cuanto al tratamiento de su información personal, reconociendo su facultad de autodeterminación respecto de sus datos y resguardando su privacidad, libertad, igualdad y demás derechos de la personalidad.
V.— Que la Ley Nº 9943, denominada “Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital”, 11 de mayo de 2021, en su artículo 1, creó la Agencia Nacional de Gobierno Digital (ANGD), dotándola de competencias en interoperabilidad, transformación digital, estandarización tecnológica y fortalecimiento de plataformas estatales, siendo estas funciones indispensables para implementar mecanismos modernos y eficientes de acceso a la información.
VI.—Que el Decreto Ejecutivo Nº 43525-MP-H-MICITT-MIDEPLAN-MJP-MC, denominado: “Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y Creación de la Comisión Nacional para un Estado Abierto”, del 26 de abril de 2022, establece directrices en materia de gobernanza digital, ciberseguridad y estandarización, lo cual resulta esencial para el diseño y mantenimiento de portales de transparencia robustos, confiables y accesibles.
VII.—Que el Decreto Ejecutivo Nº 44636-MICITT, denominado “Reglamento a la Ley Nº 9943 Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital”, se realizó para fortalecer la integridad institucional y la gestión de datos públicos, por lo que es necesario integrar sus lineamientos en la regulación del acceso, custodia y divulgación de la información.
VIII.—Que el Decreto Ejecutivo N° 40199-MP, denominado “Apertura de Datos Públicos”, del 27 de abril de 2017, dispone normas para la eficiencia administrativa y la coordinación institucional, lo cual resulta indispensable para garantizar un sistema coherente y unificado de acceso a la información pública.
IX.-Que la Ley N° 9097, denominado “Ley de Regulación del Derecho de Petición”, del 26 de octubre de 2012, establece que toda persona ciudadana independientemente de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, ya sea en términos individuales o colectivamente, sin que su ejercicio pueda derivar en un perjuicio o sanción para quién solicita la información. Se indica en esta ley, que el derecho de petición puede desarrollarse ante cualquier institución de la Administración Pública según su materia de competencia y ante sujetos de derecho privado que ejerciten alguna actividad de interés público, administren y/o manejen fondos públicos.
X.— Que, dada la Ley N° 10554 y con la finalidad de asegurar el cumplimiento efectivo de los principios de transparencia, facilitación, oportunidad, rendición de cuentas y responsabilidad establecidos en la citada ley, resulta indispensable emitir su reglamento, con el propósito de precisar los alcances técnicos y administrativos necesarios para su implementación práctica, evitando vacíos normativos y fortaleciendo la aplicación uniforme de la ley por parte de todos los sujetos obligados.
XI. Que, en fecha 23 de octubre de 2026, el Ministerio de la Presidencia sostuvo una reunión de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Despacho de la Presidencia, con el propósito de acordar la incorporación del artículo 34 relativo al Portal Nacional de Datos Abiertos. Como resultado de dicha reunión, se acordó que MIDEPLAN asumiría el liderazgo y la gestión de la publicación de los datos abiertos en dicho Portal, con la coordinación y el apoyo del MICITT en lo concerniente a la infraestructura tecnológica.
XII. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley N° 6227, “Ley General de la Administración Pública”, el 2 de octubre de 2026, se sometió a información pública el presente proyecto de reglamento mediante su publicación en el sitio web oficial de la Presidencia de la República, por el plazo de diez días hábiles.
XIII.— Que de conformidad con el artículo 12 bis del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MPMEIC del 22 de febrero de 2012, se procedió a tramitar el Formulario de Evaluación Costo Beneficio en la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, siendo que el mismo dio resultado negativo.
POR TANTO,
DECRETAN:
REGLAMENTO A LA LEY N° 10554 “LEY MARCO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA”.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto del reglamento. El presente reglamento tiene por objeto regular las disposiciones, procedimientos, mecanismos y responsabilidades necesarias para la aplicación y garantía del derecho de acceso a la información pública y las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, conforme a lo dispuesto en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, Ley N° 10554, en adelante LMAIP.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación para la Administración Pública, de conformidad con lo que dispone el artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, y el artículo 5 de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, Ley N° 10554.
Los sujetos de derecho privado que, en razón de sus funciones, actividades, vínculos contractuales, concesiones, autorizaciones, subsidios, transferencias de recursos públicos o cualquier otra forma de relación jurídica con el Estado, detenten, administren, produzcan, reciban o resguarden información de interés público, estarán sujetos a las disposiciones establecidas en este reglamento, en cuanto a las obligaciones de transparencia, acceso, veracidad, actualización, custodia y entrega de dicha información, sin perjuicio de los límites y excepciones legalmente establecidos.
Artículo 3.- Acrónimos.
A. LGAP: Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 de 2 de mayo de 1978.
B. LMAIP: Ley Marco de Acceso a la Información Pública, Ley N° 10554 del 23 de octubre de 2024.
C. LPPFTDP: Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, N° 8968 del 07 de julio de 2011.
D. LRDP: Ley de Regulación del Derecho de Petición, N° 9097 del 26 de octubre de 2012.
Artículo 4.- Definiciones. Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:
A. Acceso a la información pública: Derecho de toda persona física o jurídica a solicitar y obtener información pública en poder de los sujetos obligados, sin necesidad de justificar interés alguno, conforme a la Ley Marco de Acceso a la Información Pública.
B. Datos abiertos: Datos públicos puestos a disposición en formatos digitales accesibles, reutilizables e interoperables, que permiten su libre uso y redistribución, sin restricciones técnicas o legales indebidas.
C. Derecho de petición: Derecho de toda persona a formular solicitudes respetuosas ante los sujetos obligados conforme a la materia de su competencia, con la finalidad de obtener una respuesta oportuna, expresa y fundamentada.
D. Duda, error u omisión menor: Son irregularidades leves, corregibles y sin impacto en la validez del documento.
E. Información confidencial: Información protegida por ley cuya divulgación puede afectar derechos fundamentales, datos personales, secretos comerciales, profesionales o industriales, y cuyo acceso se encuentra restringido de manera permanente, salvo habilitación legal o consentimiento del titular.
F. Información pública: Toda información que obre en poder de los sujetos obligados, producida o adquirida en el ejercicio de funciones públicas o con ocasión del uso de recursos públicos, cualquiera sea su formato, y que se presume de libre acceso, salvo disposición legal en contrario.
G. Información de acceso restringido: Aquella información pública cuyo acceso ha sido limitado temporalmente, mediante acto debidamente motivado, cuando su divulgación pueda afectar intereses públicos protegidos por el ordenamiento jurídico, mientras subsistan las causas que justifican dicha limitación.
H. Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información de los sujetos obligados para intercambiar y utilizar datos de forma coordinada, segura y eficiente, con el fin de facilitar el acceso a la información pública y que permita una adecuada toma de decisiones.
I. Jerarca Institucional: Máxima autoridad, unipersonal o colegiada, de un órgano o ente público, responsable de dirigir y administrar la institución, velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública y el presente reglamento, y garantizar la adopción de las medidas necesarias para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública y la transparencia institucional.
J. Legitimación: Condición jurídica que habilita a una persona para ejercer el derecho de acceso a la información pública o el derecho de petición, sin necesidad de acreditar interés legítimo, directo o especial.
K. Principio de legalidad: Principio conforme el cual toda actuación administrativa en materia de acceso a la información pública debe estar expresamente autorizada por el ordenamiento jurídico y debidamente motivada.
L. Persona solicitante: La persona física o jurídica que ejerce el derecho de petición o el derecho de acceso a la información pública, en los términos establecidos por la Ley Marco de Acceso a la Información Pública y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.
M. Sujeto obligado: Toda entidad pública o privada comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública.
N. Transparencia activa: Obligación de los sujetos obligados de divulgar de oficio y de manera proactiva y actualizada la información pública de interés general, sin necesidad de solicitud previa, conforme a lo establecido en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública.
O. Transparencia pasiva: Deber de los sujetos obligados de atender y responder las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por las personas, dentro de los plazos y condiciones establecidos en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública.
Capítulo IICOMPETENCIA INSTITUCIONAL
Artículo 5.- Jerarca institucional. El jerarca institucional, en coordinación con la oficina o equipo competente designado para tal efecto, será responsable de:
a) Velar por el cumplimiento y garantía del derecho de acceso a la información pública y a transparentar la información que sea de interés público que se encuentre en dominio de su institución o entidad.
b) Establecer y oficializar un sistema o mecanismo institucional para la atención de solicitudes de información de interés público. Dicho mecanismo debe contar con un procedimiento formalizado y darle publicidad al uso del mecanismo de solicitud de información pública a toda la población en general, así como los funcionarios de la institución.
c) Emitir directrices internas para regular, gestionar y atender las solicitudes de información pública, así como asignar los recursos necesarios para garantizar el acceso a la información pública de acuerdo a la dinámica y realidad institucional.
d) Velar por que se cumpla la transparencia administrativa a fin garantizar la auditoría social.
e) Resolver, cuando corresponda, las quejas o denuncias administrativas interpuestas contra decisiones en materia de acceso a la información pública.
f) Promover entre las personas funcionarias institucionales la adopción y observancia de estándares y lineamientos orientados a fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
g) Gestionar y coordinar procesos de formación y capacitación para los funcionarios institucionales en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.
Las Contralorías de Servicios tendrán la competencia para atender las quejas relacionadas con la falta de atención de las solicitudes de información pública presentadas ante instancias internas de la institución.
Artículo 6.- Rol de las Unidades Organizacionales. Una vez que la persona solicitante solicite alguna información de carácter público a un sujeto obligado mediante el mecanismo institucional instaurado formalmente para tal efecto, esta se deberá dirigir oportunamente a la unidad organizacional que tenga la competencia para atenderla.
Por lo tanto, la unidad organizacional deberá:
a) Elaborar, consolidar y facilitar oportunamente la información que se requiera, siempre y cuando esta no contenga datos sensibles.
b) Mantener actualizada, organizada y custodiada la información bajo su responsabilidad, tanto en formato físico como digital.
c) En caso de que la solicitud remitida no sea de competencia de la unidad organizacional que recibe primeramente la solicitud, debe primar el principio de coordinación y redirigir la solicitud a la unidad organizacional que corresponda, cuando sea materia de competencia de la institución.
d) Colaborar activamente con el cumplimiento de los plazos y remisión de información solicitada de acuerdo a lo indicado en el artículo 17 del presente reglamento.
Artículo 7.- Persona solicitante. Toda persona física o jurídica que solicita información pública a una institución se constituye como la persona solicitante, en el tanto es quién ejerce el derecho de petición y de acceso a la información pública ante la Administración Pública.
Artículo 8.- Principio de coordinación institucional. En aras de garantizar la gestión administrativa ágil, efectiva y sin barreras para el acceso oportuno de la información pública requerida por la persona solicitante, es que cada institución pública y las unidades organizacionales que la conforman, según el alcance de la información solicitada, debe redirigir la consulta de solicitud de información a la entidad o unidad organizacional correspondiente, cuando la información solicitada no sea de su competencia atenderla o resolverla.
Esto debe primar cuando la persona solicitante al realizar una solicitud de información no la esté dirigiendo al ente competente, por lo que el sujeto obligado está en el deber de redirigir la consulta y explicarle a la persona solicitante el porqué del cambio en el destinatario de lo solicitado, en el tanto debe primar la celeridad de la respuesta y la eficiencia estatal como unidad integral.
Queda terminantemente prohibido devolver la petición del solicitante cuando se encuentre presentada ante una institución que no sea competente para que el interesado la presente en otra instancia, teniendo que actuar de conformidad con lo expuesto en el presente artículo.
Artículo 9. Mejora continua. Los jerarcas institucionales deberán establecer mecanismos, procedimientos internos de coordinación, capacitación, evaluación periódica y de interoperabilidad, con el fin de fortalecer la gestión de la información pública, mejorar la calidad y plazos de las respuestas, así como asegurar la aplicación uniforme de la LMAIP, respetando el principio de transparencia de conformidad con el artículo 1° del presente Reglamento.
Capítulo III
ELEMENTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Artículo 10.- Del derecho de acceso a la información que ostentan las personas solicitantes. Toda persona, sin discriminación alguna, tiene el derecho fundamental de solicitar, acceder y obtener información pública que se encuentre en poder, custodia o control de los órganos y entes de la Administración Pública.
Este derecho sólo podrá ser limitado mediante disposición expresa de ley especial, en Constitución Política de la República de Costa Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y en otras disposiciones de rango legal aplicables, cuando concurra causal legítima de confidencialidad y secreto de Estado, de conformidad con el artículo 6 de la LMAIP.
Artículo 11.- Sujetos obligados. Son sujetos obligados de garantizar el derecho de acceso a la información pública todas las instituciones que integran la Administración Pública costarricense, incluyendo los poderes del Estado, entes descentralizados, instituciones autónomas y semiautónomas, municipalidades y cualquier otra entidad pública o privada que administre, gestione o disponga de recursos públicos o ejerza funciones administrativas, conforme lo dispuesto en el numeral 5 de la LMAIP.
Los sujetos obligados serán responsables de garantizar y facilitar a las personas solicitantes el acceso a la información pública de manera sencilla, clara y accesible. Para ello, deberán observar los requerimientos y disposiciones contenidos en los numerales 12, 13, 18 y 37 del presente reglamento, así como disponer de procedimientos para la recepción, registro, tramitación, seguimiento y respuesta de las solicitudes de acceso a la información; y la designación de las personas funcionarias responsables de coordinar y atender las gestiones relacionadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Complementariamente, los sujetos obligados deben promover la transparencia proactiva por los diferentes canales institucionales como medida anticipatoria a la solicitud que realice cualquier usuario de la información pública.
Artículo 12.- Disponibilidad, acceso y publicidad de la información pública. La información pública deberá estar disponible y accesible al público en los términos que se indican a continuación:
a) Información de interés público permanente:
Los actos administrativos, resoluciones, directrices, reglamentos, circulares y documentos relacionados con las funciones, competencias y responsabilidades de las instituciones públicas.
Esta información deberá mantenerse a disposición permanente de la ciudadanía, preferiblemente mediante los sitios web oficiales y en las oficinas de atención al público, asegurando su actualización, integridad, disponibilidad y fácil acceso.
b) Divulgación de información disponible al público:
Cuando la información pública se encuentre disponible de manera permanente en fuentes públicas, tales como repositorios institucionales, archivos administrativos, publicaciones oficiales, bibliotecas, bases de datos electrónicas o plataformas digitales, la institución deberá comunicar y divulgar al público en general sobre la fuente, el medio y la forma de acceso correspondiente. En estos casos, se tendrá por cumplida la obligación de proporcionar y publicitar la información.
Capítulo IVPROCEDIMIENTO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 13.- Procedimiento de acceso a la información pública. La institución y por lo tanto su jerarca, deberá garantizar que el inicio del procedimiento instaurado para recibir solicitudes de acceso a la información pública y su gestión (tramitación) sea sencilla, accesible y libre de formalismos innecesarios.
Además, el jerarca institucional debe velar por el establecimiento de un mecanismo o sistema para la atención de solicitudes de información pública, el cual debe ser formalizado internamente mediante un proceso o procedimiento administrativo y comunicado al público en general. El tipo de mecanismo o sistema a establecer será determinado por la propia institución, de acuerdo con sus recursos y naturaleza de funcionamiento, con la finalidad de cumplir con lo indicado en la presente normativa.
Artículo 14.- Petición por parte del solicitante. El procedimiento de acceso a la información pública se iniciará a solicitud de la persona interesada, la cual podrá presentarse de forma verbal, escrita o electrónica, que permita dejar constancia de la gestión realizada ante cualquier institución de la Administración Pública o sujeto de derecho privado que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública.
Artículo 15.- Admisibilidad de la solicitud. La solicitud será admisible cuando contenga los requisitos mínimos establecidos en el artículo N° 23 del presente reglamento y un medio para recibir la información o notificaciones. No podrán exigirse requisitos adicionales distintos a los establecidos en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública o el presente reglamento.
Artículo 16.- Prevención para subsanar o aclarar la solicitud. Cuando la información contenida en la solicitud resulte imprecisa, insuficiente o no permita identificar razonablemente la información pública requerida, la dependencia competente deberá prevenir, por una única vez, a la persona solicitante para que aclare o subsane la gestión de lo solicitado.
La prevención deberá emitirse dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud y formularse en términos claros, precisos y comprensibles, indicando expresamente los aspectos que requieren aclaración o subsanación, así como la orientación necesaria para que la persona solicitante pueda atender el requerimiento de manera adecuada.
La persona solicitante dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a la notificación de la prevención, para presentar la aclaración o subsanación correspondiente. El plazo para atender la solicitud comenzará a regir a partir del momento en que la persona funcionaria encargada tenga por cumplida la prevención.
Si la persona solicitante no atiende la prevención dentro del plazo legal, podrá disponerse, mediante acto motivado, el archivo de la gestión por imposibilidad de identificar la información requerida, de conformidad con el artículo N° 264 de la LGAP. Lo anterior no impedirá la presentación posterior de una nueva solicitud.
En ningún caso podrá rechazarse, archivarse o tenerse por desistida una solicitud por defectos formales que no hayan sido previamente prevenidos, ni exigirse requisitos, formalidades o aclaraciones que resulten innecesarios, desproporcionados o contrarios a los principios de facilitación, informalidad, celeridad, máxima publicidad y acceso efectivo a la información pública.
Artículo 17.- Plazo para resolver. La solicitud de acceso a la información pública deberá resolverse dentro del plazo legal establecido de diez días hábiles. Si debido a la complejidad de lo requerido, la autoridad pública necesita un plazo mayor para atender la gestión, deberá informar al solicitante, en el plazo inicial de los diez días hábiles, con la debida justificación e indicando de cuánto será la ampliación, que deberá ser razonable, proporcional y no podrá exceder de forma excepcional el plazo de un mes.
Artículo 18.- Entrega de la información. La información pública solicitada deberá entregarse de forma completa, clara y en el medio indicado por la persona solicitante, siempre que ello sea posible, garantizando su accesibilidad y comprensión, conforme a los principios de máxima publicidad y eficiencia administrativa.
Cuando, después de realizar una búsqueda razonable y documentada, se determine que la información no existe o no se encuentra bajo custodia del sujeto obligado, deberá comunicarse mediante respuesta motivada, indicando las unidades consultadas y, cuando se conozca, la institución que eventualmente podría poseerla, debiendo aplicar lo establecido en el artículo 8 del presente reglamento.
Artículo 19.- Denegación de la información. La denegación total o parcial del acceso a la información sólo procederá cuando concurra una causal de confidencialidad expresamente establecida por ley.
Toda denegatoria de acceso a la información deberá ser notificada por el sujeto obligado mediante acto debidamente motivado, dentro del plazo de diez días hábiles previsto en el numeral 10 de la LMAIP para la atención y entrega de información pública.
Artículo 20.-Derecho de oposición o impugnación. Los actos que denieguen total o parcialmente el acceso podrán ser impugnados en el plazo de diez días hábiles, mediante los recursos administrativos que resulten procedentes conforme a la Ley General de la Administración Pública y a la normativa orgánica del respectivo sujeto obligado, sin perjuicio del recurso de amparo y de las demás acciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Dicho acto de denegación deberá indicar los recursos procedentes, la autoridad ante la cual deben interponerse y el plazo correspondiente.
Artículo 21. Resolución de la impugnación. Le corresponderá al jerarca institucional analizar la impugnación presentada por la persona solicitante y tomar la decisión final respecto al acceso de la información planteada dentro de los plazos establecidos en la LGAP.
Si la impugnación se decide en favor de la persona solicitante -parcial o totalmente-, la información solicitada se le deberá suministrar inmediatamente con la resolución de la impugnación.
Artículo 22.-Notificación. Las actuaciones emitidas en el trámite de acceso a la información pública deberán ser notificadas a la persona solicitante por el medio señalado en la solicitud o por cualquier otro medio válido debidamente indicado.
La notificación deberá realizarse de forma oportuna y comprensible, garantizando que la persona interesada tenga conocimiento efectivo de lo resuelto y, cuando corresponda, de los recursos disponibles.
Artículo 23.- Contenido mínimo de la solicitud. La solicitud de acceso a la información pública deberá contener únicamente la siguiente información:
a) Nombre de la persona solicitante.
b) Número de identificación o documento equivalente, mismo que deberá estar vigente.
c) Descripción clara y suficiente de la información requerida.
d) Medio por el cual desea recibir la información, preferiblemente correo electrónico para que quede trazabilidad de la gestión y algún número de contacto en caso de requerir ampliar algún aspecto de la solicitud.
El sujeto obligado no podrá solicitar requisitos adicionales, ni documentación complementaria distinta a la señalada en el presente artículo.
Artículo 24.- Principio de informalidad y facilitación. En la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública deberá prevalecer el principio de informalidad, de manera que cualquier duda, error u omisión menor en la solicitud deberá ser subsanada con la colaboración del personal institucional, sin rechazarla de plano.
La institución procurará orientar a la persona solicitante para precisar o completar la información requerida, garantizando una atención diligente, eficiente y respetuosa de sus derechos. En caso de que la solicitud presentada no proceda ante la institución, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 8 del presente reglamento.
Artículo 25.- Medios para presentar la solicitud. La solicitud de información podrá presentarse mediante cualquiera de los siguientes medios, sin que exista preferencia entre ellos:
a) De forma presencial ante las oficinas institucionales.
b) Por escrito físico.
c) Por medios electrónicos, tales como correo electrónico, vía telefónica o plataformas digitales habilitadas por la institución para tal efecto.
La institución deberá asegurar que todos los canales disponibles sean accesibles y funcionales para la ciudadanía, atendiendo las necesidades de personas con algún tipo de discapacidad.
Además, la institución y por lo tanto el jerarca, deberá instaurar un procedimiento o lineamiento interno que asegure la adecuada gestión del uso de estos canales, la información contenida en ellos, personas que deban atenderlo, así como la redirección de las solicitudes a la unidad organizacional que corresponda.
Artículo 26.- Ausencia de motivación de la solicitud. La persona solicitante no estará obligada a indicar, justificar o explicar las razones por las cuales requiere la información pública. Cualquier exigencia de motivación será contraria a la LMAIP y al presente reglamento.
Artículo 27.- Registro y constancia de la solicitud. Toda solicitud de acceso a la información pública deberá ser registrada por las unidades organizacionales de cada institución, asignándole un mecanismo de seguimiento que permita verificar su recepción, tramitación y resolución. El jerarca institucional debe garantizar los recursos para el logro de esta indicación.
Estos registros deberán mantener la custodia adecuada, ya que con estos se procurará:
a) Garantizar seguridad jurídica para ambas partes.
b) Permitir el control de los plazos legales.
c) Facilitar la trazabilidad y seguimiento del trámite de solicitud.
d) Respaldar el derecho a reclamar o impugnar.
e) Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas
f) Dar cumplimiento a los principios de la función administrativa cubiertos por la LMAIP.
Cuando la solicitud sea presentada verbalmente, el funcionario o funcionaria que recibe la solicitud de información pública deberá dejar constancia escrita de la gestión realizada en los archivos que al efecto deberá llevar cada unidad organizacional, ya sean en formato digital o físico.
Asimismo, la oficina que reciba la solicitud de información de naturaleza pública deberá extender inmediatamente un comprobante de acuse de recibido, con indicación de la fecha de recibo de la solicitud, el nombre de quien la recibe y la descripción de la solicitud. Este comprobante deberá extenderse de forma escrita, física o electrónica, a través del medio indicado por la persona solicitante para recibir notificaciones.
En caso de que la persona funcionaria encargada de dejar constancia de las solicitudes presentadas, incumpla con dicho deber, procederá la aplicación de lo dispuesto en el numeral 38 del presente reglamento.
Capítulo VTRANSPARENCIA ACTIVA
Artículo 28.- Límites excepcionales al acceso a la información pública. El acceso a la información pública constituye la regla general. Su limitación únicamente procederá de manera excepcional cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en la Constitución Política, la normativa internacional aprobada por la Asamblea Legislativa o las leyes, conforme al artículo 6 de la LMAIP.
Entre dichos limites se encuentran, según corresponda, la protección de datos personales y sensibles, la información privada, los secretos de Estado, el secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, económico, bancario y fiduciario, así como las demás restricciones legítimamente establecidas por ley.
La aplicación de estas excepciones deberá realizarse de forma restrictiva, razonable, proporcional y debidamente motivada.
Artículo 29.- Criterios para la aplicación de confidencialidad. Los criterios para la debida aplicación de confidencialidad de la información deberán cumplir, con los siguientes razonamientos:
a) Tener fundamento expreso en una norma legal.
b) Estar debidamente motivada y justificada por la autoridad competente.
c) Limitarse únicamente a la información estrictamente necesaria.
d) Respetar el principio de temporalidad, cuando corresponda.
e) Demostrar que su divulgación causaría un perjuicio real, actual y sustancial al interés público protegido.
Los actos administrativos o declaratorias emitidos por la autoridad competente podrán concretar la aplicación de una causal constitucional o legal de reserva o confidencialidad, pero no podrán crear nuevas categorías de información restringida distintas de las autorizadas por el ordenamiento jurídico.
Artículo 30.- Deber de información parcial. Cuando una solicitud de acceso comprenda información que sea parcialmente pública, confidencial o contenga datos de tipo sensible la institución deberá suministrar la información pública disponible, suprimiendo o testando únicamente la parte legalmente protegida, e indicando de manera clara y comprensible las razones de la limitación aplicada.
Artículo 31.- Comunicación de la limitación al solicitante. En los casos en que se deniegue total o parcialmente el acceso a la información por razones de confidencialidad o que contenga datos de tipo sensibles, la institución deberá comunicarlo al solicitante de manera escrita, clara y motivada, indicando:
a) La normativa que sustenta la limitación.
b) El alcance de la información restringida.
c) Los recursos o mecanismos de impugnación disponibles para tal caso.
Artículo 32.- Prohibición de abuso de la clasificación. Queda terminantemente prohibido utilizar las causales de confidencialidad como mecanismo para ocultar información de interés público, limitar la rendición de cuentas, encubrir irregularidades o restringir el control ciudadano sobre la función pública.
Artículo 33.- Sección en páginas web institucionales sobre transparencia. Cada institución deberá de designar un espacio en su sitio web institucional destinado a promover la transparencia, mediante la publicación de información pública que se origina como parte de la práctica institucional correspondiente. Este espacio responde al principio de transparencia proactivo que debe ejercer la Administración Pública y debe mantenerse actualizada. Esta sección debe contener publicado como mínimo, lo siguiente:
a) Marco normativo que rige la gestión pública de la institución.
b) Estructura orgánica, competencias, obligaciones y servicios brindados.
c) Directorio institucional.
d) Descripción detallada de los servicios brindados al público y la forma como estos se realizan, así como la descripción clara y precisa de los trámites y requisitos que se pueden llevar a cabo ante la institución.
e) Mecanismos de presentación de solicitudes de información, peticiones, denuncias y sugerencias para el mejoramiento de la función de la institución, así como cualquier otro medio de participación ciudadana.
f) Horario de atención de la institución.
g) Listado de funcionarios institucionales.
h) Descripciones de las clases de puestos y sus requisitos.
i) Procesos para el reclutamiento y selección de personal.
j) Índice salarial vigente.
k) Planillas con el salario bruto de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas.
l) Mecanismos y resultados del proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios.
m) Plan anual operativo y planes estratégicos.
n) Planes y presupuestos institucionales, así como informes de ejecución y evaluación.
o) Toda la información de las etapas de los procesos de contratación administrativa de la institución.
p) Informes de ejecución presupuestaria.
q) Memorias anuales y otros informes de gestión.
r) Estadísticas sobre investigaciones internas e informes de la auditoría interna sobre la gestión institucional.
s) Actas y minutas de los órganos colegiados establecidos por ley, salvo expresa disposición legal.
t) Informes de viajes, gastos de representación, costos de viajes, pagos por concepto de viáticos de los funcionarios de la institución, entre otros.
u) Estadística de los subsidios, becas, donaciones, exoneraciones o cualquier otra transferencia o beneficio otorgado a personas particulares, sin perjuicio de lo determinado en la LPPFTDP.
v) Cualquier otra información que fomente la transparencia y el control en el ejercicio de la función pública, así como toda la información que por ley o en cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la información estén en la obligación de publicar y suministrar.
Artículo 34.- Portal Nacional de Datos Abiertos. Los datos abiertos generados por cada institución pública podrán ser publicados en el Portal Nacional de Datos Abiertos, cuya estrategia será liderada y gestionada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), con la coordinación y el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) en materia de infraestructura tecnológica.
Ambos Ministerios desarrollarán según sus competencias, lineamientos y mecanismos correspondientes para garantizar el uso efectivo del portal y los datos abiertos contenidos en la plataforma, garantizando el uso de formatos abiertos, estándares digitales y criterios de accesibilidad.
La información a publicarse en el Portal debe ser en formato abierto no propietarios (CSV, JSON, XML), con metadatos asociados y bajo licencias abiertas estándar, para lo cual podrá coordinar con otros actores públicos, privados, academia o sociedad civil para el fortalecimiento de la estrategia y el desarrollo de actividades para la promoción, uso y reuso de los datos contenidos.
Capítulo VIPROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 35.- Garantías referentes a la entrega de información. La institución garantizará el ejercicio pleno, efectivo y sin discriminación del derecho de acceso a la información pública, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, la LMAIP y los principios que rigen la función pública.
Para tales efectos, se reconocen como garantías mínimas del derecho de acceso a la información pública las siguientes:
a) Acceso universal y sin discriminación, asegurando que toda persona pueda ejercer este derecho en igualdad de condiciones, sin necesidad de acreditar interés legítimo ni justificar las razones de su solicitud.
b) Principio de máxima publicidad, asegurándose que cada institución proporcione información de manera oficiosa y actualizada, por lo que debe establecer estrategias de divulgación de la información de carácter público que esté bajo su competencia.
c) Gratuidad del acceso, sin perjuicio de los costos estrictamente necesarios por reproducción, cuando proceda.
d) Entrega oportuna y completa de la información, dentro de los diez días hábiles establecidos en el artículo 10 de la LMAIP, en la forma y por el medio indicado por la persona solicitante, siempre que sea posible.
El incumplimiento de estas garantías podrá generar responsabilidades administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 199 y N° 201 de la LGAP.
Artículo 36.- Deber de trato igualitario. Las solicitudes de acceso a la información pública deberán ser tramitadas en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón alguna, garantizando el mismo trato a todas las personas solicitantes, independientemente del medio utilizado o del contenido de la solicitud.
Artículo 37.- Garantía de atención y entrega de información a personas con discapacidad auditiva o visual.
La institución garantizará el acceso efectivo, oportuno y en condiciones de igualdad a la información pública a las personas con discapacidad auditiva o visual, adoptando las medidas razonables de accesibilidad que resulten necesarias para el pleno ejercicio de este derecho, de conformidad con los artículos 7, 8 y 9 de la LMAIP.
Para tales efectos, la información solicitada deberá ser suministrada en formatos, medios o mecanismos accesibles, comprensibles y adecuados a las necesidades de la persona solicitante, incluyendo, cuando sea posible, formatos digitales accesibles, lectura asistida, ajustes visuales, herramientas tecnológicas de apoyo u otros recursos que faciliten su comprensión.
La atención de estas solicitudes deberá realizarse bajo los principios de dignidad, autonomía, no discriminación, informalidad y máxima facilitación, evitando cualquier barrera que limite o dificulte el acceso a la información pública.
Capítulo VIIDE LAS SANCIONES Y FALTAS
Artículo 38. Régimen de responsabilidad. Los eventuales incumplimientos de las obligaciones establecidas en la Ley N.° 10554 y el presente reglamento, serán valorados conforme al régimen de faltas y sanciones previsto en el artículo 15 de la citada ley y a la normativa disciplinaria que cada sujeto obligado le corresponda aplicar.
La imposición de cualquier sanción requerirá la tramitación previa del procedimiento correspondiente, con respeto de los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, debido proceso y derecho de defensa.
Artículo 39. Autoridad competente. La apertura, instrucción y resolución del procedimiento corresponderá a las autoridades determinadas por la Ley General de la Administración Pública, así como a la normativa orgánica y disciplinaria aplicable en cada institución.
Capítulo VIIIDEROGATORIAS, TRANSITORIOS Y DISPOSICIONES FINALES
Artículo 40. Derogatoria. Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC, denominado “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, del 27 de abril de 2017.
TRANSITORIOS
TRANSITORIO I.- Garantía de atención y entrega de información a personas con discapacidad. Las instituciones dispondrán de un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, para implementar los ajustes necesarios y cumplir plenamente con lo establecido en el artículo 37 del presente reglamento, relativo a la garantía de atención y entrega de información a las personas con discapacidad auditiva o visual.
Artículo 41. Vigencia: Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintiséis.
Texto informativo, copiado del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI) de la Procuraduría General de la República el 17 de noviembre de 2026. La norma pudo reformarse después de esa fecha. Para efectos legales, consulte el texto oficial en el SINALEVI. ¿Necesita aplicarla a su caso? Agende una cita.