Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo
Decreto Ejecutivo 45762 del 16 de marzo de 2026
- Versión vigente
- 16 de marzo de 2026 (versión 1 de 1)
- Rige desde
- 15 de mayo de 2026
- Publicación
- La Gaceta n.º 88, 15/05/2026, alcance 57
- Artículos
- 140
Índice de la norma
- Capítulo I. Disposiciones generales
- Capítulo II. Gobernanza del sbd
- Capítulo III. Del consejo rector
- Capítulo IV. De la secretaría técnica
- Capítulo V. Auditoría interna
- Capítulo VI. Personas beneficiarias y sectores prioritarios
- Capítulo VII. Acreditación y registro de integrantes y participantes en el sbd
- Capítulo VIII. Recursos y fondos del sbd
- Capítulo IX. Del fofide
- Capítulo X. Del fcd
- Capítulo XI. De credes
- Capítulo XII. Regionalización y desarrollo productivo
- Capítulo XIII. Regulación, supervisión y medición de impacto
- Capítulo XIV. Sistemas de información y tecnología
- Capítulo XV. Incumplimiento y sanciones
- Capítulo XVI. Colaboradores del sbd
- Capítulo XVII. Otras disposiciones
Nº 45762-MEIC- MAG- TUR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Y
LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, Y
LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE TURISMO
En uso de las facultades que les confieren los artículos 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 4, 25, 27 párrafo 1, 28 párrafo 2, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.º 6227 del 02 de mayo de 1978; y la Ley N.º 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y sus reformas.
CONSIDERANDO
-. Que mediante la Ley N.º 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 87 del 07 de mayo de 2008; reformada por la Ley N.º 9274, Reforma Integral de la Ley N.º 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y reforma a otras leyes, publicada en el Alcance N.º 72 del Diario Oficial La Gaceta N.º 229 del 27 de noviembre de 2014, se crea el Sistema de Banca para el Desarrollo, en adelante SBD, como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables; acordes con el modelo de desarrollo del país en lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de esa Ley.
II-. Que, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43980-MEIC-MAG-TUR del 27 de marzo de 2023, publicado en el Alcance N.º 71 del Diario Oficial La Gaceta N.º 71 del 25 de abril de 2023, se reglamentó la Ley N.º 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo.
III-. Que, para la emisión del Decreto Ejecutivo N.º 43980-MEIC-MAG-TUR, se procedió a su consulta pública, de la que se recibieron observaciones varias. De igual manera, la Contraloría General de la República (CGR), mediante el Oficio N.º 00629 del 04 de enero de 2023, realizó una serie de observaciones a la propuesta de Decreto Ejecutivo, observaciones que fueron atendidas.
IV-. Que, posterior a la emisión del referido Decreto, la Contraloría General de la República, mediante la Orden N.º DFOE-DEC-ORD-00004-2024, sobre Reglamento a la Ley N.º 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Decreto Ejecutivo N.º 43980-MEIC-MAG-TUR, ordenó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC):
- Reformar el inciso i) del artículo 25.
- Ajustar el último párrafo del artículo 49.
- Reformar el último párrafo de los artículos 59 y 83.
- Analizar y ajustar (si corresponde), la redacción del articulado contenido en los artículos 2 (definiciones), 25, 68, 73 y 122; de conformidad a los parámetros definidos por el legislador en la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N.º 8634.
V-. Que, en virtud de la orden emitida, el MEIC en conjunto con la Secretaría del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), procedieron con su análisis, elaborándose una propuesta de reforma conforme lo solicitó el Órgano Contralor. Asimismo, se adicionan otras reformas que son un complemento a la orden dada y resultan necesarias para continuar en el proceso de mejora del Sistema de Banca para el Desarrollo.
VI-. Que, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 44757-MEIC-MAG-TUR del 04 de octubre de 2024, publicado en el Alcance N.º 193 del Diario Oficial La Gaceta N.º 225 del 29 de noviembre de 2024, se reformó el Decreto Ejecutivo N.º 43980-MEIC-MAG-TUR, conforme a la Orden N.º DFOE-DEC-ORD-00004-2024 de la Contraloría General de la República.
VII-. Que, mediante la Ley Dinamización del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N.º 10522 del 5 de noviembre del 2024, publicada en el Alcance N.º 185 a La Gaceta N.º 215 del 15 de noviembre del 2024, se introducen una serie de reformas a la Ley N.º 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, con la finalidad de dinamizar la colocación de los recursos del Sistema. Estas reformas representan varios cambios a lo largo del articulado de la Ley, los cuales deben ser instrumentalizados a nivel reglamentario.
VIII-. Que, en virtud de la promulgación de la Ley N.º 10522, es necesario reformar el Decreto Ejecutivo N.º 43980-MEIC-MAG-TUR del 27 de marzo de 2023, publicado en el Alcance N.º 71 del Diario Oficial La Gaceta N.º 71 del 25 de abril de 2023, Reglamento a la Ley N.º 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, con la finalidad de operativizar lo establecido por la referida Ley.
IX-. Que, mediante correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2025, se remite por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Rector, la justificación de la propuesta de reforma integral del Reglamento a la Ley N.º 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo reglamentaria.
X-. Que, vista la propuesta remitida resulta necesaria la emisión de una nueva versión del Reglamento que no sólo ordena su articulado para ofrecer una mejor lógica expositiva de los temas tratados, sino que, además, descarta algunas normas que anteriormente se contemplaban e incorpora nuevas disposiciones que obedecen a una efectiva instrumentalización del contenido de la Ley N.º 8634.
XI-. Que, mediante aviso publicado en el sitio web del MEIC, se sometió a consulta pública por el plazo de diez días hábiles la propuesta de reordenar el actual articulado del reglamento, derogar algunos artículos; así como la inclusión de los 13 nuevos artículos (inicio de la consulta pública el 07 del mes de julio del 2025, finalización de la consulta el 18 de julio del mismo año), lo anterior de conformidad con el artículo 361 de la Ley N.º 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública. Durante dicho plazo se recibieron observaciones, constando en la matriz de observaciones el análisis respectivo, tras la cual se realizan varios ajustes a la propuesta de regulación.
XII-. Que, de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 12 bis del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N.º 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012; se procedió al llenado de la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria del Formulario de Evaluación Costo Beneficio, siendo que la evaluación de la propuesta normativa dio resultado negativo, por lo que se determinó que no se requería proseguir con el análisis regulatorio de cita.
Por tanto;
DECRETAN:
REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LEY N.º 8634, LEY SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, Y DEROGATORIA DEL DECRETO EJECUTIVO N.º 43980-MEIC-MAG-TUR, REFORMADO POR EL DECRETO EJECUTIVO N.º 44757-MEIC-MAG-TUR
Capítulo IDISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Del objetivo del Reglamento. El presente Reglamento tiene como objetivo desarrollar los principios y normas que se desprenden de la Ley N.º 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo y sus reformas, con el propósito de contar con mecanismos para impulsar proyectos productivos y cumplir con el fin público de movilidad social de las personas beneficiarias, establecidos en la Ley.
Artículo 2: De las definiciones y abreviaturas. Con el fin de aplicar el presente Reglamento, se entenderá por:
a) Abreviaturas.
1. BANHVI: Banco Hipotecario de la Vivienda.
2. CANATUR: Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica.
3. CGR: Contraloría General de la República.
4. CIC: Centro de Información Crediticia.
5. CONASSIF: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
6. CREDES: Créditos de Desarrollo.
7. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.
8. FODEMIPYME: Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, establecido en la Ley N.º 8262, Ley de Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa.
9. FOFIDE: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo.
10. FONADE: Fondo Nacional para el Desarrollo.
11. ICT: Instituto Costarricense de Turismo.
12. IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social.
13. INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
14. INFOCOOP: Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
15. Ley N.º 7337: Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal.
16. Ley N.º 8131: Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
17. Ley N.º 8262: Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas.
18. Ley N.º 2166: Ley de Salarios de la Administración Pública.
19. Ley N.º 8634: Ley Sistema de Banca para el Desarrollo.
20. Ley N.º 6227: Ley General de la Administración Pública.
21. Ley N.º 7558: Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
22. Ley N.º 1644:Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
23. MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
24. MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
25. MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
26. MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
27. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
28. La Promotora: Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.
29. PGR: Procuraduría General de la República.
30. PYME: Micro(s), pequeña(s) y mediana(s) empresa(s)
31. PYMPA: Pequeño y mediano productor agropecuario.
32. SBD: Sistema de Banca para el Desarrollo.
33. SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras.
34. SUGEVAL: Superintendencia General de Valores.
b) Definiciones.
1. Aceleradora: Organización que tiene como función la creación de nuevas empresas, así como su rápido desarrollo para su escalamiento, acceso a inversión, con los propósitos de profundizar su participación, diversificarse o acceder a nuevos mercados.
2. Acreditación: Es el acto administrativo por medio del cual el Consejo Rector otorga una licencia para participar en el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) bajo una de las figuras o roles habilitados en la normativa, tales como: Operador Financiero Supervisado por la SUGEF, Operador Financiero no supervisado por la SUGEF, Agencias Operadoras de Capital de Riesgo, Agencias Operadoras de Capital Semilla, Ejecutores de Servicios de Desarrollo Empresarial, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Estructuradores, Entidades Temporales o ad hoc (incluyendo Organizaciones de Crédito Rural), modelos asociativos empresariales y organizaciones de productores que requieran licencia.
3. Actividad Ordinaria: Corresponde a las acciones del Consejo Rector, la Secretaría Técnica y los operadores para materializar el propósito establecido en la Ley N.º 8634, de fungir como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables, acordes con el modelo de desarrollo del país en lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de la ley, canalizando los recursos del SBD por medio de operadores autorizados o en forma directa, a través de programas de financiamiento, avales, capital semilla, capital de riesgo, servicios de desarrollo empresarial, así como las demás actividades expresamente previstas en los artículos 14 y 15 de la ley N.º 8634 y en los artículos 3, 27, 27 bis, 28 y 41 de dicha ley.
4. Actividad productiva: Toda organización de recursos que procure como resultado la producción de bienes o la prestación de servicios. Su clasificación se realiza según el Código Industrial Internacional Uniforme vigente (CIIU) de la Organización de las Naciones Unidas vigente o, supletoriamente con el Catálogo de bienes y servicios para uso tributario y de cuentas nacionales (CABYS).
5. Agencias Operadora de Capital de Riesgo: Organización pública o privada, nacional o extranjera, acreditadas por el Consejo Rector de SBD, que presentan metodologías para el perfilamiento de proyectos de los beneficiarios de la Ley N.º 8634, que puedan recibir recursos de Capital Riesgo del FONADE.
6. Agencia Operadora de Capital Semilla: Organización pública o privada, nacional o extranjera, acreditadas por el Consejo Rector de SBD, que presentan metodologías para la selección, aceptación y seguimiento de proyectos de los beneficiarios de la Ley N.º 8634 que puedan recibir recursos de Capital Semilla del FONADE.
7. Agente colocador: Organización acreditada como tal por parte del SBD que, en un modelo de banca de segundo piso, realiza operaciones de primer piso con autonomía funcional respecto al operador financiero acreditado responsable del programa que ampara su participación.
8. Agente corresponsal: Organización que, con sustento en un contrato, funge como medio de vinculación o contacto con los eventuales sujetos de crédito, cuya gestión en cualquiera de las fases o etapas del proceso de crédito (excepto la aprobación) se realiza en nombre, con base en las políticas y procedimientos y por cuenta del operador financiero acreditado o bien, subordinada a las condiciones que éste le establezca contractualmente.
9. Agentes especiales: Organizaciones que actúan juntamente con un operador financiero acreditado en el despliegue de un programa para la canalización de recursos del SBD, sea como agente colocador o como agente corresponsal.
10. Aplicación tecnológica: Herramienta informática, diseñada generalmente para hacer más sencilla la experiencia de las personas.
11. Alianzas estratégicas: Alianzas suscritas entre el Consejo Rector del SBD y otros entes locales o internacionales con el fin de obtener ventajas competitivas de acuerdo con el giro del negocio de cada parte.
12. Arrendamiento financiero: Tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo, en el cual la titularidad de este puede o no ser transferida.
13. Arrendamiento operativo: Tipo de arrendamiento en donde el arrendador conviene con el arrendatario en percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, por cederle el derecho a usar un activo propio durante un tiempo determinado. Para efectos del SBD, se considerará como tal, cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al financiero u operativo en función financiera.
14. Arrendamiento operativo en función financiera: Aquellos en donde los arrendantes son entidades financieras o empresas dedicadas habitualmente al negocio de arrendamiento de activos, con opción de compra o renovación, según lo establece la normativa nacional.
15. Asistencia técnica: Asesoramiento especializado brindado a las personas beneficiarias por profesionales en las disciplinas directamente vinculadas con las actividades productivas respaldadas por el SBD, contempladas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) incluyendo, según corresponda, las áreas de gestión empresarial, contabilidad y finanzas, comercialización, innovación y desarrollo tecnológico, procesos productivos agropecuarios, agroindustriales o pesqueros, manufactura, servicios, transformación de bienes, formalización empresarial, gestión de riesgos, mejora de la productividad, sostenibilidad y cualquier otra materia expresamente contemplada en los artículos 14, 15, 27, 27 bis, 28 y 41 de la Ley N.º 8634 o en los programas aprobados por el Consejo Rector.
16. Avales o garantías del SBD: Instrumento financiero creado para respaldar al beneficiario de la Ley N.º 8634 en sus operaciones, con el propósito de propiciar la inclusión financiera y movilidad social de los sectores productivos. Un aval o garantía por su naturaleza mitiga los riesgos asociados a una operación, en caso de incumplimiento por parte de ese beneficiario.
17. Banco Bilateral: Se entenderá por este tipo de organización: a) entidad financiera de desarrollo o relación de intermediación financiera en donde participen dos Estados; b) una agencia de crédito para la exportación que sea una agencia de un gobierno extranjero, o bien, propiedad o controlada por un gobierno extranjero; c) una entidad financiera que proporciona financiamiento para el desarrollo o soporte para el desarrollo financiero y sea una agencia de un gobierno extranjero o propiedad o controlada por un gobierno extranjero.
18. Banca Estatal: Bancos comerciales del Estado constituidos como institución autónoma de derecho público, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N.º 1644.
19. Banco Multilateral: Entidad financiera de desarrollo o relación de intermediación financiera, en donde participen múltiples Estados.
20. Banco Público: Entidad financiera nacional de carácter público, según su Ley constitutiva o normativa sectorial aplicable, emitida por la Superintendencia General de Entidades Financieras.
21. Bioeconomía: Economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del uso directo y la transformación sostenible de recursos biológicos.
22. Capacitación: Toda acción tendiente a mejorar, actualizar, completar y aumentar los conocimientos, las destrezas y las habilidades necesarias de las personas beneficiarias de los recursos del SBD.
23. Capital de riesgo: Recursos financieros destinados a inversión en fondos o empresas, que pueden instrumentalizarse bajo diferentes modalidades y canales, con el objeto de apoyarlas en fases de desarrollo, crecimiento y consolidación. Estas operaciones se caracterizan por la asunción de diversos riesgos financieros y no financieros. El Consejo Rector definirá las pautas para la canalización de estos recursos.
24. Capital semilla: Recursos económicos reembolsables y/o no reembolsables, utilizados para fomentar, promocionar, incentivar y participar en la creación, la reactivación y el desarrollo de empresas, incluyendo apoyo a iniciativas de emprendimiento en sus etapas tempranas o para el desarrollo de nuevos modelos de negocio en emprendimientos establecidos. El Consejo Rector definirá las pautas para la asignación y canalización de estos recursos.
25. Clúster: Agrupación organizada de empresas y unidades productivas que desarrollan actividades económicas interrelacionadas, vinculadas vertical u horizontalmente, junto con entidades de apoyo tales como organizaciones públicas, cámaras empresariales, cooperativas, asociaciones de productores, organizaciones privadas de servicios, centros de investigación, instituciones académicas y actores de innovación. Estas agrupaciones colaboran estratégicamente en materias como encadenamientos productivos, transferencia de conocimiento, mejora de modelos de gestión, innovación, desarrollo tecnológico, internacionalización, sostenibilidad, aumento de productividad y competitividad regional o sectorial, conforme a lo previsto en la Ley N.º 8634 reformada por la Ley N.º 10522 y los programas aprobados por el Consejo Rector del SBD.
26. Consejo Rector: Órgano superior jerarca del SBD, creado por la Ley N° 8634, responsable de dirigir, definir, aprobar y supervisar las políticas, regulaciones, lineamientos, programas, operaciones crediticias y demás disposiciones necesarias para el funcionamiento, desarrollo, control y mejora continua del SBD. El Consejo Rector ejerce sus competencias conforme a las atribuciones establecidas en los artículos 10 y 14 de la Ley 8634.
27. Crédito: Es toda operación, cualquiera que sea la modalidad de crédito para el cumplimiento del artículo 1 de la Ley N.º 8634, instrumentación o documentación, excepto inversiones en valores, mediante la cual, al asumir un riesgo de crédito, una entidad provee o se obliga a proveer fondos o facilidades crediticias, adquiere derechos de cobro o garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones.
28. Créditos de desarrollo: Cartera constituida por la banca privada que se genera conforme al inciso ii del artículo 59 de la Ley N.º 1644 (CREDES).
29. Contragarantía: En adición a la garantía, es el respaldo otorgado por el deudor, acreedor o un tercero, que le permite al segundo resarcirse patrimonialmente en el caso de verse obligado a pagar el incumplimiento del deudor de sus obligaciones contractuales, legales o judiciales.
30. Convenios: Instrumentos jurídicos suscritos entre la Secretaría Técnica, previa aprobación del Consejo Rector y otras instituciones o entidades de derecho público o privado, nacionales o internacionales.
31. Desarrollo regional y/o territorial: Proceso de mejora en materia económica, social y ambiental, impulsado en un territorio o región específica, orientado a la búsqueda de la competitividad, la equidad, el bienestar y el crecimiento en la región, en el cual el SBD puede realizar aportes, asignaciones, contrataciones o consignaciones a partir de la identificación de las necesidades y prioridades de acción en zonas de menor desarrollo relativo.
32. Director Ejecutivo del SBD: Puesto nombrado por plazo determinado, conforme el artículo 36 del presente Reglamento; para efectos administrativos, se constituye en el superior inmediato de todas las dependencias de la Secretaría Técnica y su personal, de cuyo conjunto se excluye expresamente a la Auditoría Interna y su personal, en cuanto a la labor puntual de auditoría.
33. Director Independiente: Persona que participa en el Consejo Rector sin representar a ningún colegio profesional, organización gremial, organización social o cualquier otra organización o grupo en particular, lo cual le permite actuar con total independencia y objetividad en la toma de decisiones. Estará sujeto a las disposiciones contenidas en este Reglamento.
34. Ejecutor de Servicios de Desarrollo Empresarial: Organización pública o privada, nacional o extranjera, acreditada por el Consejo Rector de SBD para proveer servicios no financieros y de desarrollo empresarial a través de proyectos y programas específicos que puedan recibir recursos del Fondo de servicios de desarrollo empresarial.
35. Encadenamientos productivos: Se refiere a las relaciones entre diferentes etapas de producción dentro de una cadena de valor, interrelacionadas por actividades e intereses comunes y complementarios, forjando vínculos operativos, financieros o empresariales que generen externalidades positivas y fortalezcan el desarrollo continuo de ventajas competitivas de la actividad productiva.
36. Entidades Temporales o ad hoc: Organizaciones acreditadas ante el SBD de manera provisional y específica para cumplir con un propósito determinado. Estas entidades operan bajo condiciones particulares y limitadas en el tiempo, lo que les permite recibir aportes, asignaciones, consignaciones o contrataciones necesarias para el cumplimiento de su objetivo. Su existencia y operación están condicionadas a la realización de la tarea para la cual fueron creadas, y su autorización puede ser revocada una vez cumplido dicho propósito. Dentro de estas entidades se encuentran las Organizaciones de Crédito Rural.
37.Emprendimiento: Proyecto orientado hacia la creación de riqueza desarrollado por las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634, que busca aprovechar las oportunidades presentes en el entorno y satisfacer las necesidades de ingresos personales de las personas emprendedoras, generando valor a la economía y la sociedad.
38. Empresa tractora: Es aquella que, por su tamaño, capacidad de inversión, innovación, y posicionamiento en el mercado, actúa como un motor de desarrollo económico en su entorno. Estas empresas generan un efecto multiplicador al impulsar la actividad de otras organizaciones, generalmente empresas PYME, a través de relaciones comerciales, transferencia de tecnología, generación de empleo, y fortalecimiento de cadenas de suministro.
39. Empresas de capital de riesgo: Persona física o jurídica que reciben recursos mediante instrumentos como capital de riesgo autorizados por el SBD conforme a la Ley N.º 8634, los Lineamientos de Capital de Riesgo aprobados por el Consejo Rector y a los programas incorporados en el portafolio de programas del SBD aprobado por el Consejo Rector.
40. Esquema de capital de riesgo: Mecanismo de inversión orientado a las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634, mediante distintas formas o instrumentos como lo son la participación accionaria en empresas, deuda convertible, el financiamiento, avales o inversiones tanto en fondos públicos o privados, financiamiento subordinado u otros instrumentos autorizados por el Consejo Rector. Estos esquemas deberán ajustarse a los estándares técnicos y marco normativos aplicables en materia de capital de riesgo, incluyendo, según corresponda: (a) los lineamientos vigentes del CONASSIF y SUGEF en materia de gestión de riesgos; (b) los criterios de gobernanza corporativa, revelación de riesgos y protección del inversionista contenidos en las normas de la SUGEVAL; (c) los principios y metodologías reconocidos por los organismos internacionales especializados tales como la OCDE en el ámbito emprendedor y; (d) las políticas, parámetros de evaluación y lineamientos específicos aprobados por el Consejo Rector del SBD.
41. Estructurador: Persona física o jurídica que se encarga de la estructuración de una emisión pública o privada en la que el SBD participe con recursos de capital de riesgo, a través de inversión o mediante un aval. El estructurador es el responsable del análisis de la viabilidad de la actividad productiva de la empresa de capital de riesgo, en los términos de lo dispuesto en la Ley N.º 8634, incluyendo el análisis de la capacidad de pago, así como del análisis de que la empresa cumple con los requisitos para ser beneficiaria de la Ley N.º 8634.
42. Factoraje o factoreo: Producto financiero que consiste en anticipar los derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros, los cuales son cedidos por un transmitente a un factor y este a su vez se encarga de administrar y cobrar dichos derechos al pagador como primer obligado.
43. Fintech: Esquemas que utilizan la tecnología para mejorar o automatizar los servicios y procesos financieros. La tecnología como elemento para propiciar el apoyo financiero, estimula la innovación y ha evidenciado en otros países, resultados positivos en materia de inclusión económica.
44. Fondo de avales y garantías del FONADE: Capital para el otorgamiento de avales y garantías que respalden financiamientos que otorguen los participantes e integrantes del SBD. Este fondo mitiga los riesgos asociados en las operaciones de financiamiento garantizadas, dado que asume las eventuales pérdidas por incumplimientos de pago de las personas beneficiarias de los recursos del SBD. Su cuantía será determinada por el Consejo Rector de acuerdo con su estrategia, los compromisos asumidos, nivel de apalancamiento y sostenibilidad financiera. Asimismo, estos recursos constituirán una reserva técnica que podrá mantenerse en instrumentos financieros.
45. Fondo para Capital de Riesgo del FONADE: Recursos para participar en la reactivación o el desarrollo de empresas, mediante modelos de capital de riesgo. Su cuantía será determinada por el Consejo Rector de acuerdo con su estrategia, los compromisos asumidos, nivel de apalancamiento y sostenibilidad financiera.
46. Fondo de Financiamiento del FONADE: Capital destinado para el financiamiento de operaciones crediticias, factoraje financiero, arrendamiento financiero y operativo, microcréditos y proyectos del sector agropecuario, financiamiento de las primas de seguro agropecuario u otros sectores productivos que así lo requieran. Así como otros instrumentos financieros propios de la actividad bancaria y de desarrollo, tales como: créditos sindicados, financiamiento subordinado, líneas de crédito rotativas, operaciones de reactivación productiva, financiamiento de capital de trabajo y financiamientos para recoversión tecnológica o productiva, siempre que cuenten con lineamientos o programas específicos aprobados por el Consejo Rector del SBD. El Fondo podrá incorporar otros instrumentos autorizados por la legislación bancaria o regulación prudencial emitida por el CONASSIF, SUGEF o SUGEVAL o reconocidos por el Banco Internacional de Pagos (Comité de Basilea). Este fondo deberá tener los recursos disponibles para atender los créditos aprobados pendientes de giro. Su cuantía será determinada por el Consejo Rector de acuerdo con su estrategia, los compromisos asumidos, nivel de apalancamiento y sostenibilidad financiera.
47. Fondo de Capital Semilla y Capital de Riesgo del FONADE: Conjunto de recursos del FONADE destinados a promover, incentivar y participar en la creación, la reactivación y el desarrollo de empresas, estructurados en dos subfondos :
a) Subfondo de Capital de Riesgo: recursos del FONADE, que pueden instrumentalizarse bajo diferentes modalidades y canales mediante esquemas de inversión en capital de riesgo.
b) Subfondo de Capital Semilla: recursos del FONADE que pueden instrumentalizarse bajo diferentes modalidades y canales mediante el otorgamiento de fondos no reembolsables y/o reembolsables.
Ambos subfondos se rigen por lo dispuesto en el artículo 15, de la Ley N.° 8634, por este Reglamento y por los actos del Consejo Rector que aprueban lineamientos y el Portafolio de Programas.
48. Fondo para servicios no financieros y de desarrollo empresarial del FONADE: Recursos para el apoyo de programas y actividades de servicios no financieros y desarrollo empresarial. Su cuantía y uso será determinada por el Consejo Rector de acuerdo con su estrategia, los compromisos asumidos, nivel de apalancamiento y sostenibilidad financiera.
49. Funcionarios de confianza: Son aquellos funcionarios del SBD nombrados y removidos libremente de sus puestos.
50. Incubadora: Organización pública o privada que, en un área que presenta un potencial empresarial suficiente, ofrece un sistema integrado de actividades y servicios dirigidos a las PYME y los emprendimientos, orientados a la creación, fortalecimiento y consolidación de nuevos proyectos productivos. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por actividades innovadoras aquellas acciones que incorporen mejora técnica o tecnológica, desarrollo de conocimiento, diseño o implementación de soluciones creativas, o cualquier otro proceso que incremente la competitividad y el valor agregado del emprendimiento.
51. Insuficiencia de garantía: Se entiende como aquella condición que reúne un sujeto de crédito, cuando no tiene bienes o suficientes bienes que respondan a los requerimientos técnicos de deseabilidad de un activo como respaldo de un crédito. El Consejo Rector definirá normas especiales en casos de pandemia, desastres naturales y cualquier otro fenómeno que afecte el desarrollo económico, así como los modelos de insuficiencia de garantía según las políticas de desarrollo económico y movilidad que se deseen promover.
52. Licencia: Autorización administrativa otorgada por el Consejo Rector en la que se hace constar la calidad o carácter de operador financiero, agencia operadora o ejecutor de servicios de desarrollo empresarial, y otros participantes del SBD, como entes acreditados. La licencia se otorga previa verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley N.º 8634, en el presente Reglamento -especialmente los artículos 44, 46 y 47-, así como en los lineamientos, parámetros técnicos y el proceso de acreditación aprobado por el Consejo Rector.
53. Medición de impacto: Conlleva un proceso de medición que permite determinar si los resultados finales obtenidos pueden ser atribuidos a la intervención efectuada y en qué magnitud. En esta medición se logra dimensionar el efecto causal (impacto) de la política pública en el cambio del bienestar de los beneficiarios.
54. Modelos Asociativos Empresariales y Asociatividad: Organizaciones de esta índole, con o sin fines de lucro, que cuenten con un proyecto productivo viable y, además, cumplen con los parámetros de micro, pequeño o mediano modelo de negocio definidos con el criterio técnico MEIC, el MAG y el MTSS.
55. Operador Financiero supervisado: Intermediario financiero fiscalizado por la SUGEF, independientemente de su naturaleza jurídica (pública o privada), el cual presenta su solicitud de acreditación en los términos del presente Reglamento y de acuerdo con todos los requisitos normativos, de control y supervisión establecidos y demás parámetros de valoración de riesgo aprobados por el Consejo Rector.
56. Operador Financiero no supervisado: Organizaciones, independientemente de su naturaleza jurídica, acreditadas para la canalización de recursos del SBD. Estas organizaciones no realizan intermediación financiera; por lo tanto, la SUGEF no las fiscaliza, excepto en lo correspondiente a los sujetos obligados en materia de la Ley N.º 7786.
57. Organizaciones de productores: Conjuntos de unidades productivas que se encuentren agrupadas legalmente en figuras, tales como: centros agrícolas cantonales, asociaciones, consorcios, cooperativas y cualesquiera otras figuras jurídicas o asociativas, cuyos fines perseguidos sean compatibles con los objetivos del SBD. Para ser beneficiario se considerará lo establecido en inciso 53 del presente artículo.
58. Persona Emprendedora: Persona o grupo de personas físicas que tienen la motivación o capacidad de detectar oportunidades de negocio, organizar recursos para su aprovechamiento y ejecutar acciones de forma tal que obtiene un beneficio económico y social por ello. Se entiende como una fase previa a la creación de una PYME.
59. Persona joven: Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por persona joven lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General de la Persona Joven, Ley N.º 8261.
60. Procedimiento de supervisión desde la perspectiva de evaluación: Análisis de un programa de financiamiento, proyecto o política, ya sea que esté en curso o completada, para conocer los cambios de interés generados a partir de las acciones directamente atribuibles de las iniciativas desarrolladas.
61. Procedimiento de supervisión desde la perspectiva de monitoreo: Proceso continuo mediante el cual da seguimiento a los programas del SBD, empleando los datos recolectados para informar la implementación y la administración cotidiana de este. Este procedimiento permite verificar el avance de los programas comparando su desempeño real con los resultados previstos, el monitoreo incluye la identificación de brechas, tendencias en el tiempo y variaciones relevantes para efectos de gestión y toma de decisiones.
62. Proyecto productivo viable: Es aquel proyecto asociado a una actividad productiva que, tras un análisis, según corresponda a la naturaleza del proyecto se considera realizable y sostenible, conforme a los parámetros de evaluación, criterios de admisibilidad, políticas de riesgo y condiciones establecidas en el respectivo programa aprobado por el Consejo Rector y de las políticas de cada operador financiero o agente especial que participe en el SBD.
63. PYME: Micro, pequeña y mediana empresa, conforme al Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N.º 8262, Decreto Ejecutivo N.º 39295-MEIC del 22 de junio de 2015.
64. Red Nacional de Incubación y Aceleración: Es una plataforma de apoyo para personas emprendedoras y/o empresarias que buscan el desarrollo y la consolidación de sus ideas o modelos de negocio, y que se encuentran registradas en el MEIC, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N.º 8262, Decreto Ejecutivo N.º 39295 del 22 de junio de 2015.
65. Registro de entes: Control en el que constan todos los entes cuya licencia o autorización proviene directamente por Ley o por acuerdo del Consejo Rector.
66. Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE): Son todos aquellos servicios, diferentes a los financieros, dirigidos a apoyar a los beneficiarios del SBD y a contribuir con el cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley N.º 8634. Los SDE en el marco del SBD, están principalmente contemplados en el inciso c) del artículo 15 y en el inciso a) del artículo 41, ambos de la Ley N.º 8634.
67. Servidores que realizan gestión pública: Son aquellos funcionarios que, en el ejercicio de una competencia pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N.º 6227, realicen actuaciones administrativas cuyo resultado sea la alteración, creación y supresión de relaciones jurídicas administrativas con los administrados o con el resto de los servidores de la institución. Actuaciones que pueden ser de fiscalización (como los desempeñados para resguardar el patrimonio de la institución o los efectuados por los auditores institucionales), de dirección (como la emisión de directrices, instrucciones, o el ejercicio de la potestad disciplinaria) o de servicio público.
68. Sesión Virtual: Toda sesión del Consejo Rector realizada por medio de tecnologías de información y comunicación, con acceso común a todas las personas integrantes, que garanticen la trasmisión simultánea de audio, video y datos, y a la vez permita la colegialidad, simultaneidad y deliberación entre los miembros del órgano colegiado.
69. Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión: Para efectos del SBD, son las sociedades autorizadas por la Superintendencia General de Valores que, una vez registradas ante el Consejo Rector pueden presentar solicitudes para el apoyo con recursos del SBD a fondos de inversión de capital de riesgo mediante diferentes esquemas definidos por el Consejo Rector.
70. Sostenibilidad financiera: Capacidad de asegurar recursos financieros estables y suficientes, en el largo plazo, para asignarlos de una manera oportuna y apropiada para cumplir los objetivos de la Ley N.º 8634. La política de sostenibilidad financiera deberá ser aprobada por el Consejo Rector.
71. Spin-off: Emprendimiento o empresa de reciente creación surgida a partir de una organización preexistente, ya sea una empresa, universidad, centro de investigación o institución pública, con el propósito de desarrollar, comercializar o aplicar conocimientos, tecnologías, propiedad intelectual, bienes o servicios innovadores. Su creación puede derivarse de la transferencia tecnológica o de conocimiento, la explotación de resultados de investigación o la separación estratégica de una unidad de negocio, con el fin de potenciar su crecimiento, escalabilidad y sostenibilidad en el mercado.
72. Startup: Emprendimiento o empresa de reciente creación, con un modelo de negocio innovador, escalable y con alto potencial de crecimiento, que puede emplear tecnología o nuevas formas de organización para desarrollar y comercializar productos o servicios en mercados locales o globales. Su operatividad inicial se caracteriza por la experimentación, la iteración constante y la búsqueda de inversión o financiamiento para acelerar su consolidación y expansión.
73. Tasa de interés activa efectiva: Corresponde a la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) anualizada, la cual iguala en el periodo actual los flujos de efectivo futuros de ingreso y egreso concernientes a cualquier operación de crédito. Dichos flujos futuros considerarán aspectos como los desembolsos de la operación, la cuota mensual que incluye intereses o amortización, comisiones de inicio, comisiones periódicas adicionales (anuales, semestrales, mensuales), estudios varios (crediticios, avalúos), honorarios legales, costo de inspección de obra y costos de revisión de planos, presupuestos y, en general, todos los que estén relacionados directamente con la operación de crédito, los cuales signifiquen un desembolso para el cliente.
74. Unidades productivas: Se trata de personas físicas o jurídicas que combinan recursos humanos y físicos, con el fin de producir un bien o servicio con valor de mercado en actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios. En el caso de las unidades de producción agropecuaria, incluye algún proceso que puede ser de transformación, mercadeo o comercialización que agregue valor a los productos, sean estos: agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, pesqueros u otros productos del mar; así como la producción y la comercialización de insumos o bienes y servicios relacionados con estas actividades. Estas unidades de producción emplean, además de mano de obra familiar, fuerza laboral ocasional o permanente, lo que genera valor agregado y cuyos ingresos permiten al productor realizar nuevas inversiones en procura del mejoramiento social y económico de su familia y el medio rural.
Artículo 3: De los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo. Los recursos que formarán parte del SBD serán los siguientes:
a) El Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD).
b) El Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE).
c) El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE).
d) Los recursos establecidos en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644 (CREDES).
Capítulo IIGOBERNANZA DEL SBD
Artículo 4: Gobierno Corporativo. El Consejo Rector tendrá como responsabilidad:
a) Crear los lineamientos de Gobierno Corporativo, los cuales deberán observar estándares reconocidos a nivel nacional e internacional, incluyendo, según corresponda: (a) los principios de gobierno corporativo emitidos por el CONASSIF y las superintendencias del sector financiero, en especial la normativa de la SUGEF aplicable a la gestión de riesgos, control interno y gobierno corporativo, (b) los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, (c) las disposiciones internas aprobadas por el Consejo Rector y los lineamientos de la Secretaría Técnica en materia de gestión institucional.
Estos estándares deberán ser aplicados de manera proporcional y compatible con la naturaleza de un ente público no estatal como el SBD, asegurando transparencia, integridad y responsabilidad en la toma de decisiones.
b) Velar por el mejor uso alterno de los recursos y evitar duplicidades.
c) Promover la eficiencia y la eficacia en el SBD.
Artículo 5: De los integrantes del SBD. El SBD estará constituido conforme a las disposiciones señaladas en el artículo 2 de la Ley N.º 8634.
Artículo 6: De las obligaciones de los integrantes y participantes del SBD. Serán obligaciones de los integrantes y participantes del SBD las siguientes:
a) Someter a aprobación del Consejo Rector el programa o los programas de apoyo financiero y de servicios no financieros y de desarrollo empresarial, según corresponda, para los sujetos beneficiarios y las disposiciones a que se refiere la Ley N.º 8634, los cuales deberán ajustarse a lo establecido en los procedimientos de acreditación; así como a las demás disposiciones que para tal propósito definirá el Consejo Rector.
b) Procurar un tratamiento inclusivo y equitativo para las personas beneficiarias ubicadas dentro de los sectores prioritarios en los programas propuestos ante el Consejo Rector, con el propósito de facilitar el acceso al crédito en condiciones apropiadas a la actividad económica y las características de los proyectos, con el fin de propiciar la inclusión financiera y económica de los sujetos beneficiarios de la Ley Nº 8634. Estos programas podrán requerir del apoyo del INA para incorporar actividades de servicios no financieros y desarrollo empresarial.
c) Cumplir con los parámetros exigidos por la Ley N.º 8634 y establecidos por el Consejo Rector para la colocación de créditos a los diferentes beneficiarios de la Ley, priorizando los sectores establecidos en el artículo 7 de la norma supra citada.
d) Proveer la información relacionada con cada programa que el Consejo Rector les solicite.
e) Acatar las directrices, los mecanismos de control y la evaluación que establezca el Consejo Rector, incluyendo las relacionadas con el Sistema de Aseguramiento de Auditorías del SBD, los cuales se comunicarán a través de su Secretaría Técnica.
f) Acatar la regulación prudencial que emitan la SUGEF y el CONASSIF para el caso de las entidades supervisadas por dicha Superintendencia.
g) Los operadores financieros supervisados y no supervisados, cuando utilicen recursos del SBD, deben desarrollar campañas promocionales y de proyección en sus zonas de influencia sobre los beneficios del SBD e impulsar la utilización de los diferentes productos y herramientas plasmados en la Ley N.º 8634, indicando siempre que se están utilizando recursos del SBD.
h) Cumplir con las demás políticas y directrices que establezca el Consejo Rector y que comunique a través de su Secretaría Técnica.
i) Acatar en tiempo y forma los requerimientos preventivos (plan de acción) o correctivos (plan remedial) comunicados por la Secretaría Técnica ante conductas o acciones que puedan derivar en incumplimientos normativos y contractuales. Estos requerimientos serán comunicados por los medios dispuestos por el SBD y estarán sujetos al debido seguimiento por parte de la Secretaría Técnica.
j) Proveer a la Secretaría Técnica del Consejo Rector toda la información requerida con el propósito de efectuar las evaluaciones técnicas necesarias y pertinentes para medir el desempeño y los efectos de la política pública productiva que conlleva el SBD. La información que se reciba le aplicará lo establecido en el inciso i) del artículo 14 de la Ley N.º 8634.
k) Cumplir las obligaciones derivadas de: (i) la Ley N.º 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, y sus reformas, (ii) el presente Reglamento, (iii) las políticas, lineamientos, directrices técnicas y demás disposiciones emitidas por el Consejo Rector dentro del ámbito de sus competencias; y (iv) los contratos, convenios y programas formalizados con la Secretaría Técnica para efectos de la operación del SBD.
Estas obligaciones comprenderán, según corresponda, el acatamiento de los parámetros de riesgo, requisitos operativos, condiciones de los programas, metas de colocación, prioridades sectoriales y demás disposiciones técnicas que regulen la actuación de los integrantes y participantes del SBD.
Capítulo IIIDEL CONSEJO RECTOR
Artículo 7: Del Consejo Rector. El Consejo Rector es el máximo jerarca del SBD. Constituye un Ente Público No Estatal con personalidad jurídica para la articulación, coordinación, ejecución e implementación de los alcances de la Ley N.º 8634, siendo sus funciones las establecidas en esa norma. Asimismo, el Consejo Rector articulará la totalidad de los recursos establecidos para el SBD y su integración será conforme a lo establecido en la Ley N.º 8634.
Las decisiones del Consejo Rector serán adoptadas de acuerdo con las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, y principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, además de la eficiencia que responda a las necesidades de la atención de un mercado dinámico en competencia. También, este órgano colegiado deberá aplicar buenas prácticas internacionales de gobierno corporativo y contar con lineamientos que consideren una adecuada gestión, tanto en lo personal como en relación con los sectores a los que representan, de manera que se garantice la objetividad en la toma de decisiones y el acceso de todos los sectores económicos al SBD.
Para efectos de ejercicio de la representación judicial y extrajudicial, el Consejo Rector podrá designar de su seno a un apoderado con poderes suficientes, a efecto de que ejerza la misma.
A los miembros del Consejo Rector y la Dirección Ejecutiva de la Secretaría les aplicará lo estipulado en el artículo 177 bis de la Ley N.º 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de 1997. Asimismo, les aplicará el artículo 27 de la Ley N.º 1644, en lo correspondiente.
Artículo 8: Del perfil e incompatibilidades del miembro independiente. Para ser miembro independiente del Consejo Rector es necesario: ser costarricense, haber cumplido los 30 años, tener reconocida experiencia gerencial o directiva o amplios conocimientos en el ámbito económico, o bien, experiencia en problemas relativos a la producción nacional, con un nivel profesional mínimo de licenciatura o maestría. Esto deberá comprobarse debidamente mediante la acreditación de haber ejercido algún puesto en esos ámbitos. Asimismo, no deberá tener condenas penales, debiendo aportar la respectiva hoja de delincuencia debidamente certificada por el Poder Judicial con un plazo de vigencia máximo de un mes.
No podrán optar por la posición de miembro o director independiente, las personas que laboren en una institución pública estatal o no estatal, o descentralizada, incluyendo a los operadores financieros acreditados por el SBD.
La designación de una persona como miembro independiente del Consejo Rector, de acuerdo con el inciso e) del artículo 12 de la Ley N.º 8634, conlleva la obligación de entregar a la Secretaría Técnica un expediente administrativo, en el que consten sus calidades y el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y regulatorios correspondientes.
Artículo 9: De la selección del miembro independiente del Consejo Rector. El miembro o director independiente del Consejo Rector, no recibe remuneración o dieta por su participación en las sesiones, está obligado a cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N.º 8634 y en lo que le sea aplicable de este Reglamento.
A solicitud de la Secretaría Técnica del Consejo Rector, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas realizará la selección de la terna para ser remitida al Consejo de Gobierno y procurará la identificación de los mejores candidatos posibles, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en este Reglamento; proceso que deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días naturales.
Para la elaboración y remisión de la terna final, el Consejo Rector aplicará lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11, 12 del presente Reglamento, los cuales conforman el marco normativo específico para el proceso de selección.
Artículo 10: De la independencia de los directores del Consejo Rector. En el desempeño de su cargo, los miembros del Consejo Rector deberán actuar con independencia de criterio y en estricto apego a las normas técnicas y legales aplicables a cada caso. Asimismo, estarán ajenos a conflictos de interés en cuanto a su toma de decisiones y deben decidir de acuerdo con su mejor entendimiento, en procura de cumplir con los fines perseguidos por el SBD. En todo momento, en su accionar debe prevalecer la persecución de los mejores intereses para la institución.
Artículo 11: De la prohibición para ser nombrado director del Consejo Rector. A excepción de los miembros representantes del Poder Ejecutivo no podrán ser nombrados directores del Consejo Rector, quienes estén vinculados entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive, sean cónyuges, se encuentren en unión de hecho o pertenezcan a la misma sociedad mercantil o asociación, ya sean representantes legales o formen parte del directorio de esta o por la composición de sus acciones. Cuando con posterioridad a sus nombramientos se presentará una de estas incompatibilidades, tal prohibición recaerá en el nombramiento del director con menos antigüedad en el cargo.
Si el cargo se asume en forma simultánea, prevalecerá el nombramiento del candidato a director con mayor edad.
Artículo 12: De las incompatibilidades con el cargo de director del Consejo Rector. El cargo de director del Consejo Rector es incompatible con:
a) Los miembros y trabajadores de los Supremos Poderes, sus cónyuges o parientes por afinidad y consanguinidad hasta el tercer grado.
b) Los gerentes, los personeros y los trabajadores de los integrantes del SBD.
c) Los directores, los gerentes, los personeros o los empleados de bancos públicos o privados.
d) Quienes sean, o durante el año anterior hayan sido, miembros de la Junta o Consejo Directivo de sociedades financieras privadas, o bien, a la fecha del nombramiento tengan a sus padres, cónyuges o hijos con esa condición por afinidad y consanguinidad hasta el tercer grado.
e) Los accionistas o funcionarios de las sociedades indicadas en el inciso anterior.
f) Los parientes de primer grado de consanguinidad o afinidad, que sean accionistas o que ostenten puestos de directores, gerentes o representantes legales de alguno de los integrantes del SBD.
Las incompatibilidades en los incisos a), b) y c) anteriores no aplican cuando el puesto desempeñado es exclusivamente de docencia.
Las disposiciones señaladas, tanto en este artículo como el artículo anterior, no son de aplicación para los ministros de Estado o el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, que ocupan el cargo de director en el Consejo Rector.
Artículo 13: De la remoción de los directores. Los miembros del Consejo Rector, con la salvedad de quienes ostenten el cargo de ministro o el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, cesarán de ser directores por las siguientes causales:
a) Quien incumpla con cualquiera de los requisitos y las obligaciones, o incurriera en las prohibiciones o incompatibilidades definidas en este Reglamento.
b) El que por causas no justificadas dejará de concurrir a tres sesiones ordinarias consecutivas.
c) A quien se le haya demostrado haber infringido alguna de las disposiciones contenidas en las leyes, los decretos ejecutivos o los reglamentos aplicables al SBD; así como a quien se le haya demostrado haber consentido su infracción.
d) A quien se le haya demostrado incurrir en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. En caso de ser emitida resolución judicial de prisión -aún en su condición de medida cautelar- en contra de un miembro del Consejo Rector, será suspendido de sus funciones en forma inmediata, hasta que hubiera sentencia firme. Si finalizado el proceso judicial es declarado responsable se removerá del cargo en forma inmediata a la firmeza de la resolución.
e) El que renunciare a su cargo.
Para la remoción, por medio de acuerdo, el Consejo Rector solicitará su separación a la entidad que lo nombró, así como el nombramiento de una nueva persona. La salida de cualquiera de los miembros del Consejo Rector no le libera de las responsabilidades legales en las que pudiera incurrir por incumplimiento de alguna de las disposiciones de la Ley N.º 8634 o la normativa vigente que le fuera aplicable.
Artículo 14: De la responsabilidad de los directores. Los directores que integran el Consejo Rector ejercerán sus funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo cumplir con las leyes, reglamentos y regulaciones aplicables y los principios de la técnica.
Sus miembros tendrán la más completa independencia para proceder en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con su conciencia y su propio criterio; por cuyo motivo serán personalmente responsables de su gestión en la Dirección general del SBD. Sobre ellos, recaerá conforme con las leyes la responsabilidad que pueda atribuírseles por dolo, culpa grave o negligencia.
Quienes no hicieran constar su voto disidente, responderán por las pérdidas que le irrogue al SBD, por la autorización de operaciones prohibidas ante la ley o cualquier otra disposición normativa, o bien, hayan sido autorizados mediando dolo, culpa grave o negligencia, debidamente demostrada.
La asunción de algún margen de riesgo comercial no será un hecho generador de responsabilidad personal, en tanto haya tenido adecuada proporción con la naturaleza emprendida y no se haya actuado con dolo, culpa grave, negligencia o contra alguna disposición normativa; todo según las reglas de la sana negociación bancaria y financiera.
El presidente y los demás directores cumplirán sus funciones, conforme a las atribuciones que por Ley les han sido conferidas; sin intromisiones en las funciones privativas de la administración, ni influir en los funcionarios encargados de dictaminar sobre el otorgamiento de créditos, ni gestionarlos por ellos mismos en favor de persona alguna. El incumplimiento de lo anterior será causa grave y generará la posibilidad para que sean removidos. Todo ello sin perjuicio de otras sanciones que el ordenamiento jurídico administrativo puede establecer para este tipo de actuaciones.
Todo acto, resolución u omisión que contravenga las disposiciones legales y reglamentarias o implique uso de los fondos del SBD en actividades distintas de las inherentes a sus funciones permitidas, a todos los directores presentes en la sesión respectiva, los hará incurrir en responsabilidad para con el SBD y terceros afectados, por daños y perjuicios que con ello se produjeran.
De tal responsabilidad quedarán exentos únicamente los directores que hubieran hecho constar su voto disidente y su objeción en el acta de la sesión respectiva.
Artículo 15: De la duración en sus cargos. Los directores del Consejo Rector permanecerán en sus cargos por un período de cuatro años y no podrán ser sustituidos temporalmente, excepto en el caso de los ministros o del presidente ejecutivo del ICT, cuya integración como parte del Consejo Rector lo es por tener tal condición y, por ende, su nombramiento cesa cuando termine su cargo. En el caso de los directores independientes, podrán ser reelectos por una única vez por un plazo de dos años, ya sea en forma consecutiva o alterna.
Si alguno de los cargos cesara antes del tiempo previsto para su nombramiento, el sustituto que se designe lo será por el resto del periodo que le correspondía al anterior, con la excepción de los ministros o el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, según lo indicado en la Ley y este Reglamento.
Artículo 16: Del nombramiento de presidente y vicepresidente. La presidencia y la vicepresidencia del Consejo Rector las ocuparán los ministros con cartera, así como el Presidente Ejecutivo del ICT por un periodo de un año; estos cargos los definirá la mayoría simple de los miembros del Consejo Rector.
En caso de ausencia del presidente, cuando concurra alguna causa justa, lo sustituirá el vicepresidente del Consejo Rector y, en estos eventos, tendrá las mismas funciones y gozará de las mismas atribuciones indicadas en la Ley N.º 8634 y el presente Reglamento.
Artículo 17: De las atribuciones del presidente. La presidencia del Consejo Rector tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Juntamente con el director ejecutivo o directora ejecutiva de la Secretaría Técnica, preparar la agenda de las sesiones del Consejo Rector.
b) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del órgano, las cuales podrá suspender en cualquier momento por causa justificada.
c) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y los reglamentos relativos a su función.
d) Vigilar el cumplimiento de los deberes y los objetivos del SBD y las funciones de la institución; así como informarse de la marcha general de la institución.
e) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de las labores del órgano.
f) Convocar a sesiones extraordinarias.
g) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para lo cual tendrá voto de calidad.
h) Someter a consideración del Consejo Rector los asuntos cuyo conocimiento le corresponde.
i) Dirigir los debates y tomar las votaciones.
j) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del órgano.
k) Autorizar con su firma, juntamente con el director ejecutivo de la Secretaría Técnica, los documentos que determinen las leyes, los reglamentos de la institución y los acuerdos del Consejo Rector.
l) Autorizar las vacaciones y permisos del director ejecutivo de la Secretaría Técnica y auditor(a) general.
m) Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, conforme a la Ley Nº 8634, el presente Reglamento y demás disposiciones pertinentes.
Artículo 18: Del quórum del Consejo Rector. El Consejo Rector sesionará, siempre y cuando, se encuentren presentes al menos cuatro de sus miembros, incluyendo dos ministros o un ministro y el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo y al menos dos representantes de las cámaras.
Si no hubiera quórum el órgano podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera, salvo casos de urgencia en donde podrá sesionar después de media hora y, para ello, será suficiente la asistencia de una tercera parte de sus miembros, siempre y cuando se encuentre al menos uno de los ministros que funge como presidente o vicepresidente, y al menos uno de los representantes de los sectores empresariales.
Los miembros del Consejo Rector tienen la obligación de asistir puntualmente a las sesiones y en caso de no poder hacerlo, deberán remitir por correo electrónico a la Secretaría de Actas la justificación en la que se indique el motivo de la ausencia.
Artículo 19: De las sesiones del Consejo Rector. A las sesiones del Consejo Rector podrán asistir por invitación todas las personas que considere pertinente y necesario para el asunto a tratar. En este caso, el Consejo podrá acordar concederles el derecho de participar en las deliberaciones con voz, pero sin voto. El director ejecutivo y el auditor interno de la Secretaría Técnica podrán asistir con voz, pero sin voto.
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo si están presentes al menos cinco de sus miembros y por unanimidad se declare la urgencia del asunto para su conocimiento y votación.
Las sesiones ordinarias del Consejo Rector se realizarán al menos una vez al mes y, extraordinariamente, cuando así convoque el presidente o al menos tres de sus miembros.
Las sesiones deberán grabarse en audio y video y ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente, así como cualquier otro elemento esencial para cumplir con tal fin.
Para reunirse en sesión ordinaria no hará falta convocatoria especial. En el caso de sesión extraordinaria resultará necesaria una convocatoria por escrito, la cual podrá realizarse por correo electrónico con una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo casos de urgencia. A la convocatoria se acompañará copia del orden del día. No obstante, se podrá sesionar válidamente sin cumplir con todos los requisitos del orden del día y la convocatoria, cuando asistan todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.
Ante necesidades particulares y de orden administrativo, las sesiones ordinarias y extraordinarias se podrán celebrar en forma virtual con la participación de todos los miembros del órgano colegiado o bien en donde uno o más miembros participen remotamente por medio de las telecomunicaciones, siempre y cuando el medio empleado permita una comunicación integral, simultánea que comprenda video, audio y datos, pudiendo durante las sesiones someterse a votación documentos por medios electrónicos, en cuyo caso los sistemas informáticos deben proveer los niveles de seguridad necesarios, para no refutar la autenticidad y veracidad de los datos, información y votación; para tal caso, los directores deberán hacer valer su voto por medio de la firma digital.
Quienes durante el año anterior a su nombramiento hayan tenido relaciones laborales, servicios de asesorías, consultorías o hubieran ostentado alguna representación legal de las personas físicas o jurídicas involucradas en el asunto que se está tratando.
El sistema tecnológico debe garantizar la identificación de la persona cuya participación es remota, la autenticidad e integridad de la voluntad y la conservación de lo actuado. En caso de sesión virtual así deberá indicarse, se anota cuál de los miembros del colegio ha estado "presente" virtualmente; en su caso, mediante cuál mecanismo tecnológico se produjo la presencia, identificación del lugar en donde se encuentra, la compatibilidad de sistemas y las razones por las cuales la sesión se realizó en la forma indicada.
Artículo 20: De las actas del Consejo Rector. De cada sesión ordinaria o extraordinaria se levantará un acta que contendrá la indicación de la hora, fecha y lugar de reunión, los miembros presentes, personas invitadas, los puntos principales que se trataron, la forma y el resultado de la votación; así como el contenido de los acuerdos. Las actas deberán ser identificadas con el número de sesión y debidamente foliadas en forma consecutiva.
Las actas del Consejo Rector se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, siendo que antes de aprobarlas los acuerdos tomados carecerán de firmeza, a menos que los miembros presentes acuerden por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Consejo, declarar en firme el acuerdo adoptado en la propia sesión y si fuese necesario se autorice su comunicado.
El presidente del Consejo Rector y el secretario de actas firmarán las actas, con firma digital en un plazo de dos días hábiles después de su remisión por la secretaría de actas. Igualmente, los miembros que hubieran hecho constar su voto contrario en cualquier acuerdo adoptado deberán firmarlas en ese plazo. Solamente en casos calificados de fuerza mayor, debidamente comprobados y justificados, el acta se imprime y se procede con firma física.
Las actas deberán ser transcripción literal conforme al artículo 50 de la Ley N.º 6227, además de custodiar el audio y video de las sesiones.
Corresponderá a la Secretaría de Actas comunicar los acuerdos que se adopten en las sesiones del Consejo Rector.
Artículo 21: De la votación del Consejo Rector. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta (la mitad más uno de los presentes), salvo que se requiera una mayoría calificada. Los miembros que voten de forma negativa deberán razonar su voto y hacerlo constar en la propia acta. En caso de empate, el presidente del Consejo Rector tendrá doble voto.
Artículo 22: De las causales para abstenerse de ejercer el voto en las sesiones del Consejo Rector. Deberán abstenerse de votar y, por tanto, ausentarse del recinto durante el análisis y la votación de determinado tema, los miembros del Consejo Rector, quienes se encuentren dentro de las siguientes causales, sin detrimento de otras:
a) Quienes durante el año anterior a su nombramiento hayan tenido relaciones laborales, servicios de asesorías, consultorías o hubieran ostentado alguna representación legal de las personas físicas o jurídicas involucradas en el asunto que se está tratando.
b) Aquellos que se encuentren vinculados entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado, o por unión de hecho, con las personas físicas o los integrantes de las juntas directivas o el capital accionario de las personas jurídicas involucradas en el asunto que se está tratando.
c) Cuando el miembro mantenga cualquier otro tipo de vinculación personal, profesional, económica, societaria, asociativa o de subordinación -directa o indirecta- con personas físicas o jurídicas cuyos intereses puedan verse afectados por la decisión, y que genere un riesgo objetivo o razonable de comprometer su imparcialidad u objetividad en el asunto a resolver.
d) Los que integren o hayan integrado, en el año anterior a su nombramiento, cualquier estructura organizativa o gerencial de las sociedades mercantiles, organizaciones no gubernamentales con siglas ONG, cualquier tipo de cámaras, cualquier tipo de cooperativas, asociaciones u organización social que estén involucradas en el tema tratado.
Para efectos de la aplicación de esta norma, se establecerán de forma supletoria las definidas en la Ley Nº 6227, como causales de abstención y recusación.
Las abstenciones se computarán para efectos de quorum y para determinar el número de votantes, pero no se podrán atribuir a la mayoría ni a la minoría.
Artículo 23: De las funciones del Consejo Rector del SBD. Serán funciones del Consejo Rector las consignadas en el artículo 14 de la Ley N.º 8634, lo que incluye:
a) Definir y aprobar las políticas en materia de Gobierno Corporativo.
b) Definir y aprobar las políticas y programas necesarios para el cumplimiento de los fines de la Ley N.º 8634.
c) Aprobar el Plan de Adquisiciones.
d) Aprobar el reglamento de contratación pública de la Secretaría Técnica.
e) Definir y aprobar la estructura organizacional de la Secretaría Técnica.
f) Aprobar el reglamento autónomo de organización y de servicio.
g) Definir la Política Laboral de la Secretaría Técnica.
h) Aprobar el reglamento interno de puestos de confianza.
i) Aprobar las políticas de crédito necesarias para el cumplimiento de los fines de la Ley N.º 8634, lo cual será ejecutado por la Secretaría Técnica.
j) Autorizar la contratación bajo el régimen de puestos de confianza, de asesores técnicos independientes del Consejo Rector, para el cumplimiento de los propósitos de la Ley Nº 8634.
k) Definir y aprobar la política salarial.
l) Aprobar el presupuesto anual, los presupuestos extraordinarios y la liquidación correspondiente. Así como el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Estratégico del SBD (PESBD).
m) Aprobar los aumentos salariales de la Secretaría Técnica, cuando corresponda.
n) Nombrar y remover al Auditor Interno, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y la reglamentación de la CGR sobre este particular.
o) Nombrar y remover de su cargo cuando corresponda al director ejecutivo. La designación del director ejecutivo se llevará a cabo mediante concurso público que garantice la idoneidad y probidad de las personas participantes.
p) Autorizar las propuestas de consulta a la PGR y CGR que proponga el director ejecutivo.
q) Autorizar al director ejecutivo la delegación de sus facultades de representación, para aquellos actos, negocios o contratos que superen los cien millones de colones o cuando sean de cuantía inestimable.
r) Aprobar a quien ejerza como director ejecutivo o directora ejecutiva de la Secretaría Técnica, la apertura de cuentas en el sistema bancario nacional y autorizar las personas que figurarían como autorizada en las cuentas bancarias que mantenga la Secretaría Técnica, el FONADE y el Consejo Rector.
s) Analizar y, en caso de que así proceda, aprobar los programas que los entes financieros, los demás participantes del SBD y/o la Secretaría Técnica le presenten para ser incorporados al Portafolio de Programas del SBD, según las disposiciones establecidas en la Ley N.º 8634.
t) Realizar todas las acciones legales para recuperar los créditos otorgados a Operadores Financieros en caso de que se presenten procesos concursales.
u) Mantener actualizado un sistema de evaluación del SBD como política productiva, según lo establecido por el inciso u) del artículo 14 de la Ley N.º 8634.
v) Cualquier otra atribución prevista en las leyes aplicables y el presente Reglamento.
Artículo 24: De las prohibiciones aplicables al Consejo Rector del SBD. Se prohíbe en forma expresa al Consejo Rector realizar o autorizar condonaciones o cualquier otro acto similar, a excepción de los desembolsos autorizados por esta ley, los cuales impliquen la reducción del patrimonio del SBD. Esos actos serán absolutamente nulos y generarán responsabilidades personales y patrimoniales para los miembros del Ente Rector.
Artículo 25: De los asesores técnicos del Consejo Rector. La Secretaría Técnica, a instancia del Consejo Rector, podrá contratar asesores profesionales para este cuerpo colegiado que apoyen con su criterio técnico el proceso de toma de decisiones de ese órgano decisor.
Capítulo IVDE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 26: De la creación de la Secretaría Técnica del Consejo Rector. La Secretaría Técnica del Consejo Rector es un órgano público con personalidad jurídica adscrito al Consejo Rector del SBD. Estará a cargo de un director ejecutivo o una directora ejecutiva, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial con las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de conformidad con lo establecido en el artículo 1253 del Código Civil.
Artículo 27: Del ámbito de competencia. La Secretaría Técnica podrá suscribir todo tipo de convenios, alianzas estratégicas, cartas de entendimiento y cualquier otro tipo de figura permitida por el derecho público y privado, así como contratar con otros entes de derecho público, los cuales deberán aprobarse previamente por el Consejo Rector.
Para el cumplimiento exclusivo de los objetivos establecidos en la Ley N.º 8634, y, en acatamiento de las políticas, directrices y los lineamientos del Consejo Rector, la Secretaría Técnica queda facultada para implementar diferentes herramientas y mecanismos que el ordenamiento jurídico le permite.
Artículo 28: De la organización de la Secretaría Técnica del Consejo Rector. El Consejo Rector definirá la estructura organizacional y de servicio, la cual entre otros aspectos contemplará la estructura de salarios y lo referente a la creación de plazas de la Secretaría Técnica, mediante el reglamento autónomo de organización y de servicio, de acuerdo con el artículo 14, inciso h) y el artículo 17 de la Ley N.º 8634. Para estos efectos, el Consejo Rector tendrá la potestad de:
a) Aprobar la creación de las plazas de la Secretaría Técnica, seleccionar y hacer los movimientos de personal, contrataciones tanto de tiempo indefinido como temporal, con utilización total o parcial de la jornada.
b) Definir mediante reglamento los lineamientos sobre puestos de confianza en el SBD.
c) Delegar en la Dirección Ejecutiva todos los aspectos relacionados con la administración de la Secretaría Técnica, la contratación del recurso humano y demás aspectos que considere pertinentes.
d) Aprobar el respectivo manual de puestos y el sistema de valoración de puestos de la Secretaría Técnica.
e) Aprobar, a solicitud de la Dirección Ejecutiva, las reestructuraciones organizacionales y las reasignaciones individuales, los cambios de nomenclatura, la clasificación y la valoración de puestos; así como la creación de nuevos puestos dentro de su estructura organizacional y ocupacional, cuando así se requiera, las cuales deberán sustentarse en estudios técnicos.
f) Aprobar la estructura de salarios de la Secretaría Técnica, los incrementos salariales, revaloraciones, modificaciones de la escala y otros conceptos salariales y técnicos correlacionados para su personal.
g) Aprobar la aplicación de estrategias de teletrabajo y jornadas laborales acordes con el servicio que brinda el SBD.
La Secretaria Técnica del Consejo Rector del SBD, para el adecuado desempeño de sus funciones, contará con los siguientes Comités Administrativos: Comité Ejecutivo, Comité de Crédito y Comité de Adquisiciones, sin perjuicio que puedan crearse otros mediante acuerdo del Consejo Rector, según lo requieran las necesidades institucionales o bien sea establecido por el ordenamiento jurídico.
Artículo 29: De la estructura salarial de la Secretaría Técnica del Consejo Rector. La Secretaría Técnica del Consejo Rector, contará con una estructura salarial que promueva la carrera organizacional de sus trabajadores, la cual, en ningún caso podrá contravenir lo dispuesto en las leyes de trabajo. La estructura salarial será determinada por el Consejo Rector, con fundamento en los estudios técnicos y las mejores prácticas correspondientes. El Consejo Rector del SBD podrá establecer un sistema de evaluación del desempeño y productividad e incentivos económicos a sus trabajadores. El trabajador que no cumpla con los parámetros de eficiencia y eficacia establecidos será susceptible de un plan de mejora o bien, según sea el caso, de la imposición de las medidas disciplinarias que correspondan.
Artículo 30: De los recursos de administración y operación de la Secretaría Técnica. El Consejo Rector queda facultado para destinar anualmente, hasta uno y medio por ciento (1,5%) de los recursos del FONADE para cubrir los gastos administrativos y operativos de la Secretaría Técnica del Consejo Rector. Dicho porcentaje se calculará con base en la metodología que a los efectos disponga el Consejo Rector. Para la determinación del patrimonio no se consideran los recursos provenientes por endeudamiento.
La cobertura para el acceso a crédito en las diferentes regiones del país se ejecutará prioritariamente por medio de los operadores financieros y otros agentes especiales que acredite el Consejo Rector. Para coadyuvar con el proceso de inclusión financiera, el Consejo Rector podrá autorizar mecanismos opcionales de banca de primer piso en los casos en que sea necesario, los cuales se harán utilizando la estructura y los recursos del FONADE.
Los gastos y las inversiones asociados con el proceso de regionalización de los recursos del SBD, que ejecute directamente la Secretaría Técnica del Consejo Rector, se cubrirán con recursos del FONADE de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley N.º 8634.
De igual forma, se podrá destinar recursos para el apoyo logístico y de alimentación que conlleven la ejecución de las funciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley N.° 8634 y sus reformas. El Consejo Rector, mediante reglamentación interna, desarrollará los parámetros y alcances para la asignación de estos recursos.
Los superávits, si los hubiera, se clasificarán como específicos para los fines y las necesidades que defina el Consejo Rector.
Artículo 31: De la normativa de la Secretaría Técnica. Para la ejecución, articulación, coordinación e implementación de los alcances de la Ley N.º 8634 y sus reformas, así como de la unidad de la totalidad de los recursos establecidos para el SBD y hacer más ágil su funcionamiento, la Secretaría Técnica del Consejo Rector podrá implementar, disposiciones administrativas, manuales, circulares, procedimientos u otras normativas de menor rango, para operativizar todas las funciones asignadas a ésta, debiendo informar lo correspondiente al Consejo Rector en el marco de su rendición de cuentas ante ese órgano.
En los casos de políticas, lineamientos, reglamentos internos y otros instrumentos de naturaleza directiva, la Secretaría Técnica deberá contar con la debida aprobación del Consejo Rector para su implementación.
Artículo 32: De la no sujeción del SBD y la Secretaría Técnica a las disposiciones normativas que se indican. El Consejo Rector del SBD y su Secretaría Técnica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley N.º 8634, no estarán sujetos a la Ley N.º 8131, excepto en lo correspondiente al trámite de aprobación de sus presupuestos; así como a lo regulado en los artículos 57 y 94 y el Título X de dicha Ley.
El enfoque estratégico de la Secretaría Técnica, según lo dispuesto en la Ley N.º 8634, respecto a los fines y medios establecidos para cumplir con sus objetivos, es el de una organización financiera de desarrollo, cuya actividad sustancial es en materia de acceso a financiamiento para sectores productivos, inclusión financiera y económica; actividades orientadas por principios fundamentales del servicio público.
Artículo 33: Del régimen de empleo mixto aplicable. Por sus objetivos y funciones, el SBD se considera un servicio económico del Estado; por lo tanto, los trabajadores directos del Consejo Rector, así como los de su Secretaría Técnica, en cuanto a su régimen de empleo, no se consideran servidores públicos en sentido estricto y, por ende, sus relaciones laborales se regirán por el derecho laboral privado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111, inciso 3) y 112, inciso 2) de la Ley N.º 6227. No obstante, a quienes realicen gestión pública propiamente dicha, se les considera funcionarios públicos.
A los trabajadores del Consejo Rector y la Secretaría Técnica se les excluye de aplicarles la Ley N.º 8131, incluyendo la Autoridad Presupuestaria y sus directrices, la Ley Marco de Empleo Público, N.º 10159, el Régimen del Servicio Civil y las resoluciones de la Dirección General de
Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador general y jefe Inmediato de la Secretaría Técnica del Consejo Rector, a la vez que vigila la organización y el funcionamiento de todas sus dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos del SBD, y el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Rector.
Servicio Civil, así como de la Ley N.º 2166. Quienes hubieran iniciado su relación de empleo con anterioridad a la promulgación de la Ley N.º 9274, Reforma Integral de la Ley N.º 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y reforma a otras leyes y este Reglamento, mantendrán los derechos adquiridos.
Artículo 34: Del director ejecutivo de la Secretaría Técnica del Consejo Rector. La administración de la Secretaría Técnica estará a cargo de un director(a) ejecutivo(a), según dispone la Ley N.º 8634 y el presente Reglamento, pudiendo otorgar poderes de representación a otros funcionarios, previamente justificados y aprobados por el Consejo Rector.
Artículo 35: De las atribuciones del Director(a) Ejecutivo(a). El Director(a) Ejecutivo(a) de la Secretaría Técnica del Consejo Rector tendrá las siguientes atribuciones:
a) Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador general y jefe Inmediato de la Secretaría Técnica del Consejo Rector, a la vez que vigila la organización y el funcionamiento de todas sus dependencias, la observancia de las leyes y los reglamentos del SBD, y el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Rector.
b) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, en donde tendrá voz, pero no voto. Sin embargo, cuando lo considere necesario el Consejo Rector, podrá constar en las actas respectivas sus opiniones sobre asuntos que se debaten.
c) Ejecutar, articular, coordinar e implementar los alcances de la Ley N.º 8634, de conformidad con las políticas, reglamentos y acuerdos del Consejo Rector.
d) Gestionar la totalidad de recursos establecidos para el SBD en el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con las políticas, reglamentos y acuerdos del Consejo Rector.
e) Suministrar al Consejo Rector la información exacta y completa que sea necesaria para asegurar el buen gobierno y dirección superior del SBD.
f) Realizar un control y un seguimiento de la correcta asignación del financiamiento otorgado a sujetos beneficiarios del SBD.
g) Proponer al Consejo Rector las normas generales de las políticas de la institución y velar por su debido cumplimiento.
h) Presentar al Consejo Rector, para su aprobación, el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría Técnica, los presupuestos extraordinarios que fueran necesarios, así como los informes de liquidación, los planes estratégicos y operativos institucionales, los modelos de gestión y medición del desempeño de los funcionarios y la entidad; así como velar por su correcta aplicación.
i) Aprobar las modificaciones presupuestarias que se realicen anualmente de acuerdo con las normas establecidas, para tal fin, por la Contraloría General de la República.
j) Presentar ante el Consejo Rector, con su respectiva recomendación, las solicitudes de Acreditación de operadores financieros públicos y privados.
k) Recibir y analizar los informes que presenten los operadores de los Programas de apoyo financiero y servicios no financieros de desarrollo empresarial, con el fin de informar al Consejo Rector si cumplen con los objetivos de la Ley N.º 8634.
l) Presentar ante el Consejo Rector, con la periodicidad que éste defina, un informe de rendición de cuentas sobre los niveles de inclusión financiera de las personas beneficiarias del SBD.
m) Presentar ante el Consejo Rector para su valoración, un informe anual de los recursos destinados a los diferentes proyectos productivos, con el fin de cuantificar si al menos el cuarenta por ciento (40%) de los recursos del SBD se destinaron a proyectos agropecuarios, acuícolas, pesqueros, agroindustriales o comerciales asociados. El informe anual también debe contener un reporte del cumplimiento de las metas de colocación o de la distribución de los recursos asignados a los sectores estratégicos y para regionalización u otra asignación de recursos para beneficiarios específicos que esté contenida en la Ley N.º 8634, el presente Reglamento, o que haya sido acordada por el Consejo Rector. De ser necesario, el Consejo Rector tomará las medidas que considere pertinentes para una mejor distribución de los recursos y alcanzar los porcentajes establecidos.
n) Coordinar con el CONASSIF los mecanismos necesarios para el desarrollo de información agregada del SBD, con el fin de medir su evolución y comportamiento. Para ello, los bancos privados que opten por el inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644 y los operadores financieros (supervisados y no supervisados) deberán suministrar la información necesaria, para revelar datos conjuntos y relevantes de las operaciones que hayan efectuado bajo el amparo del SBD. Esta información será remitida también al Banco Central de Costa Rica.
o) Proponer al Consejo Rector la creación de plazas y servicios indispensables para el debido funcionamiento de la Secretaría Técnica.
p) Nombrar, remover y realizar cualquier movimiento de personal de la Secretaría Técnica, en apego a las disposiciones normativas aplicables, las cuales en ningún caso podrán quedar en inferioridad de condiciones a las prescritas en las leyes de trabajo.
q) Atender las relaciones con los personeros de los integrantes y colaboradores del SBD y las entidades relacionadas directa e indirectamente con el SBD, de acuerdo con las instrucciones que le imparta el Consejo Rector.
r) Autorizar con su firma, juntamente con el presidente del Consejo Rector, los documentos que determinen las leyes, los reglamentos de la institución y los acuerdos del Consejo Rector.
s) Autorizar con su firma los procedimientos operativos aplicables para la Secretaría Técnica del Consejo Rector del SBD y el FONADE, o los que corresponda avocarse conforme la Ley General de Administración Pública.
t) Colaborar con el presidente del Consejo Rector en la preparación de la agenda de las sesiones del Consejo.
u) Resolver en último término los asuntos que no estuvieran reservados a la decisión del Consejo Rector.
Suscribir toda clase de Convenios y alianzas estratégicas que apruebe el Consejo Rector.
w) Definir, en conjunto con el presidente del Consejo Rector, la vocería y los demás asuntos de comunicación, entendidos estos como: (i) la coordinación de mensajes oficiales del SBD, (ii) la validación de comunicados públicos, (iii) la estrategia de divulgación de decisiones del Consejo Rector, (iv) Coherencia y consistencia de la imagen institucional. Todo ello conforme la normativa o lineamientos internos previamente aprobados.
x) Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la Ley N.º 8634, los reglamentos del SBD, los lineamientos del Consejo Rector, la Ley General de la Administración Pública, la Ley General de Control Interno y demás normativa jurídica y administrativa aplicable a su cargo.
Artículo 36: Del nombramiento del director ejecutivo. El Consejo Rector del SBD, nombrará por mayoría calificada de la totalidad de sus miembros, al director ejecutivo o la directora ejecutiva por un período de cinco años, prorrogables hasta por un máximo de dos años más.
El nombramiento se realizará por idoneidad comprobada, mediante concurso público de antecedentes, conforme a la normativa técnica aplicable y tomando como referencia las mejores prácticas en esta materia.
Los requisitos mínimos para ser director ejecutivo o directora ejecutiva son los siguientes:
a) Ser costarricense.
b) Ser mayor de treinta años.
c) Tener idoneidad técnica: grado académico universitario mínimo de Licenciatura o bachiller con Maestría en las carreras de Economía, Finanzas, Ciencias Económicas, Derecho y disciplinas afines.
d) Acreditar al menos cinco años de experiencia en el ejercicio profesional en materia de interés.
e) Estar incorporado y activo en el colegio profesional respectivo.
f) Demostrar los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo, mediante la aprobación de pruebas técnicas.
El procedimiento para el nombramiento del director(a) ejecutivo(a) será definido por el Consejo Rector, publicado previo al inicio del concurso correspondiente.
Artículo 37: De la remoción del director ejecutivo. El director ejecutivo o la directora ejecutiva, podrá ser removido de su cargo en cualquier momento por justa causa por los siguientes motivos:
a) Cuando técnicamente se justifique y acredite que no ha cumplido adecuadamente las labores encomendadas en la Ley N.º 8634 y su reglamento, o bien incumple las labores, tareas y funciones encomendadas por el Consejo Rector.
b) Por dolo o culpa grave.
Las causales anteriores, se acreditarán siguiendo el procedimiento administrativo establecido en el Libro Segundo de la Ley General de Administración Pública, en estricto apego a los elementos constitutivos del debido proceso establecidos por la Sala Constitucional, y no acarrearán indemnizaciones pecuniarias salvo lo establecido por la legislación laboral como derechos adquiridos.
También podrá ser removido, cuando su permanencia en el cargo distorsione, imposibilite o ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos y programas establecidos en la Ley N.º 8634 y su reglamento, así como las disposiciones dictadas por el Consejo Rector, según consideraciones de oportunidad y conveniencia definidas y debidamente acreditadas por este órgano colegiado.
Para la remoción del director ejecutivo o directora ejecutiva se requerirá de un acuerdo adoptado por mayoría calificada del total de los miembros del Consejo Rector.
Capítulo VAUDITORÍA INTERNA
Artículo 38: Del concepto funcional y competencia de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al Consejo Rector, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, asegurar el cumplimiento de las políticas y acuerdos del Consejo Rector, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, el control y los procesos de dirección.
Además de las funciones establecidas en la Ley General de Control Interno N.º 8292, a la Auditoría Interna le compete primordialmente, lo siguiente:
a) Auditar la Secretaría Técnica del Consejo Rector del SBD.
b) Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, según la Ley N.º 8634, los reglamentos del SBD, los lineamientos del Consejo Rector y demás disposiciones pertinentes. La Auditoría Interna ejercerá sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y las demás instancias.
c) Ejecutar el plan de trabajo, el cual deberá ser presentado al Consejo Rector para su revisión, de previo a su aprobación.
La Auditoría Interna deberá regirse por las disposiciones, normas técnicas, lineamientos y guías emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de la CGR, N.º 7428 y la Ley General de Control Interno, N.º 8292. Será responsabilidad del Auditor Interno velar por la actualización permanente de los procedimientos, metodologías y herramientas de auditoría, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
Artículo 39: Del nombramiento y remoción del auditor o auditora Interno. Con el voto favorable de al menos cuatro de sus miembros, el Consejo Rector nombrará a un Auditor Interno.
Para la suspensión o la destitución del auditor o auditora interno, deberá realizarse un procedimiento de investigación que determine la veracidad de los hechos probatorios, en el cual deberá respetarse el cumplimiento de los elementos constitutivos del derecho fundamental a la defensa y debido proceso. En caso de demostrarse haber incurrido en falta, podrá aplicarse sanción disciplinaria. Tanto para el nombramiento o la remoción del auditor o auditora interno, deberá respetarse la Ley General de Control Interno, Ley N.º 8292 y las disposiciones emanadas por la CGR en esta materia.
Capítulo VIPERSONAS BENEFICIARIAS Y SECTORES PRIORITARIOS
Artículo 40: De las personas beneficiarias del SBD. Son sujetos beneficiarios del SBD los señalados en el artículo 6 de la Ley N.º 8634. En relación con los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, se rigen por los siguientes parámetros:
a) Micro productor agropecuario: unidad productiva agropecuaria, cuyos ingresos brutos anuales no superen el equivalente a los trescientos sesenta y un salarios base. Para el caso de las unidades productivas de piña y de la categoría de plantas, flores y follajes, serán las que cuyos ingresos brutos anuales no superen el equivalente a los cuatrocientos sesenta y un salarios base. El concepto de salario base es el establecido en la Ley N.º 7337.
b) Pequeño productor agropecuario: unidad productiva agropecuaria cuyos ingresos brutos anuales sean mayores a trescientos sesenta y un salarios base, pero no superen el equivalente a los setecientos veintidós salarios base. Para el caso de las unidades productivas de piña y de la categoría de plantas, flores y follajes, serán las que cuyos ingresos brutos anuales sean mayores a cuatrocientos sesenta y un salarios base, pero no superen el equivalente a los novecientos veintiún salarios base. El concepto de salario base es el establecido en la Ley N.º 7337.
c) Mediano productor agropecuario: unidad productiva agropecuaria cuyos ingresos brutos anuales sean mayores a setecientos veintidós salarios base, pero no superen el equivalente a cuatro mil trescientos nueve salarios base. Para el caso de las unidades productivas de piña y de la categoría de plantas, flores y follajes, serán las que cuyos ingresos brutos anuales sean mayores a novecientos veintiún salarios base, pero no superen el equivalente a los cuatro mil trescientos nueve salarios base. El concepto de salario base es el establecido en la Ley N.º 7337.
Para determinar los beneficiarios de organizaciones socio productivas de la economía Social Solidaria o de modelos Asociativos Empresariales y Asociatividad, se deberá respetar los parámetros de micro, pequeño o mediano modelo de negocio o productor agropecuario, definidos con el criterio técnico del MEIC, el MAG, y MTSS, los cuales reglamentarán y harán pública la metodología de cálculo que se utilizará para dicha definición, pudiendo contemplar distintas subcategorías cuando corresponda.
Las organizaciones que se identifiquen como modelos asociativos empresariales de la economía social solidaria deberán contar con una certificación de su condición de organización socio productiva. Esta certificación será emitida bajo los parámetros que establezca el Poder Ejecutivo.
Como parte de los modelos asociativos empresariales, se podrán establecer programas para apoyar a los sectores productivos prioritarios de todas las actividades productivas, incluyendo emprendimientos creativos y culturales, de conformidad con la Ley N.º 10032 del 12 de noviembre de 2021, Ley Impulso a la Economía de la Cultura y la Creatividad.
El Consejo Rector podrá establecer regulación relacionada con grupos empresariales, de interés económico o vinculados que deberán considerar los operadores financieros y demás participantes en la canalización de recursos de esta Ley, con el fin de que no se otorgue crédito a sujetos no beneficiarios de la Ley que aprovechan el uso de figuras jurídicas para favorecerse.
Artículo 41: De los sectores prioritarios del SBD. Los sectores prioritarios del SBD corresponden a los definidos en el artículo 7 de la Ley N.º 8634.
El Consejo Rector diseñará la política y directrices que promuevan que los operadores del SBD brinden tratamiento prioritario a los proyectos impulsados por los sectores señalados.
Además, establecerá las medidas que permitan lograr que los operadores del SBD canalicen al menos el 40% de los recursos del SBD con los fondos FOFIDE, FONADE, CREDES, FCD para los sectores que la Ley define como prioritarios, dando énfasis a los programas y productos que apoyen la regionalización.
Asimismo, definirá una política de tasas de interés y márgenes acordes con objetivos de inclusión financiera, basados en modelos de crédito y microfinanzas.
El Consejo Rector establecerá los mecanismos oficiales que se deberán utilizar para dar a conocer las políticas y sus actualizaciones a todas las partes interesadas; a fin de garantizar una adecuada y oportuna información que fortalezca la transparencia.
Artículo 42: De las medianas empresas como beneficiarias del SBD. Las medianas empresas pertenecientes a todos los sectores productivos podrán optar por recibir los beneficios de la Ley N.º 8634 cuando cumplan con los criterios y las condiciones que al efecto disponga el Consejo Rector, para lo cual procurará un equilibrio entre las necesidades de financiamiento de los diferentes sectores económicos, así como el alto impacto en el desarrollo nacional bajo criterios de empleo generado, contribución a la sostenibilidad ambiental, al desarrollo tecnológico y al encadenamiento productivo, entre otros factores asociados con el desarrollo económico y social del país. Se dará prioridad a la atención de medianas empresas y medianos productores agropecuarios.
Para este tipo de beneficiarios, el Consejo Rector podrá definir un máximo de utilización de cada uno de los fondos estipulados en el artículo 9 de la Ley N.º 8634. También podrá acordar o no límites máximos de concentración de las carteras de créditos financiadas con los recursos del SBD en procura de un equilibrio entre las necesidades de financiamiento de los diferentes beneficiarios del SBD.
En el caso del Fondo de avales, los recursos de capital semilla y de capital de riesgo del FONADE, el Consejo Rector podrá delimitar de forma diferenciada al fondo de financiamiento del FONADE, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos y la naturaleza de estos.
A falta de una delimitación respecto al límite máximo de participación de medianas empresas para cada uno de los fondos del SBD, el límite se ubicará en 15% de los recursos de cada fondo.
Artículo 43: Del acceso equitativo para las mujeres. El SBD diseñará la política para neutralizar las inequidades por razones de género, con políticas de financiamiento y apoyo no financiero que posibiliten un acceso equitativo de las mujeres, en cuanto al acceso al crédito, avales, garantías, condiciones y servicios no financieros y desarrollo empresarial.
Para los fines que persigue la Ley N.º 8634, las entidades financieras que accedan a los recursos del SBD deberán tener, entre sus programas de financiamiento y condiciones, políticas especiales que compensen las desigualdades de género. Así como garantizar en los programas aprobados los mecanismos de atención diferenciada.
Capítulo VIIACREDITACIÓN Y REGISTRO DE INTEGRANTES Y PARTICIPANTES EN EL SBD
Artículo 44: Del proceso y los requisitos de acreditación y registro de operadores financieros del SBD y otros participantes. Las entidades que califiquen dentro de los alcances establecidos en la Ley N.º 8634, para ser considerados como operadores financieros, agentes especiales, ejecutores de servicios de desarrollo empresarial, agencias operadoras de capital semilla y capital de riesgo, sociedades administradoras de fondos de inversión, estructuradores, entidades autorizadas del Sistema de Crédito Rural y cualquier otro sujeto participante del SBD que requiera licencia o registro; deberán completar los formularios de solicitud establecidos para este propósito y proveer la información que el Consejo Rector autorice solicitar, en la forma y medios que al efecto se dispongan.
El Consejo Rector establecerá los requisitos para la Acreditación o registro que debe cumplir cada participante, según corresponda, pudiendo revocar el acto de Acreditación cuando el participante deje de cumplir con dichos requisitos señalados previo trámite del procedimiento administrativo respectivo, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda haber incurrido.
En el caso de las entidades supervisadas por la SUGEF que la Ley N.º 8634 autorizó como operadores financieros, concretamente: los bancos privados que opten por lo dispuesto en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, y los Bancos Públicos que canalizan los recursos del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE) y cuando estos bancos no utilicen otros recursos del SBD, se aplicará un procedimiento de registro con un requerimiento mínimo de información igual que en el caso de las sociedades administradoras de fondos de inversión que deseen inscribirse para la administración de fondos de capital de riesgo con apoyo del SBD.
Los operadores financieros que no realizan intermediación financiera deberán acatar los modelos de riesgos y seguimiento de entidades no supervisados que el Consejo Rector apruebe para tal efecto, así como cumplir con las recomendaciones que determine la Secretaría Técnica del Consejo Rector en cada seguimiento o evaluación periódica que se realice.
Los operadores financieros deberán contar con capacidad tecnológica para establecer procesos de conectividad para operaciones en línea e intercambio de información, de acuerdo con los requerimientos que para tal fin se establezcan.
Los operadores financieros y agentes especiales acatarán fielmente las políticas y las directrices que establezca el Consejo Rector del SBD, de acuerdo con las atribuciones definidas en la Ley N.º 8634.
Todos los operadores financieros del SBD deberán hacer rendición de cuentas en torno a la inclusión financiera ante el Consejo Rector una vez al año.
Artículo 45: De la aprobación de programas. Los diferentes programas que presenten los operadores financieros al Consejo Rector deben cumplir con los requisitos e información que al efecto se dispongan. El trámite para su aprobación se regirá conforme las reglas y medios habilitados por la Secretaría Técnica.
Dichos programas deberán establecer las tácticas de los operadores para disminuir la brecha de género, crear mayor inclusión financiera, atender los sectores prioritarios y las zonas de menor desarrollo según la ley, incluyendo los modelos asociativos. Además, se deberá justificar ante el Consejo Rector los márgenes de interés con que se atenderán a los sujetos beneficiarios de la Ley N.º 8634.
El Consejo Rector definirá la naturaleza, periodicidad y requisitos del seguimiento y control que se dará a la aprobación de los programas; además le corresponde establecer los mecanismos de control para verificar que todos los integrantes del SBD cumplan con las obligaciones de información de los beneficios fiscales y parafiscales derivadas de la naturaleza de los fondos.
Artículo 46: De la licencia de operación. La Acreditación de un Operador Financiero, agente especial u otro tipo de integrante o participante del SBD, se materializa por medio de una licencia para operar con el SBD, aprobada por el Consejo Rector, para todas las entidades que hayan cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley N.º 8634, este Reglamento y las disposiciones específicas, que al efecto se emitan y cualquier otra disposición normativa que se encuentre vigente y le sea aplicable.
Los agentes especiales que participen en la canalización de recursos, bajo el amparo de un programa autorizado a un operador financiero, estarán sujetos a las pautas que al efecto determine el Consejo Rector.
Artículo 47: De los alcances de la Acreditación. La acreditación por parte del Consejo Rector determina la capacidad que tiene una entidad para operar programas o proyectos acordes con los objetivos del SBD, con un adecuado manejo de los riesgos y una oferta de valor para el cliente que contribuya con su desarrollo empresarial. Adicionalmente, se analizará el riesgo relacionado con cada una de las entidades para efectos de conceder el acceso a los recursos del SBD, salvo en casos de entidades ya autorizadas por la Ley N.º 8634, en las que ellas asumen su propio riesgo.
El Consejo Rector, a través de la Secretaría Técnica y su personal, debe colaborar en la capacitación y asesoramiento de los operadores a fin de contribuir con los objetivos establecidos en la Ley N.º 8634. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad de los operadores mantenerse actualizado en relación con la normativa que rige el SBD.
Artículo 48: Del control y seguimiento de los programas. Los operadores financieros y demás participantes del SBD deberán incorporar, como parte de su gobierno corporativo, el control y el seguimiento de los resultados de los programas acreditados ante el Consejo Rector, a efecto de verificar el cumplimiento de los planes y los objetivos establecidos en el marco de los alcances de la Ley N.º 8634. Además, facilitarán el acceso a la información necesaria para las auditorías externas contratadas por el Consejo Rector.
Los operadores y cualquier otro destinatario de las recomendaciones de la auditoría interna deberán atender las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna del SBD, para lo cual seguirán los lineamientos que sobre este tema apruebe el Consejo Rector.
Artículo 49: De la actualización de información de los programas aprobados. En cualquier momento los operadores financieros, demás participantes, así como la Secretaría Técnica, podrán solicitar ante el Consejo Rector, la incorporación de nuevos productos y servicios asociados, o bien, la modificación de los vigentes, debiendo cumplir con los requisitos y las condiciones específicas establecidas en el presente Reglamento.
Artículo 50: De la revocatoria de la Acreditación o suspensión de licencias. El Consejo Rector podrá revocar la Acreditación y, como consecuencia de ello, la licencia de operación otorgada a un operador financiero, y demás participantes, así como un programa en específico, para lo cual, de previo se realizará un procedimiento administrativo ordinario que garantice el debido proceso y de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 6227, cuando por cualquier mecanismo de evaluación y seguimiento se verifique que el Operador Financiero o participante acreditado, según corresponda:
a) No cumple con los objetivos del SBD, de acuerdo con los indicadores establecidos para el uso y colocación de los recursos del SBD.
b) Canaliza recursos del SBD a personas que no son beneficiarias definidas en la Ley N.º 8634.
c) No hace efectivo el pago de las obligaciones financieras adquiridas de los recursos del SBD.
d) Cuando la Dirección de Riesgos de la Secretaría Técnica señale deficiencias en la gestión del Operador Financiero o los resultados en la evaluación de un programa en específico, conforme lo dispuesto por el Consejo Rector.
e) Hallazgos, conclusiones o recomendaciones surgidos de los estudios de las auditorías externas o internas de los integrantes del SBD, así como de las recomendaciones de los estudios de la Auditoría Interna de Secretaría Técnica del SBD.
El Consejo Rector podrá revocar la autorización de un programa específico, sin que ello conlleve necesariamente revocar la Acreditación.
La revocatoria de la Acreditación no afectará las obligaciones adquiridas ante el SBD. El operador financiero o demás participantes del SBD, podrán solicitar una nueva Acreditación hasta un año calendario después de haber sido notificado de la revocatoria. En caso de reincidencia, podrá solicitar la Acreditación transcurridos cinco años. Ambos plazos, contados a partir del día siguiente a la notificación de la revocatoria de la acreditación.
Al tratarse de los bancos privados que opten por el inciso ii) del artículo 59 Ley N.º 1644 y los bancos administradores del FCD, la revocación no afectará las obligaciones adquiridas, sea en función del inciso ii) o del contrato de administración respectivo, sin perjuicio de la aplicabilidad de sanciones previstas para estos casos en la Ley N.º 8634.
Capítulo VIIIRECURSOS Y FONDOS DEL SBD
Sección IDEL FONADE
Artículo 51: De la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE). El FONADE, es un patrimonio autónomo, administrado por la Secretaría Técnica del Consejo Rector, el cual se crea con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. Los recursos del FONADE se distribuirán bajo los lineamientos y las directrices que emita el Consejo Rector en favor de las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634.
El Fondo contará con plataformas tecnológicas, las cuales se financiarán con cargo a su patrimonio y cuyas inversiones serán consideradas en el presupuesto del mismo. Este presupuesto es para el desarrollo, administración, expansión, actualización y mantenimiento de todo aquel software, hardware y diversos sistemas tecnológicos, necesarios para la adecuada gestión del FONADE.
La Secretaría Técnica deberá tomar las acciones para que los Sistemas Tecnológicos del FONADE cuenten con las herramientas adecuadas para prevenir ataques cibernéticos o cualquier otro tipo de vulneración de estos.
Artículo 52: Del endeudamiento del FONADE. La Secretaría Técnica, con la aprobación previa por parte del Consejo Rector, contratará y ejecutará a nombre y por cuenta del FONADE los endeudamientos que se requieran, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 15 y 38 de la Ley N.º 8634, debiendo informar al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Costa Rica.
La Secretaría Técnica, previa autorización del Consejo Rector, podrá gestionar líneas de crédito con bancos estatales, bancos multilaterales, bancos bilaterales, bancos de desarrollo, bancos de exportación y cualquier organismo internacional, las que deberá someter para aprobación del Consejo Rector.
Artículo 53: Sobre emisión de valores. Para proceder con la emisión de valores, es imprescindible contar con la autorización previa del Consejo Rector del SBD. Esta autorización se basa en una evaluación exhaustiva de la capacidad de devolución del FONADE, considerando su desempeño histórico y la gestión integral de riesgos asociados al Fondo.
Antes de proceder con la emisión de valores, deberá la Secretaría Técnica del Consejo Rector realizar un estudio detallado sobre las necesidades de financiamiento, alineándolos con programas específicos previamente aprobados por el Consejo Rector. Estos estudios deben justificar técnicamente la demanda proyectada de recursos, tomando en cuenta el porcentaje y ritmo de colocación del Fondo de Financiamiento del FONADE.
La emisión de valores debe cumplir con los requerimientos establecidos por la SUGEVAL, de conformidad con las normas aplicables en esa materia. Esto incluye la presentación de un prospecto detallado que informe sobre las características de la emisión, ya sea por oferta pública o privada. La oferta pública estará disponible para cualquier inversor, mientras que la oferta privada se dirija a inversionistas institucionales, organismos multilaterales, bilaterales, empresas con interés en coinversión o inversión, estructuradores o fondos especializados.
Los valores emitidos por el FONADE pueden ser de oferta pública o privada, los que podrán ser adquiridos por los intermediarios financieros de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley N.º 8634, y el artículo 59 de la Ley N.º 1644, bancos multilaterales de desarrollo, agencias de desarrollo, inversionistas institucionales y profesionales; asimismo, el FONADE podrá titularizar sus flujos de ingresos futuros, sus bienes o un conjunto prefijado de activos y sus correspondientes flujos de ingresos.
La emisión de valores puede realizarse mediante bonos de desarrollo o instrumentos de deuda respaldados por la titularización de flujos futuros o derechos de cobro. Además, estas emisiones cuentan con la garantía del Estado, según lo previsto en el artículo 15 de la Ley N.º 8634.
Artículo 54: De las líneas de crédito con recursos del FCD al FONADE. Los bancos administradores del FCD facilitarán líneas de crédito al costo al FONADE con recursos del FCD, para que este los canalice bajo condiciones que establezca el Consejo Rector y en los términos señalados en la Ley.
Artículo 55: De los fines de los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo. El Consejo Rector definirá de manera estratégica la participación relativa de cada uno de los sub fondos que conforman al FONADE, dando relevancia a los recursos direccionados para los sectores prioritarios.
En caso de recursos aprobados para un programa u operador, y estos recursos no se hayan utilizado oportunamente, el Consejo Rector tendrá la potestad de redireccionar los mismos a otros programas u operadores que estén demandando recursos para apoyar sujetos beneficiarios del SBD.
Sección IIFONDO DE FINANCIAMIENTO DEL FONADE
Artículo 56: Operación del fondo de financiamiento del FONADE. El fondo de financiamiento del FONADE servirá para impulsar programas orientados al apoyo financiero de beneficiarios del SBD. Funcionará bajo un esquema de banca de segundo piso, para el financiamiento de operaciones crediticias, factoraje financiero, arrendamiento financiero y operativo, microcréditos y proyectos del sector agropecuario; así como otras operaciones activas que los usos, las prácticas y las técnicas nacionales o internacionales admitan como propias de la actividad financiera y bancaria, según las disposiciones que para estos efectos emita el Consejo Rector.
Estos fondos se utilizarán también para apoyo de proyectos de capital semilla y de riesgo, para lo cual se destinará un fondo especial separado con el monto que establezca el Consejo Rector, según el apetito de riesgo.
Este fondo también podrá complementar el financiamiento de los programas de los operadores financieros aprobados por el Consejo Rector, bajo la modalidad de crédito sindicado.
La cobertura para acceso a crédito en las diferentes regiones del país, la ejecutarán los operadores financieros acreditados por el Consejo Rector.
Para apoyar con el proceso de inclusión financiera y económica, el Consejo Rector podrá establecer mecanismos alternos para canalizar los recursos en caso de ser estrictamente necesario.
Artículo 57: Colocación de recursos del fondo de financiamiento del FONADE. La Secretaría Técnica del Consejo Rector podrá proponer al Consejo Rector las condiciones para la colocación de estos recursos considerando los diferentes tipos de proyectos productivos, la inclusión financiera y económica y la sostenibilidad financiera del FONADE, así como los parámetros establecidos en la Ley y disposiciones del Consejo Rector. Dichas condiciones deberán ser operativamente viables y valorar el criterio de los operadores, de previo a su emisión.
El Consejo Rector establecerá el porcentaje mínimo de colocación y buscará mecanismos para mejorar su colocación a través de los operadores financieros no regulados por la SUGEF, tales como, microfinancieras, asociaciones, cooperativas de producción y entes acreditados del sector privado con esquemas de atención a los beneficiarios de la Ley N.º 8634 y el presente Reglamento.
Estas organizaciones podrán tener alianzas y crédito sindicado con otros operadores financieros.
Las zonas de menor desarrollo definidas por el MIDEPLAN tendrán prioridad para el desarrollo de esquemas o programas según lo estipulado en el presente Reglamento.
Artículo 58: De la asignación de recursos. Los recursos del fondo de financiamiento del FONADE se asignarán entre los operadores financieros, según las disposiciones que el Consejo Rector defina para estos propósitos.
Periódicamente, la Secretaría Técnica del Consejo Rector propondrá al Consejo Rector, para su aprobación, la asignación de recursos del fondo, según la demanda de estos, el monto disponible de acuerdo con la distribución establecida por el Consejo Rector y siempre que atienda a un adecuado manejo de riesgos y la observancia de aspectos como la sostenibilidad del FONADE en su conjunto.
Sección IIIDEL FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS
Artículo 59: Del fondo de avales y garantías. Este fondo operará como respaldo solidario al financiamiento que otorguen los operadores financieros dentro del marco de la Ley N.º 8634.
Mediante el otorgamiento de avales y garantías, se podrá garantizar todo tipo de financiamiento productivo, a través de los integrantes que cuenten con la acreditación respectiva. El Consejo Rector determinará el monto asignado a este fondo, pudiendo establecer porcentajes por segmento de atención, según las necesidades de las personas beneficiarias de la Ley Nº 8634.
En el caso de insuficiencia de garantía, el porcentaje de avales por garantizar en cada operación será hasta por el setenta y cinco por ciento (75%) de esta, para el caso de avales individuales. El porcentaje indicado se determinará con base en el monto del principal de la operación crediticia.
Artículo 60: Estructuración y regulación del fondo de avales y garantías. El Consejo Rector velará porque el fondo de avales y garantías promueva la inclusión financiera y económica, y podrá requerir un diseño actuarial y de gestión de riesgos adecuado a la naturaleza de este fondo, la actividad que desarrolla y el cumplimiento de los fines y los objetivos establecidos en la Ley N.º 8634.
Los costos correspondientes de los estudios que se realicen para los análisis técnicos del fondo de avales y garantías, orientados a velar por su sostenibilidad actuarial y financiera, los cubrirá el presupuesto del FONADE, con cargo al patrimonio de este; así como la tecnología necesaria para su adecuada gestión.
El Consejo Rector promoverá las alianzas estratégicas con Universidades y otros entes educativos locales e internacionales, en aras de aprovechar los recursos país y gestionar los costos relacionados con este tipo de estudios y potenciar la inclusión regional.
El Consejo Rector aprobará las estrategias y la regulación operativa y de riesgos pertinentes, para una apropiada gestión del fondo. Asimismo, el FONADE deberá contar con los recursos tecnológicos necesarios, los cuales formarán parte de sus activos.
La Secretaría Técnica del Consejo Rector deberá elaborar dentro del primer trimestre del año, un informe técnico, con recursos técnicos propios o mediante la contratación de especialistas externos, el cual deberá remitir anualmente al Consejo Rector para su aprobación y posterior remisión a la SUGEF. Esta última entidad deberá considerar el desempeño del fondo de avales, el nivel de riesgo y su sostenibilidad financiera, para que defina la capacidad de mitigación de ese fondo. También, con base en la morosidad y según las mejores prácticas internacionales, la SUGEF deberá definir técnicamente el nivel de cobertura -número de veces-, del fondo de avales, información que comunicará en forma anual al Consejo Rector con la debida decisión sobre la cobertura a aplicar. La SUGEF tendrá acceso a datos sobre el fondo avales y garantías, para efectos de sustentar las decisiones correspondientes. Este informe técnico podrá ser contratado con cargo al FONADE.
Artículo 61: Del otorgamiento de avales y garantías individuales. Se podrá garantizar operaciones de crédito en todos los integrantes financieros del SBD, siempre y cuando las personas beneficiarias por insuficiencia de garantía no puedan ser sujetos de financiamiento, en condiciones y proporciones favorables al adecuado desarrollo de sus actividades y estas operaciones de crédito respondan a los objetivos de la Ley N.º 8634.
Se procurará estimular la innovación a través de programas que promuevan el uso de garantías mobiliarias y generación de oferta financiera, principalmente en zonas de bajo desarrollo, con el uso integrado de avales y garantías.
La modalidad, términos y demás aspectos técnicos de los diferentes tipos de avales a los que se refiere la Ley N.º 8634, serán establecidos por el Consejo Rector del SBD.
Artículo 62: Del desarrollo de avales con contragarantías y avales de carteras. Se podrá garantizar programas o carteras de crédito mediante la cobertura de la pérdida esperada u otros mecanismos técnicamente factibles, en cuyo caso, las carteras deberán conformarse por créditos cuyos sujetos beneficiarios sean quienes establece el artículo 6 de la Ley N.º 8634. Para estos casos, las carteras las podrán integrar beneficiarios con faltantes de garantías o con garantías.
El FONADE queda facultado para recibir recursos de contragarantía de entes públicos y privados, los cuales se administrarán bajo la figura de un fondo de contragarantías donde se identificarán las entidades participantes. El FONADE registrará estos recursos de contragarantía como una subcuenta dentro del Fondo, a la vez que registra los movimientos contables de manera separada.
Los operadores financieros deben contar con una valoración de riesgos sobre los programas y las carteras para determinar la pérdida esperada. Remitirán mensualmente y de forma electrónica a la Secretaría Técnica la cartera avalada, para el seguimiento y el análisis de riesgo pertinente.
Artículo 63: Del acceso de los beneficiarios al fondo de avales y garantías. El acceso a los recursos del fondo de avales y garantías se efectuará mediante autorización a los diferentes operadores financieros y demás participantes del SBD que así lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos por el Consejo Rector y verificados por la Secretaría Técnica, para el análisis de riesgo pertinente y las condiciones fijadas, en relación con los programas que sometan para aprobación.
El Consejo Rector podrá definir las políticas o lineamientos generales para la operativización del Fondo de Avales y Garantías. Para la tramitación de las solicitudes, se podrán establecer mecanismos electrónicos que podrán emitirse digitalmente.
Artículo 64: Programas de Avales de Riesgo Compartido SBD-FODEMIPYME. La Secretaría Técnica, en conjunto con el FODEMIPYME del Banco Popular, desarrollarán un programa de avales para fomentar el crédito hacia emprendedores, microempresas y micro productores que tengan una necesidad máxima de financiamiento productivo global, tomando en cuenta los recursos del SBD y del Sistema Financiero Nacional, que no excedan los 50 salarios base, de acuerdo con la Ley N.º 7337 y sus reformas.
Este programa podrá garantizar hasta un noventa por ciento (90%) de la necesidad de crédito, y el apoyo al mismo se dividirá en partes iguales por el fondo de avales del FODEMIPYME y del FONADE, sin requerir la comprobación de insuficiencia de garantía.
Para la operativa del programa, tanto la Secretaría Técnica como el FODEMIPYME desarrollarán un proceso conjunto de atención al usuario, lo que conllevará la verificación de requerimientos, compartir información, hacer interoperables sistemas informáticos, entre otras actividades necesarias, que permitan tener tiempos de respuesta eficientes para la atención de los beneficiarios.
Los operadores financieros que quieran ser beneficiarios del Programa de Avales para emprendedores, microempresas y micro productores agropecuarios, deberán presentar un programa de financiamiento específico que contenga como mínimo lo siguiente:
a) Resultados esperados del programa.
b) Tasa de interés a la cual se brindarán los recursos al beneficiario final, debe ser una tasa de interés diferenciada dada su menor exposición de riesgo de recuperación.
c) Tasa de interés diferenciada por mitigación de riesgo al contar con un aval de hasta un 90%.
d) Esquema de garantías complementarias a los avales, como el uso de garantías mobiliarias.
e) Presentar los requisitos que se solicitarán al beneficiario final, abogando por la simplificación de trámites y requisitos.
f) Medios de control, seguimiento y reporte del programa.
Este programa de financiamiento deberá tener como fin el aumento de la colocación de recursos a emprendedores, microempresarios y micro productores, y deberá ser aprobado por el Consejo Rector.
Las normas de operación serán definidas y aprobadas por el Consejo Rector y el FODEMIPYME, en el marco del programa correspondiente y de los procedimientos detallados que ambas partes establezcan. El FODEMIPYME y el FONADE deberán cumplir con los requerimientos para captura, procesamiento y acceso a información establecidos por la Secretaría Técnica para este programa. Asimismo, se deberá coordinar el uso de la plataforma para la solicitud y administración de avales.
Artículo 65: De las comisiones para uso de recursos del fondo de avales y garantías. El Consejo Rector será quien aprobará la Política de Avales, que contemplará, como mínimo, la metodología para la definición de las comisiones a cobrar, la cual podrá contar con diferenciaciones según el tipo de aval, el sector prioritario que se pretenda atender, la siniestralidad y otros criterios que la técnica dicte.
Las comisiones de uso de estos recursos, junto con la rentabilidad de las inversiones del fondo de avales, deben considerarse para la sostenibilidad financiera del fondo de avales.
Los pagos de las comisiones podrán pactarse con distintas modalidades que se establecerán en la Política de Avales aprobada por el Consejo Rector, las cuales contemplarán frecuencia, modalidad y canales de pago. Las mismas podrán cobrarse al cliente en la operación mensual de la operación o de acuerdo con el ciclo productivo de su negocio. Será responsabilidad del Operador mantener al día el pago de dichas comisiones y en ningún caso el SBD podría imponer las formas de pago que no estén expresamente definidas en la Política de Avales aprobada.
Artículo 66: Del uso de recursos del fondo de avales y garantías para capital de riesgo. Cuando a un participante de los esquemas de capital de riesgo, se le autorice el uso de los recursos del fondo de garantías y avales del FONADE, firmará un contrato con la Secretaría Técnica del Consejo Rector, mediante el cual se compromete a mantener la calidad del portafolio de las empresas beneficiarias, dentro de los márgenes aceptados en el análisis de riesgo; asimismo, deberá enviar mensualmente a la Secretaría Técnica del Consejo Rector la información requerida de los avales que tenga en vigencia en la cartera de financiamiento.
El participante deberá ajustarse a las disposiciones que se definan en las políticas, que en esta materia defina el Consejo Rector del SBD.
Artículo 67: Del control de los avales y garantías. El FONADE deberá mantener un control sobre los avales y garantías y las delimitaciones que la Ley N.º 8634, este Reglamento y la política que el Consejo Rector aprueba y establezcan para estos efectos.
Artículo 68: Del formato único de documento legal. El FONADE brindará a los operadores financieros un formato único para el documento legal que respalde el aval o garantía. En dicho documento debe constar:
a) Porcentaje del financiamiento que cubre el aval o garantía.
b) Monto máximo que cubre el aval o garantía en relación con el saldo del capital del crédito.
Cada pago al principal del financiamiento que efectúe el deudor se deducirá proporcionalmente del monto máximo del principal que cubre el aval o garantía.
Artículo 69: Del pago de avales o garantías. El FONADE tramitará el pago del aval o garantía luego de transcurridos setenta días naturales, los cuales se contarán a partir del incumplimiento de la persona deudora con el integrante del SBD que otorgó un crédito garantizado. Para tales efectos, el ente acreedor presentará la solicitud en cualquier momento, después de transcurrido dicho plazo, junto con toda la documentación que demuestre que ha cumplido con la debida diligencia de las gestiones de cobro administrativo. El Consejo Rector determinará los procedimientos y los documentos requeridos para el trámite de cancelación de la garantía.
La Secretaría Técnica del Consejo Rector verificará que el Operador Financiero se encuentre al día con el pago de las comisiones por este concepto y se haya realizado una gestión de cobro adecuada, según los lineamientos definidos por el Consejo Rector y en atención a lo que dispone la Ley Nº 8634. Cumplidos estos aspectos, pagará el aval o garantía de forma incondicional e irrevocable, en proporción al porcentaje garantizado o avalado del crédito, el cual se aplica al saldo del principal adeudado, a más tardar quince días naturales después de presentar la solicitud del Operador Financiero del SBD. Una vez pagada la garantía, el Operador Financiero subrogará, en favor del FONADE, los derechos crediticios de la entidad que otorgó el crédito, proporcionalmente a la operación garantizada. El monto pagado por el FONADE para honrar el aval será exigible por vía ejecutiva, para lo cual, el Operador Financiero se encargará de interponer el proceso de cobro judicial, en el cual actuará por cuenta propia y por cuenta y nombre del FONADE. Del monto recuperado deberá el operador financiero reintegrar un porcentaje igual al porcentaje de cobertura que tenía el aval.
El FONADE determinará el procedimiento y los documentos requeridos para el trámite de recuperación de avales honrados. Cuando el operador financiero u otro participante, determine que no existen probabilidades de recuperación, deberá remitir al FONADE, en el plazo de un mes después de honrado el aval un informe con la evidencia de que no existen bienes para realizar el cobro o las razones de costo/beneficio para no llevar a cabo la ejecución vía judicial; en su defecto en el mismo plazo deberá presentar copia de la demanda interpuesta para los casos que ameriten proceso por la vía judicial, todo de conformidad con los procedimientos que apruebe el Consejo Rector.
A las personas beneficiarias del fondo de avales que no hayan cancelado sus operaciones de crédito con los integrantes del SBD y, por lo tanto, el FONADE debió cancelar el aval, se les excluirá de la posibilidad de obtener un nuevo aval por un plazo de cuatro años; debe comunicarse el estatus a la SUGEF para el registro en el CIC de la Superintendencia General de Entidades Financieras o para el registro de usuarios y beneficiarios del SBD, según corresponda con la naturaleza del operador financiero. No obstante, el Consejo Rector podrá autorizar, antes de los cuatro años, el otorgamiento de un nuevo aval, mediante resolución motivada en donde se demuestre que no existió dolo o culpa grave por parte del deudor.
Artículo 70: De la cobertura de pago de los avales y garantías. Se entiende que las garantías y los avales cubren exclusivamente el pago de la proporción respaldada del crédito u otra figura financiera autorizada, aplicable al saldo del principal; de manera que, se deberá respetar el porcentaje de garantía establecido en el documento legal que respalda el aval.
Artículo 71: De la suspensión para el otorgamiento de avales y garantías. Cuando se suspenda a un operador financiero o participante del SBD para que otorgue avales o garantías, por algunas de las causales establecidas en este Reglamento, por disposición motivada del Consejo Rector o por disposición contractual; los avales que hayan sido sometidos para la aprobación del FONADE hasta el día anterior, a la fecha a partir de la cual rige la suspensión, podrán ser honrados por el FONADE, en el tanto cumplan con los requerimientos establecidos. Además, el Operador Financiero deberá continuar pagando las comisiones correspondientes a los avales y garantías que mantenga vigentes.
Artículo 72: Mecanismos de reafianzamiento o seguros. El FONADE, previa autorización del Consejo Rector del SBD, podrá contratar mecanismos de reafianzamiento o seguros, con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con respecto a las garantías presentes o futuras que otorgue; asimismo, pagar las comisiones o la prima en las condiciones que se le indiquen con cargo al patrimonio del FONADE.
También podrá participar de iniciativas regionales o internacionales orientadas a ampliar la cobertura del fondo de avales y garantías, previa aprobación del Consejo Rector y como un elemento de complemento a las alternativas existentes en el país.
Artículo 73: Del nivel del apalancamiento del Fondo de Avales y Garantías. La Secretaría Técnica propondrá al Consejo Rector para su aprobación un límite técnico sobre el apalancamiento del Fondo de Avales y Garantías. Para calcular esta relación, no se considerarán las garantías que estén reafianzadas o aseguradas, ya que su riesgo ha sido transferido a terceros. Esta decisión deberá basarse en buenas prácticas internacionales en la gestión de fondos de garantía, administración de riesgos y criterios actuariales. Además, deberá considerar la sostenibilidad financiera del FONADE y el objetivo de promover la inclusión financiera y económica de los beneficiarios del SBD.
Artículo 74: De la participación del IMAS con aporte de garantías. Las personas beneficiarias del SBD que, aún con el apoyo del fondo de avales y garantías del FONADE no puedan completar el respaldo de garantía necesario para obtener un crédito y califiquen dentro del rango de pobreza o pobreza extrema, podrán acceder a un complemento de hasta el veinticinco por ciento (25%) de garantía adicional proporcionado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, de conformidad con el artículo 41 inciso c) de la Ley N.º 8634. El IMAS coordinará con el Consejo Rector y la Secretaría Técnica la forma en cómo operará este mecanismo de complemento de garantías.
Lo anterior, no limita a que el IMAS pueda generar programas de avales en condiciones favorables para personas beneficiarias en rango de pobreza o extrema pobreza, pudiéndose complementar con coberturas de los fondos de avales que administre el FONADE, esto conforme a su marco normativo.
Sección IVFONDO DE CAPITAL SEMILLA Y CAPITAL DE RIESGO
Artículo 75: De la naturaleza del fondo para capital semilla y capital de riesgo. Los recursos de este fondo están destinados a promocionar, incentivar y participar en la creación, la reactivación y el desarrollo de empresas o emprendimientos, que puedan instrumentalizarse bajo diferentes modalidades y canales de atención por medio del SBD.
Para este Fondo, se destinará, anualmente, al menos el veinticinco por ciento (25%) de los recursos provenientes del inciso h) del artículo 59 de la Ley N.º 7092, además de los recursos adicionales que estime necesario el Consejo Rector mediante sus presupuestos ordinarios y extraordinarios.
Este fondo, estará compuesto por dos sub fondos:
a) El sub fondo de capital semilla orientado al otorgamiento de fondos no reembolsables y/o reembolsables.
b) El sub fondo de capital de riesgo orientado a desarrollar esquemas de inversión en capital de riesgo, para el cual la valoración de riesgo y las estimaciones de pérdida deberán variar en función de la naturaleza de los instrumentos utilizados.
Artículo 76: Del otorgamiento de capital semilla. El otorgamiento de los fondos de capital semilla podrá asumir diversas formas jurídicas, tales como: fondos no reembolsables, fondos reembolsables, o una combinación de ambos. En el caso de los fondos reembolsables podrán manejarse como crédito subordinado, crédito contingente, financiamiento basado en ingreso, entre otros mecanismos o instrumentos fundamentados en un análisis técnico y aprobado por el Consejo Rector.
El FONADE podrá canalizar estos recursos a través de los integrantes acreditados por el Consejo Rector como agencias operadoras de capital semilla.
Siempre y cuando se cuente con la debida aprobación del Consejo Rector, la Secretaría Técnica podrá firmar convenios con las agencias operadoras acreditadas, que presenten iniciativas que contengan metodologías para la selección, aceptación, acompañamiento y seguimiento de los emprendimientos o empresas beneficiarias de la Ley N.º 8634.
En los respectivos convenios se establecerán, entre otras que se consideren necesaria, las condiciones bajo la cuales participará cada una de las partes involucradas, así como los mecanismos de canalización de los recursos del FONADE a los diferentes programas y proyectos.
Artículo 77: Del otorgamiento de Capital Riesgo. El otorgamiento de los fondos de capital riesgo podrá asumir diversas formas jurídicas, tales como: compra de acciones, deuda convertible, participaciones en fondos de inversión públicos o privados, otorgamiento de avales para inversiones de capital o fondos, crédito a fondos de capital de riesgo, entre otros mecanismos o instrumentos fundamentados en un análisis técnico y aprobado por el Consejo Rector.
El FONADE podrá coinvertir con otros inversionistas como, pero no limitado a, organismos cooperantes y empresas grandes, siempre y cuando la mayoría del capital social se mantenga en control del beneficiario de Ley. El SBD hará la debida diligencia para verificar los grupos de interés económico relacionados con la empresa, buscando garantizar que no se beneficie indirectamente un no beneficiario de la Ley.
Siempre y cuando se cuente con la debida aprobación del Consejo Rector, la Secretaría Técnica podrá firmar convenios con las agencias operadoras o estructuradores de capital de riesgo, que presenten prospectos de inversión compuestos por fondos o directamente empresas beneficiarias de la Ley N.º 8634.
En los respectivos convenios se establecerán, entre otras que se consideren necesarios, las condiciones bajo la cuales participará cada una de las partes, así como los mecanismos de canalización de los recursos del FONADE a los diferentes programas y proyectos.
Artículo 78: De la colocación de los recursos del FONADE para capital semilla y capital de riesgo. Para la colocación de estos recursos, el Consejo Rector mediante la aprobación de los programas referentes, determinará la forma de asignación, las regulaciones y los mecanismos de control, el monto de los aportes, las formas de otorgamiento, los requisitos generales, así como los lineamientos para la acreditación de las agencias operadoras de capital semilla, de capital de riesgo y estructuradores.
Artículo 79: De la firma de convenios para acceder a los recursos de capital de riesgo y capital semilla. El Consejo Rector y el FONADE, representado por la Secretaría Técnica del Consejo Rector, podrán firmar convenios con las Agencias Operadoras de Capital Semilla acreditadas, que presenten iniciativas que contengan metodologías para la selección, aceptación, acompañamiento y seguimiento de los emprendimientos o empresas beneficiarias de la Ley N.º 8634.
Igualmente, para el caso de Capital de Riesgo, el Consejo Rector y el FONADE, representado por la Secretaría Técnica del Consejo Rector, podrán firmar convenios con las Agencias Operadoras o Estructuradores de Capital de Riesgo, que presenten prospectos de inversión compuestos por fondos o directamente empresas beneficiarias de la Ley N.º 8634.
En los respectivos convenios se establecerán las condiciones bajo la cuales participará cada una de las partes, así como los mecanismos de canalización de los recursos del FONADE a los diferentes programas y proyectos.
Sección VFONDO SERVICIOS NO FINANCIEROS Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Artículo 80: De la naturaleza del fondo de servicios no financieros. El Consejo Rector deberá aprobar dentro de sus planes y estrategias el uso de estos recursos fundamentado en el apoyo a las personas beneficiarias de la Ley, para lo cual podrá promover aplicaciones tecnológicas y modelos de acompañamiento que apoyen las estructuras organizativas simples de los negocios ubicados en la base de la pirámide empresarial, tales como: emprendimientos, microempresa y micro productor agropecuario; asimismo, definirá las condiciones para que los recursos de este fondo para el Desarrollo Empresarial sean utilizados para beneficiar los sectores o áreas estratégicas que determine necesario.
El Consejo Rector definirá la política para que gradualmente, al menos el 60% de los recursos de este Fondo para el Desarrollo Empresarial, sean utilizados para beneficiar los sectores prioritarios.
Este fondo se destinará a financiar servicios de desarrollo empresarial que requieran las personas beneficiarias definidos en la Ley N.º 8634, en las formas indicadas en su artículo 15.
El Consejo Rector dentro de su actividad ordinaria definirá las condiciones para la colocación de servicios no financieros del FONADE.
Artículo 81: De los servicios de desarrollo empresarial contratados por el FONADE. Corresponde al FONADE contratar los bienes y los servicios que se requieran e indicados en el artículo anterior, de acuerdo con la estrategia de uso definida por el Consejo Rector.
La Secretaría Técnica debe velar porque los programas garanticen una tendencia positiva en materia de inclusión económica o de apoyo a la innovación y emprendimiento y su costo sea razonable en función del beneficio perseguido.
El límite de recursos por año, destinados a una sola empresa, ente no público u otro, que brinde servicios de desarrollo empresarial será definido mediante resolución por el Consejo Rector.
Artículo 82: De la operatividad de los servicios no financieros. Los Servicios de Desarrollo Empresarial se brindarán a través de las siguientes dos modalidades:
a) Por medio de ejecutores de servicios de desarrollo empresarial acreditados por el Consejo Rector, en concordancia con el artículo 15 de la Ley N.º 8634.
b) Siguiendo los procesos de contratación pública establecidos en la normativa vigente en esta materia, para los casos en que se requiera la contraprestación de servicios por parte de un oferente.
Asimismo, tratándose de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N.º 8634 en lo conducente a la relación con los programas que se desarrollen con los Ministerios rectores, y se requiera la contratación de servicios mediante procedimientos de contratación pública, esta se realizará conforme a la normativa vigente en esta materia. En tales casos, se hará extensiva la invitación a participar en el procedimiento de contratación pública correspondiente cuando éste sea concursado, a los prestadores de servicios de desarrollo empresarial que para tales efectos tienen el MEIC y el MAG.
Artículo 83: De las directrices del Consejo Rector para estos recursos. El Consejo Rector establecerá las condiciones que se aplicarán para el acceso a los servicios de desarrollo empresarial con recursos del FONADE.
Capítulo IXDEL FOFIDE
Artículo 84: Del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Los créditos que se canalicen con recursos del FOFIDE considerarán las características, los ciclos productivos y demás requerimientos de cada proyecto; asimismo, las operaciones relacionadas con estos fondos deberán ser brindadas en todas las agencias y las sucursales de los bancos públicos.
Cada banco deberá informar semestralmente y, en forma adicional, cuando así lo solicite el Consejo Rector, el estado y los hechos relevantes acontecidos en la gestión de cada fondo, esto incluye el informe de cumplimiento de los indicadores establecidos como parte del proceso de acreditación de los programas, de conformidad con el artículo 31 de la Ley N.º 8634. La presentación del informe deberá seguir los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo Rector.
Las Juntas Directivas Generales de los bancos públicos, velarán por que, en los planes de trabajo de las auditorías internas y externas, se incluya la fiscalización del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, para controlar la debida ejecución de los programas que se destinen a las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634, esto contiene también el cumplimiento de metas, objetivos y medición de impactos. Tales informes serán conocidos y aprobados por las Juntas Directivas y remitidos para conocimiento del Consejo Rector y la Superintendencia General de Entidades Financieras, de conformidad con el artículo 31 de la Ley N.º 8634.
Artículo 85: Patrimonio financiero del FOFIDE. El patrimonio del FOFIDE, de conformidad con el artículo 31 y 32 de la Ley N.º 8634, se constituirá con los siguientes recursos:
a) Cada uno de los bancos públicos, a excepción del BANHVI, destinarán anualmente, al menos un cinco por ciento (5%) de sus utilidades netas después del impuesto sobre la renta, calculado sobre la base de las utilidades netas del año anterior. Dichos recursos seguirán siendo parte del patrimonio de cada uno de los bancos públicos para la creación y el fortalecimiento patrimonial de sus propios fondos de desarrollo. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta Directiva General de cada banco público podrá realizar aportes anuales adicionales al porcentaje estipulado en este inciso.
b) Los rendimientos obtenidos por las operaciones realizadas con estos fondos.
Artículo 86: Apoyo a los programas de financiamiento. Como apoyo a los programas de financiamiento, cada banco público podrá utilizar todas las herramientas de soporte desarrolladas por el SBD, con el fin de darles acceso a las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634, conforme los términos y condiciones que al efecto se dispongan. No obstante, la responsabilidad de colocar los recursos y establecer las estrategias para hacerlo, recaen sobre el banco.
El logro en materia de inclusión será producto de una correcta coordinación, involucramiento e integración entre las partes del SBD.
Artículo 87: De la administración de los fondos del FOFIDE. La administración de los fondos del FOFIDE estará a cargo del banco público respectivo. Los movimientos y los registros contables del fondo se llevarán por separado y luego se consolidarán con la contabilidad del banco. Las utilidades que se generen serán reinvertidas en el fondo y no podrán ser contabilizadas para el cálculo de los beneficios salariales dispuestos en favor de los funcionarios de los bancos públicos.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 31 y 33 de la Ley N.º 8634, el Consejo Rector deberá aprobar los programas que se realicen con este fondo para la atención de las personas beneficiarias de dicha Ley. Cada banco público deberá respetar las directrices emitidas por el Consejo Rector en el ejercicio de sus competencias. Para la aprobación de los programas se aplicará lo dispuesto en la Ley N.º 8634, este Reglamento y las disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Rector.
Capítulo XDEL FCD
Artículo 88: Creación del FCD. El FCD está constituido por los recursos provenientes del inciso i) del artículo 59 de la Ley N.º 1644.
Artículo 89: Asignación del FCD. El Consejo Rector queda facultado para asignar este fondo, entre uno o varios bancos estatales por medio de un contrato que establezca las condiciones acordadas. En caso de que se elija más de un banco estatal, el Consejo Rector le indicará a la banca privada cuál es el porcentaje que le corresponde transferir a cada banco administrador; además, los períodos de revisión y ajuste de dichos porcentajes los definirá el Consejo Rector.
El o los bancos estatales administradores reconocerán, por la captación de dichos fondos, las tasas de interés estipuladas en el artículo 36 de la Ley N.º 8634. Además, estos recursos se deberán manejar como parte de las cuentas normales, con una contabilidad separada.
La Junta Directiva General de los bancos estatales administradores, velarán paraque en los planes de trabajo de las auditorías internas y externas, se incluya la fiscalización del FCD, para controlar la debida gestión de las inversiones y la maximización de los rendimientos de estas, cada vez que se coloquen en crédito la ejecución de los programas destinados a las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634; esto incluye el cumplimiento de metas, objetivos y medición de impactos. Las Juntas Directivas Generales conocerán y aprobarán estos informes y los remitirán para conocimiento del Consejo Rector y la Superintendencia General de Entidades Financieras.
Artículo 90: Canalización del FCD. El o los bancos estatales administradores del FCD, podrán canalizar los recursos del FCD como banca de segundo piso, por medio de colocaciones a asociaciones, cooperativas, microfinancieras, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de productores u otras entidades formales; excepto la banca privada, siempre y cuando realicen operaciones de crédito en programas que cumplan los objetivos y las personas beneficiarias establecidos en la Ley N.º 8634, y autorizados por el Consejo Rector de acuerdo con lo establecido en las políticas, las directrices y demás disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Rector, de conformidad con el artículo 36 de la citada Ley.
Del monto total de crédito colocado a los sujetos beneficiarios, el once por ciento (11%) deberá destinarse a las personas beneficiarias del inciso f) del artículo 6 de la Ley N.º 8634. Este otorgamiento de crédito deberá crecer al menos un cinco por ciento (5%) anualmente, hasta alcanzar al menos un veinticinco por ciento (25%) del total de los recursos colocados del FCD.
Artículo 91: Tasa de interés del FCD. La tasa de interés que podrán cobrar el o los bancos estatales administradores del FCD a las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634, de forma directa, será igual a la establecida en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644.
En caso de que esos bancos administradores canalicen los recursos por medio de banca de segundo piso, o bien, justifiquen técnicamente la necesidad de aplicar una tasa mayor que incorpore, total o parcialmente, el riesgo cambiario cuantificado para programas específicos, y cuyo objetivo sea asegurar la efectiva canalización de recursos al beneficiario final, el Consejo Rector valorará la información presentada a dichos efectos, pudiendo aprobar una tasa de interés preferencial a la permitida, siempre y cuando se hayan utilizado la totalidad de los recursos disponibles en moneda nacional Para el usuario final, será la tasa establecida en el párrafo anterior más un margen que autorizará el Consejo Rector en cada programa, de acuerdo con los costos, los riesgos y la inclusión financiera que el programa tenga en los sujetos beneficiarios.
Los operadores también podrán aplicar a las personas beneficiarias la tasa piso que les establezca el Consejo Rector.
Artículo 92: Administración de riesgos del FCD. El o los bancos administradores presentarán, ante el Consejo Rector, un modelo de administración de riesgos que deberá aplicar para administrar su fondo respectivo, de conformidad con el artículo 36 de la Ley N.º 8634.
En cuanto a las colocaciones de los recursos del FCD, tanto para cartera de inversiones como para el financiamiento de operaciones de crédito, dentro de los parámetros establecidos en la Ley N.º 8634 y la Ley N.º 1644, el o los bancos administradores del FCD, deberán establecer la planificación y las estrategias financieras integrales, para garantizar el calce de plazo y moneda, en función de las necesidades y las proyecciones de liquidez del FCD y las entidades financieras relacionadas.
Artículo 93: Inversiones del FCD. Los recursos de este fondo que no se logren colocar, según los fines establecidos para el SBD, una vez deducidas las necesidades de liquidez de acuerdo con los índices de volatilidad para la sana administración de los recursos, se colocarán en instrumentos financieros del sector público costarricense. Asimismo, se pueden colocar también en instrumentos emitidos por emisores extranjeros, en condiciones similares a las establecidas en la política para la administración de las reservas monetarias internacionales emitidas por el Banco Central de Costa Rica.
Artículo 94: Comisión por la administración del FCD. Para cubrir los costos de operación, servicios y cualquier otro rubro por la administración de las inversiones, según el artículo anterior, el o los bancos administradores recibirán una única comisión fijada por el Consejo Rector, que como máximo será de un diez por ciento (10%) de los rendimientos obtenidos, una vez excluido el costo ejecutado de los recursos. En este caso, los rendimientos adicionales que generen estos recursos se trasladarán mensualmente al patrimonio del FONADE.
Capítulo XIDE CREDES
Artículo 95: De la aplicación del inciso i) artículo 59 de la Ley N.º 1644. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 59 de Ley N.º 1644, solamente los bancos podrán recibir depósitos y captaciones en cuenta corriente. Cuando se trate de bancos privados, solo podrán captar depósitos en cuenta corriente, si cumplen los requisitos establecidos en la citada Ley. Estos recursos se deberán invertir según lo establecido en el artículo 36 de la Ley N.º 8634 y en cumplimiento con los requisitos de dicha Ley y las disposiciones del Consejo Rector.
Artículo 96: De la aplicación del inciso ii) artículo 59 de la Ley N.º 1644. De forma alternativa a lo regulado en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º1644, los bancos privados podrán trasladarse al inciso ii) bajo dos esquemas posibles:
a) Operar por lo menos cuatro agencias o sucursales dedicadas a prestar los servicios bancarios básicos, tanto de tipo pasivo como activo, distribuidas en las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántico y Huetar Norte. También deberá mantener un saldo equivalente por lo menos de un diez por ciento (10%), una vez deducido el encaje correspondiente de sus captaciones totales a plazos de treinta días o menos, en moneda local y extranjera, en créditos dirigidos a los programas que, para estos efectos, obligatoriamente se presentarán ante el Consejo Rector, con el fin de solicitar su revisión y aprobación, con conforme al artículo 53 de la Ley N.º 8634.
b) Si la entidad financiera justifica técnicamente la imposibilidad de operar las agencias o sucursales en las regiones, el Consejo Rector podrá autorizar su traslado al inciso ii), siempre y cuando mantenga un saldo equivalente de por lo menos un doce por ciento (12%), una vez deducido el encaje correspondiente de sus captaciones totales a plazos de treinta días o menos, en moneda local y extranjera, en créditos dirigidos a programas que aprobados por el Consejo Rector. Además, deberán ofrecer los productos del SBD en todas sus sucursales y procurar mecanismos digitales u otros métodos para el acceso de recursos a los beneficiarios de la Ley N.º 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008, en las diferentes regiones del país.
Una vez recibida toda la documentación requerida para el trámite de análisis, y realizadas las aclaraciones que fueran pertinentes, la Secretaría Técnica someterá un informe al Consejo Rector para su conocimiento y resolución, el cual se deberá agendar en cualquiera de las siguientes dos sesiones ordinarias próximas del Consejo Rector. Adicionalmente, el Consejo Rector podrá autorizar a solicitud del banco privado que ya se encuentra en el inciso ii), a cambiar del esquema a) al b) indicados en este artículo o viceversa, siempre y cuando cumpla con los requisitos del esquema al que se desea trasladar.
Artículo 97: Del procedimiento de traslado del inciso i) al inciso ii) del artículo 59 de Ley N.º 1644. Si un banco privado decide cambiarse de la opción descrita en el inciso i) a la del inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, deberá solicitarlo al Consejo Rector y la SUGEF, al menos con seis meses antes a la fecha de iniciar el traslado. De acuerdo con la solicitud del banco privado, el reintegro de recursos se efectuará según un plan de devolución que él o los bancos administradores determinen adecuado para el período solicitado, este se conocerá en la sesión ordinaria del Consejo Rector para aprobarlo y determinar el plazo máximo que durará el período de reintegro del dinero.
El Consejo Rector junto con la SUGEF establecerán las pautas necesarias para lograr una transición ordenada y sistemática, respetando las disposiciones del artículo 53 de la Ley N.º 8634.
Artículo 98: Del procedimiento de traslado del inciso ii) al inciso i) del artículo 59 de Ley N.º 1644. El banco privado podrá devolverse del inciso ii) al i) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, siempre y cuando haya cumplido con un período mínimo de permanencia en el inciso ii) de cinco años y deberá informar al Consejo Rector al menos tres meses antes de la fecha prevista para el cambio de inciso. A partir de la fecha del traslado, cumplirá con todo lo dispuesto en el inciso i) del referido artículo.
El banco administrador de los fondos colocados presentará una propuesta de devolución de fondos al Consejo Rector para su análisis y aprobación. El proceso de devolución debe considerar que la cartera constituida con los recursos se mantendrá registrada en las clasificaciones dispuestas por el acuerdo SUGEF 15-16 y sus reformas. De esta manera, se mantendrán las mismas condiciones que dicha regulación dispone por tratarse de créditos de desarrollo.
Esta cartera seguirá reportándose como tal hasta que se extinga. Los saldos de cartera disminuirán el monto que los bancos privados deban trasladar conforme a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 59 de la Ley N.º 1644.
El Consejo Rector junto con la SUGEF establecerán las pautas necesarias para lograr una transición ordenada y sistemática, respetando las disposiciones del artículo 53 de la Ley N.º 8634.
Artículo 99: De la ampliación del plazo para la gradualidad en la conformación de las carteras de crédito. El Consejo Rector del SBD tendrá la facultad para ampliar los plazos, con el fin de cumplir los porcentajes de colocación mencionados en el artículo 53 de la Ley N.º 8634, siempre y cuando no excedan los cinco años a partir de que el Consejo Rector aprobó el traslado al inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644; lo anterior, únicamente al considerar situaciones especiales que les impidieron la colocación en el plazo estipulado, las cuales deberán ser justificadas en forma debida por la entidad bancaria privada. En el caso que el operador financiero opte por la opción b) del artículo 96 del presente Reglamento, los plazos de cumplimiento serán los mismos que estipula la Ley, para llegar a la colocación del 10% de la misma base al tercer año, complementando la totalidad del 12% en el cuarto año. Las demás condiciones se mantendrán, como se menciona en el artículo 59 de la Ley N.º 1644.
Artículo 100: Del registro contable de los recursos del inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644. Las entidades financieras acogidas al inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, deben mantener información contable sobre la composición de estos recursos, para lo cual la SUGEF establecerá las cuentas y requerimientos de información pertinentes, previa coordinación con el Consejo Rector.
Artículo 101: De las políticas y normativa para promover el uso de los recursos del artículo 59 de Ley N.º 1644. Las políticas que el Consejo Rector emita para promover el uso de los recursos de los incisos i) y ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, para los sujetos beneficiarios específicos o sectores prioritarios, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N.º 8634, las Políticas Públicas, el Plan Nacional de Desarrollo y los Lineamentos del Consejo Rector, serán de acatamiento para los integrantes del SBD, incluidos los bancos privados que opten por la aplicación del inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, según lo establece el artículo 3 de la Ley N.º 8634.
Artículo 102: Financiamiento a beneficiarios de microcrédito. En el caso del inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, del monto total de crédito colocado anualmente de recursos establecidos en los planes de colocación que el Consejo Rector aprueba, para alcanzar gradualmente el cumplimiento pleno del inciso ii), el once por ciento (11%) deberá destinarse a las personas beneficiarias del inciso f) del artículo 6 de la Ley N.º 8634. Este otorgamiento de crédito deberá crecer al menos un cinco por ciento (5%) anual, hasta alcanzar al menos un veinticinco por ciento (25%) de lo colocado anualmente.
Artículo 103: De la excepción a las metas del límite de financiamiento a beneficiarios de microcrédito. Por excepción, el Consejo Rector podrá suspender el once por ciento (11%) de colocación de recursos a las personas beneficiarias del inciso f) del artículo 6 de la Ley N.º 8634, indicado en el artículo anterior de este Reglamento, hasta por tres años para alcanzar el mínimo del once por ciento (11%), si de manera comprobada no hubiera demanda para alcanzar la totalidad de la meta de colocación para este segmento de mercado; de tal manera que se debe colocar la demanda disponible y asignar el saldo de los recursos favorables en los demás sujetos señalados en dicha Ley N.º 8634. Se entiende que esos otorgamientos de crédito a estos beneficiarios deberán crecer al menos un cinco por ciento (5%) por año, hasta alcanzar al menos el veinticinco por ciento (25%) de los recursos colocados anualmente, una vez cumplido el plazo extendido aprobado por el Consejo Rector.
Capítulo XIIREGIONALIZACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO
Artículo 104: De la operatividad para la regionalización de los recursos. El Consejo Rector, considerando las disposiciones que tanto el MEIC como ente rector de las PYME y los emprendimientos, y el MAG de las PYMPA formulen en materia de políticas públicas dirigidas al fomento de estos sectores, definirá las lineamientos y directrices del SBD con plazos e indicadores que permitan gradualmente que los recursos destinados a las regiones fuera de la Región Central, según definición del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que sean al menos el 40% de los recursos totales del SBD.
Artículo 105: De los procesos y operatividad para la regionalización de los recursos del SBD. Los recursos del SBD se canalizarán a través de los operadores financieros acreditados y cualquier otra entidad autorizada por el Consejo Rector, sean estos supervisados o no por la SUGEF. Con la finalidad de impulsar proyectos productivos viables, acordes con el modelo y las necesidades de desarrollo del país, para facultar la movilidad social de los sujetos beneficiarios de la Ley N.º 8634.
La definición de mecanismos para impulsar estrategias de regionalización por parte del Consejo Rector debe contemplar estrategias asociadas con alianzas, uso de aplicaciones tecnológicas, oficinas financieras descentralizadas, oficinas móviles y procesos de incubación.
Artículo 106: Mecanismos Alternativos o Complementarios del Consejo Rector para el Acompañamiento Técnico y Económico. El Consejo Rector podrá establecer las directrices para el acompañamiento técnico y económico con recursos de Servicios de Desarrollo Empresarial del FONADE. Los requisitos y condiciones serán propuestos por la Secretaría Técnica del Consejo Rector, asegurando a los beneficiarios el acceso al financiamiento y a las herramientas que ofrece el FONADE.
En la política del Fondo de Servicios de Desarrollo Empresarial, el Consejo Rector podrá incorporar el otorgamiento de servicios de acompañamiento técnico y económico mediante la transferencia de recursos no financieros y acompañamiento técnico. Este apoyo estará dirigido al fortalecimiento de las capacidades, costos operativos y aspectos sustantivos de las organizaciones regionalizadas que lo requieran para crearse y consolidarse como nuevos operadores financieros.
Para valorar las organizaciones que opten por estos servicios, el Consejo Rector podrá establecer un modelo o metodología de diagnóstico que permita medir el nivel de capacidades de las organizaciones. Este diagnóstico determinará el grado de atención y acompañamiento requerido para que las organizaciones se creen y consoliden como nuevos operadores financieros regionalizados, capaces de canalizar recursos del SBD a los beneficiarios de la Ley.
Artículo 107: Inversión de recursos del FONADE para el Desarrollo Productivo. El Consejo Rector está facultado para dedicar recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) para el desarrollo regional y/o territorial en atención a los objetivos de la Ley N.º 8634.
El Consejo Rector podrá destinar recursos para la realización de instalaciones y servicios necesarios que apoyen el desarrollo y la producción económica en una región o territorio. Esto incluye, pero no se limita a, proyectos en agroindustria, transporte, producción de bienes y servicios, y energía. Estas inversiones estarán dirigidas a mejorar la eficiencia de los beneficiarios de la Ley.
Se podrán asignar recursos financieros, humanos y materiales a iniciativas que generen beneficios económicos a los beneficiarios en el tiempo. Estos proyectos deberán propiciar el crecimiento y desarrollo económico, aumentar la eficiencia, crear empleo y mejorar la competitividad.
El Consejo Rector estimulará y apoyará económicamente la formación de cadenas de valor, movilizando recursos para financiar el desarrollo de infraestructura productiva. Además, promoverá el desarrollo, fomentará el comercio e inversiones, y apoyará al sector empresarial.
Las intervenciones deberán alinearse con las prioridades estratégicas definidas por el Consejo Rector, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva para maximizar el impacto en el desarrollo económico y social.
Para garantizar la transparencia en la asignación y uso de los recursos, la Secretaría Técnica proporcionará al Consejo Rector, informes periódicos sobre el progreso y los resultados de las inversiones realizadas. Estos informes deberán ser accesibles al público y a los beneficiarios.
Artículo 108: Del destino de recursos para determinados proyectos. En cumplimiento del artículo 37 de la Ley N.º 8634, el Consejo Rector podrá establecer límites anuales de colocación en proyectos agropecuarios, acuícolas, pesqueros, agroindustriales o comerciales asociados, para cada Fondo establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 8634, así como por tipo de operador y línea de negocio. Para ello, solicitará a los operadores un plan de colocación que contemple el cumplimiento de la meta anual del 40% en financiamiento de dichos sectores.
En caso de que un operador no logre cumplir con la meta de colocación establecida, el Consejo Rector podrá autorizar un límite diferente, siempre que el operador justifique adecuadamente las razones del incumplimiento y presente un plan remedial con medida correctiva y un plazo definido para su implementación.
Con el fin de dar cumplimiento de la meta anual de colocación en el sector agropecuario, la Secretaría Técnica deberá coordinar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería los espacios técnicos que se crean necesarios, a fin de disponer la oferta de instrumentos financieros adecuados para cubrir la demanda de recursos en proyectos agropecuarios, acuícolas, pesqueros, agroindustriales o comerciales asociados del SBD, así como promover la colocación de sus programas financieros existentes para propiciar la mayor colocación. Así mismo, la Secretaría Técnica presentará ante el Consejo Rector dos informes anuales sobre la asignación y colocación de recursos, como sigue:
a) Informe de Oferta de Recursos: Se presentará en el tercer trimestre de cada año y contendrá la planificación consolidada de colocación o asignación de recursos para el siguiente año natural. Esta programación deberá procurar que al menos el 40% de los recursos a colocar se destine conforme al artículo 37 de la Ley N.º 8634.
b) Informe de Demanda de Recursos: Se presentará en el primer trimestre de cada año, con cierre a diciembre del año anterior, detallando el destino efectivo de los recursos en los diferentes programas. Su propósito será cuantificar si al menos el 40% de los fondos se asignó a las actividades productivas establecidas en el artículo 37 de la Ley N.º 8634, así como evaluar la distribución de otros porcentajes contenidos en el presente Reglamento.
Artículo 109: Del apoyo del SBD a Clústeres. El Consejo Rector está facultado para orientar y delimitar el apoyo de recursos financieros y de desarrollo empresarial destinados a los clústeres. Para ello podrá utilizar los diferentes fondos e instrumentos establecidos en la Ley N.º 8634. Los apoyos directos deberán ser destinados a beneficiarios de Ley, y se permitirá que se destinen recursos para que se colabore con la consolidación, gestión y la potencialización de clústeres, reconociendo sus diferentes etapas. En ningún caso las grandes empresas que conforman el clúster podrán ser beneficiarios directos.
Los clústeres serán clasificados, para efectos de un apoyo diferenciado, en las siguientes etapas de desarrollo:
a) Clúster emergente (creación): Iniciativas en etapa temprana, caracterizadas por la identificación inicial de actores clave y la definición de un plan estratégico.
b) Clúster en consolidación (desarrollo): Clústeres con mecanismos de gobernanza establecidos, relaciones de colaboración activas y resultados iniciales en encadenamientos productivos.
c) Clúster maduro: Clústeres con una estructura consolidada, impacto medible en cadenas de valor y contribuciones significativas a la competitividad del sector o territorio.
El MEIC llevará el registro de los clústeres, clasificándolos por sus distintas etapas, y lo hará público en canales digitales oficiales para que los integrantes del SBD puedan tener clara la información del clúster, las empresas que lo conforman y la etapa de desarrollo en la que se encuentra. El MEIC podrá presentar ante el Consejo Rector proyectos relacionados con clústeres, a fin de que pueda contar con el apoyo del SBD, sea con servicios financiero o no financieros, previo cumplimiento de los parámetros establecidos para tales efectos.
El Consejo Rector, en los programas que autorice, tomará en cuenta, entre otros aspectos, la posible generación de empleo e impacto social y económico en las diferentes regiones del país, el fortalecimiento de las cadenas de valor en los territorios, el aumento del valor agregado en los productos y servicios involucrados de los clústeres, la promoción de la innovación y la potencialización de ecosistemas productivos.
El Consejo Rector establecerá mecanismos de seguimiento para asegurar la correcta implementación y el impacto de los clústeres apoyados.
Artículo 110: De la participación de empresas tractoras en el desarrollo de los Clústeres. Se reconoce el papel de las empresas tractoras en el desarrollo de clústeres, estas no serán beneficiarias directas de recursos del SBD, pero podrán ser beneficiarias indirectas al participar en proyectos de fortalecimiento del clúster. Las empresas tractoras, de acuerdo con su actividad y características podrán, entre otras, desarrollar las siguientes actividades:
a) Implementar programas de encadenamientos productivos y desarrollo de proveedores.
b) Proveer capacitación técnica, acompañamiento y apoyo logístico a las PYME.
c) Desarrollar iniciativas que promuevan la innovación y la sostenibilidad en el clúster.
Capítulo XIIIREGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE IMPACTO
Artículo 111: De la regulación especial para el SBD. El CONASSIF, conforme al artículo 34 de la Ley N.º 8634, dictará la regulación necesaria para los intermediarios financieros que participan del SBD, según las características particulares de las actividades de banca de desarrollo y los mejores estándares internacionales vigentes aplicables a la materia.
La regulación deberá reconocer que los créditos concedidos bajo el marco legal del SBD se tramitan, documentan, evalúan, aprueban, desembolsan y administran bajo metodologías que difieren de las tradicionales, las cuales las entidades financieras participantes deben reflejar en sus políticas de crédito. Para ello, tomará en cuenta como mínimo los siguientes principios:
a) Distinguir al SBD como una línea de negocio, que considere las condiciones, el ciclo productivo y la naturaleza de las actividades productivas que se financian.
b) Simplificar los requerimientos de información mínima en los expedientes crediticios, particularmente los de microcrédito.
c) La naturaleza de los fondos de garantías y avales que existen, así como su funcionamiento.
d) Brindar la información de los créditos del SBD que será de interés público, para lo cual considerará aspectos relevantes como sectores y zonas prioritarias.
e) Reconocer la naturaleza contractual de las operaciones de crédito de las personas beneficiarias del SBD, con el fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito.
La cartera de microcrédito debe ser objeto de una calificación de riesgo acorde con la evolución de la morosidad que presente. Cuando se trate de las personas beneficiarias estipulados en el inciso f del artículo 6 de la Ley N.º 8634, el CONASSIF debe cuantificar la ponderación que aplique, siempre que tome en cuenta la necesidad de aumentar la inclusión financiera y las garantías y los avales que sustentan dichos créditos, todo de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
La SUGEF, conforme al artículo 34 de la Ley N.º 8634, llevará un registro de los usuarios y las personas beneficiarias del SBD, donde se incluirá el récord crediticio y la demás información financiera relevante, la cual será accesible a los integrantes del SBD para fines de la gestión de crédito, conforme a los principios y los objetivos de la Ley N.º 8634. Se considerará que, en el caso del microcrédito, se tramita, documenta, evalúa, aprueba, desembolsa y administra bajo metodologías crediticias especiales que difieren de las metodologías tradicionales de créditos corporativos. La cual podrá tener varios niveles de supervisión diferenciada según sector, para lo cual, los operadores podrán ser proponentes ante el ente supervisor.
Artículo 112: Del informe de acceso a las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. El Banco Central de Costa Rica, conforme al artículo 45 de la Ley N.º 8634 y en cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2 de la Ley N.º 7558, realizará y publicará, al menos una vez cada cuatro años, un informe sobre el acceso de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas a los servicios financieros.
El informe indicará, al menos, el grado de cobertura, las condiciones del acceso de las mujeres y los sectores prioritarios; así como los factores limitantes para ese acceso. Lo mismo efectuará respecto del acceso a los servicios financieros de las familias.
Para la elaboración de este informe, el Banco Central de Costa Rica deberá considerar el mercado financiero completo y no únicamente el Sistema Financiero Nacional, con el propósito de contar con información integral sobre el acceso verdadero que tienen las PYME y las PYMPA al financiamiento productivo. Además, el estudio incluirá un análisis sobre las condiciones de los créditos, tasas de interés efectivas y requisitos que deben cumplir las PYME y PYMPA, según el mercado de dinero al cual acceda. El análisis deberá considerar, para efectos de las entidades reguladas por la SUGEF, el efecto real que la normativa aplicable a los intermediarios financieros y la normativa interna de estos tiene sobre el acceso verdadero al financiamiento de las PYME y PYMPA.
Una vez publicado el informe señalado en el párrafo anterior y de acuerdo con la evaluación del SBD indicada en la Ley N.º 8634, el Poder Ejecutivo emitirá las directrices para los bancos del Estado sobre las acciones a tomar, para garantizar la inclusión financiera y el impulso del micro empresariado.
Si bien, el informe es al menos una vez cada cuatro años, se deben construir unos indicadores básicos de inclusión entre el Consejo Rector y el Banco Central, que permitan el fácil y constante seguimiento de este objetivo, sin que implique reprocesos.
Artículo 113: De la evaluación del Sistema de Banca para el Desarrollo. Cada cuatro años, el Consejo Rector instalará y juramentará a la Comisión Evaluadora del SBD, con el fin de realizar una evaluación integral del accionar del SBD, en cuanto a políticas, metas, impactos sociales, acceso de oportunidades a las mujeres y los sectores prioritarios; así como razonabilidad en el cumplimiento de las directrices y las normativas legales y económicas en la gestión de créditos y administración de la cartera, adecuación al plan nacional de desarrollo y los asuntos que la Comisión considere relevantes.
El Consejo Rector deberá velar porque las personas que conforman la Comisión Evaluadora varíen cada cuatro años, como representantes de las instituciones señaladas en el artículo 50 de la Ley Nº 8634.
El Consejo Rector velará porque en la conformación de la Comisión Evaluadora se disponga de representación de ambos géneros, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley N.º 8634.
La Comisión deberá realizar una presentación de resultados del Informe en cuestión ante el Consejo Rector, al Consejo de Gobierno, la Defensoría de los Habitantes de la República, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa.
Artículo 114: Medición de impacto del SBD. El Banco Central de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Hacienda y cualquier otra institución pública, incluidos todos los integrantes del SBD, estarán en la obligación de suministrar la información que la Secretaría Técnica solicite y que sea pertinente para mantener un sistema de evaluación del SBD como política productiva, con el propósito de medir objetivamente el adecuado cumplimiento de los objetivos y alcances de la Ley N.º 8634. La Secretaría Técnica del Consejo Rector aplicará las medidas necesarias para mantener el secreto de información en diligencia de las leyes aplicables a la protección de datos de los ciudadanos, sobre la información a la que tenga acceso en torno a la aplicación de esta disposición.
La Secretaría Técnica definirá y presentará al Consejo Rector para su aprobación, los aspectos técnicos necesarios para el sistema de evaluación del SBD.
Artículo 115: Del Modelo integral para supervisión, verificación y monitoreo de operadores financieros. Con el objeto de coordinar y uniformar los procesos de regulación, seguimiento, verificación y monitoreo respecto a los operadores financieros y otros integrantes, sus programas, resultados y metas; el Consejo Rector, a propuesta de la Secretaría Técnica, debe disponer e implementar un modelo integral, eficiente y efectivo de control y seguimiento de los operadores, integrantes y de los recursos del SBD, adaptado a la realidad del SBD y a la particularidad de sus integrantes.
Capítulo XIVSISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Artículo 116: De los sistemas de información. La Secretaría Técnica del Consejo Rector deberá contar con sistemas de información que le permitan tener una gestión documental institucional, entiéndase esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y posteriormente recuperar, de modo adecuado, la información producida o recibida en instituciones, en el desarrollo de las actividades y operaciones del SBD.
Asimismo, deberá contar con los sistemas que permitan resguardar la información, en lo posible, de ataques cibernéticos o cualquier otra vulnerabilidad.
Artículo 117: De la información de operaciones activas del SBD. El CONASSIF, de conformidad con el artículo 35 de la Ley N.º 8634, a través del ente supervisor, establecerá en conjunto con la Secretaría Técnica del Consejo Rector, los mecanismos necesarios para el desarrollo de información agregada del SBD, con la finalidad de medir su evolución y comportamiento. Para ello, se deberán revelar datos conjuntos e importantes de las operaciones que hayan efectuado los intermediarios financieros bajo el amparo del SBD, como monto y saldo de operaciones tramitadas con recursos del sistema, actividades financiadas, morosidad; así como el monto de avales emitidos por el FONADE sobre créditos vigentes y su estado de atención, entre otros. Lo anterior con una periodicidad mensual, la cual deberá publicar regularmente la SUGEF en su página web.
Para lograr lo anterior, el Consejo Rector establecerá las condiciones, plazo y medios a través de los que, los operadores financieros supervisados y no supervisados suministrarán información, preferiblemente sin que impliquen reprocesos por parte de los operadores.
Artículo 118: De la infraestructura tecnológica y transformación digital. La Secretaría Técnica del Consejo Rector dispondrá con una infraestructura tecnológica moderna, segura, escalable e integrada, que habilite la transformación digital, la innovación tecnológica y la eficiencia institucional en el SBD. Esta infraestructura deberá facilitar el desarrollo de servicios digitales, la gestión automatizada de procesos, el aprovechamiento estratégico de los datos y la implementación de mecanismos de ciberseguridad que resguarden la información.
Asimismo, la Secretaría Técnica podrá proponer al Consejo Rector para su aprobación, la estructura organizativa y capacidades técnicas especializadas para la planificación, ejecución y mejora continua de las iniciativas tecnológicas, conforme al marco estratégico del SBD. Estas acciones deberán alinearse con los principios de eficiencia, transparencia, sostenibilidad e innovación.
En el marco de estas capacidades, se promoverá el uso de herramientas tecnológicas y de análisis de datos para facilitar la evaluación y medición del impacto del SBD, en aras de fortalecer la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la orientación efectiva de los recursos hacia el desarrollo.
Artículo 119: De la Disponibilidad de Información. El SBD, mediante su Secretaría Técnica, contará con una plataforma tecnológica en la cual pondrá a disposición de todos los interesados la información de las políticas, lineamientos, formularios y otros instrumentos aplicables por los operadores para el correcto funcionamiento del SBD.
Capítulo XVINCUMPLIMIENTO Y SANCIONES
Artículo 120: De los incumplimientos de obligaciones impuestas en la Ley y este Reglamento. El Consejo Rector establecerá el procedimiento administrativo a seguir a efecto de fijar las medidas y acciones preventivas y correctivas a aplicar cuando los integrantes del SBD incumplan los programas aprobados, o se identifiquen faltas o eventuales acciones que contravengan las obligaciones de estos como operadores establecidas en la Ley N.º 8634, el presente Reglamento o las demás disposiciones y directrices emanadas del Consejo Rector, en cuyo caso los integrantes del SBD no podrán obtener la autorización o acreditación y, en el caso que la tengan, la autorización podrá ser revocada, previo procedimiento administrativo. Los integrantes del SBD objeto de alguna recomendación de la Auditoría Interna de la Secretaría Técnica deberán acatarla conforme al plazo y términos fijados, brindándole la información necesaria para el seguimiento.
La revocación de la licencia no afectará las obligaciones adquiridas, sin perjuicio de la aplicabilidad de sanciones previstas para estos casos.
No se considerará incumplimiento cuando el objetivo de colocación de crédito del operador se incumple producto de haber sido afectado por una cancelación de pasivos.
Artículo 121: Incumplimiento por parte de las entidades financieras. El Consejo Rector reportará a la SUGEF los incumplimientos por parte de las entidades financieras. La SUGEF establecerá las sanciones y multas a las entidades financieras, el importe de las multas será depositado en las cuentas del FONADE.
Artículo 122: Del cobro de multas. La determinación de las multas indicadas en el presente capítulo, lo realizará la SUGEF de conformidad con el procedimiento establecido en libro segundo de la Ley N.º 6227. El eventual cobro judicial lo realizará la Secretaría Técnica del Consejo Rector, en su condición administradora del FONADE, a quien se le deberá remitir el expediente administrativo y la certificación del saldo adeudado.
Capítulo XVICOLABORADORES DEL SBD
Artículo 123: Del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Las tareas que desarrollará el INA incluirán el apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD, para su financiamiento, de conformidad con el artículo 41 de la Ley N.º 8634.
Los programas estarán en línea con la promoción y apoyo para la creación, inclusión financiera y económica, formalización, innovación, aceleración y sostenibilidad financiera de las personas beneficiarias de esta Ley, a nivel nacional, con énfasis en las zonas de bajo desarrollo.
Se procurará promover las aplicaciones tecnológicas, para facilitar el apoyo y el desarrollo empresarial a las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634, con énfasis en los sectores prioritarios.
Artículo 124: De la organización (INA). Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia e impacto, el INA establecerá dentro de su estructura organizacional, una unidad especializada en SBD, de conformidad con el artículo 41 de la Ley N.º 8634.
Artículo 125: De la ejecución recursos del INA para el SBD. Los recursos del INA se ejecutarán conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N.º 8634. El INA informará al Consejo Rector del detalle de la formulación del presupuesto destinado para cada periodo antes de su aprobación, con el objeto de colaborar en la toma de decisiones del Consejo Rector en ámbitos similares o concurrentes. Asimismo, brindará un informe al Consejo Rector del SBD durante el primer trimestre del año siguiente al periodo de ejecución, sobre los alcances y ejecución del presupuesto estipulado en la Ley N.º 8634.
El INA establecerá, en conjunto con la Secretaría Técnica del Consejo Rector, los mecanismos necesarios para la revelación de información agregada relevante, con la finalidad de medir la evolución y el comportamiento de los beneficiarios de la Ley N.º 8634. Para esto, el INA deberá llevar, por medio de su unidad especializada en Banca para el Desarrollo, un registro de todos los usuarios y beneficiarios atendidos, tales como información del beneficiario, actividades de capacitación, asesoramiento técnico y de apoyo empresarial, entre otros servicios y productos, ofrecidos de manera directa o indirecta a los beneficiarios del SBD. Lo anterior con la periodicidad que lo solicite el Consejo Rector por medio de la Secretaría Técnica, por los medios y la frecuencia con que ellos lo determinen.
Artículo 126: Del alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo. Los programas que implemente el INA se planificarán y ejecutarán con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), las Políticas Públicas dispuestas por el Poder Ejecutivo y en función de los lineamientos que emita el Consejo Rector del SBD, de conformidad con el artículo 41 de la Ley N.º 8634. El INA establecerá un Plan Estratégico alineado con los recursos que la Ley N.º 8634 asigna para los propósitos del SBD. Este se elaborará en conjunto con la Secretaría Técnica del Consejo Rector, mediante el cual se establecerán las estrategias, los objetivos estratégicos y las acciones que se ejecutarán, las cuales deberán estar acordes con la Ley N.º 8634, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico del SBD aprobado por el Consejo Rector, incluyendo las acciones para que los recursos lleguen a las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634. Todo lo anterior deberá contar con la aprobación del Consejo Rector del SBD.
Las aplicaciones tecnológicas que promuevan la eficiencia y gestión de las personas beneficias de la Ley N.º 8634 serán parte de los procesos de Desarrollo Empresarial.
Artículo 127: Del apoyo a los procesos de regionalización del SBD. El INA apoyará y promoverá un sistema de ayuda técnica especializada para las personas beneficiarias del SBD en las zonas rurales del país.
El INA procurará que al menos el 40% de los recursos destinados al SBD deben orientarse a los apoyos de regionalización, de acuerdo con lo indicado en el presente Reglamento.
Artículo 128: Del apoyo a Red Nacional de Incubación y Aceleración. El INA y SBD podrán participar en procesos de articulación de la Red Nacional de Incubación y Aceleración (RNIA), a través de servicios no financieros. El MEIC se encargará de administrar un modelo de inscripción, verificación de procesos y seguimiento de las incubadoras y aceleradoras de la RNIA; que permitirá al SBD contar con un registro oficial.
Artículo 129: Del INFOCOOP. Anualmente, de conformidad con el artículo 41 de inciso b) de la Ley N.º 8634, el INFOCOOP presentará para su aprobación un plan integral de apoyo al Consejo Rector del SBD, el cual contendrá como objetivo primordial coadyuvar a potencializar las herramientas de acceso al crédito para los sectores prioritarios establecidos en la Ley N.º 8634; al tiempo que puede establecer los convenios de cooperación necesarios con los integrantes del SBD. Una vez aprobado dicho plan de apoyo, el INFOCOOP, lo incorporará en su plan anual operativo y destinará los recursos necesarios para su efectiva ejecución.
El INFOCOOP, procurará que los recursos que se destinen a las personas beneficiarias de esta Ley sean como mínimo el quince por ciento (15%) de las transferencias anuales que le realiza la banca del Estado, incluyéndolo en su plan anual operativo. De igual forma, queda facultado para transferir recursos al FONADE, para el apoyo de las actividades relacionadas con las personas beneficiarias de la Ley N.º 8634.
Las cooperativas de ahorro y crédito, con Licencia de Operador Financiero, registrarán las operaciones de financiamiento con recursos del SBD, de acuerdo con la naturaleza jurídica de los sujetos beneficiarios.
Artículo 130: Del IMAS. El IMAS deberá incluir, dentro de sus programas, el apoyo financiero para las personas físicas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, quienes presenten proyectos viables y sostenibles, los cuales permitan la movilidad social y no posean hasta un veinticinco por ciento (25%) de garantía o contragarantía, para acceder al fondo de avales del SBD, con el fin de completar la garantía del crédito que solicita, de conformidad con el artículo 41 inciso c) de la Ley N.º 8634.
El Consejo Rector deberá aprobar los programas que los operadores financieros apliquen para este propósito, los cuales deben considerar los mecanismos de seguimiento y acompañamiento necesarios; asimismo, estas garantías y avales, se suministrarán especialmente para los operadores que, por su naturaleza, requieran de este instrumento para apoyar la inclusión financiera y económica de estos beneficiarios.
Artículo 131: Del MIDEPLAN. El MIDEPLAN establecerá de forma anual un plan de apoyo internacional para el SBD. Los recursos donados por la ayuda internacional se depositarán en el FONADE y toda cooperación será coordinada en su ejecución por la Secretaría Técnica del Consejo Rector.
Artículo 132: De la Promotora. El SBD podrá apoyar, con recursos del FONADE, programas orientados a promover emprendimientos innovadores, creación de instrumentos de financiamiento en investigación y desarrollo, acompañamiento y capacitación para la innovación, fortalecer redes y vinculación para la generación de conocimiento, fortalecimiento del talento humano especializado y capacidades empresariales, análisis de prospectiva y desarrollo de empresas de base tecnológica, que sean presentados por la Promotora, según lo estipulado en el inciso e) del artículo 41 de la Ley N.º 8634.
La Secretaría Técnica propondrá para aprobación del Consejo Rector, una metodología para priorizar los proyectos de alto impacto, según criterios de generación de empleo, sostenibilidad ambiental, desarrollo tecnológico y encadenamientos productivos, entre otros, con el fin de optimizar el impacto de los recursos. El Consejo Rector y la Promotora podrán suscribir convenios que permita facilitar la información de interés para el SBD, colaboración o asistencia técnica.
Para la ejecución de las iniciativas derivadas de lo estipulado en el inciso d) del artículo 27 de la Ley N.º 8634, la Secretaría Técnica podrá trabajar programas orientados a crear, impulsar o participar en diferentes iniciativas vinculadas a modelos de negocio innovadores, como spin-off, startups o emprendimientos de base tecnológica, para lo cual involucrará a la Promotora como ente técnico de apoyo; estos programas, así como su modelo de supervisión y fiscalización, deberán ser aprobados por el Consejo Rector.
Artículo 133: El MINAE. El MINAE promoverá, en trabajo conjunto con la Secretaría Técnica del Consejo Rector, proyectos que incorporen o impulsen el concepto de producción más limpia, economía circular o bioeconomía. Dichos proyectos deben procurar la búsqueda del aumento de eficiencia de los proyectos productivos a financiar, reducir los riesgos para los seres humanos, el ambiente y el apoyo a la lucha contra el cambio climático, y deberán contar con la aprobación del Consejo Rector.
El MINAE brindará todo el apoyo logístico, técnico y legal para la incorporación del FONADE como receptor de recursos del Fondo Verde para el Cambio Climático (FVC). Para estos fines, el MINAE procurará utilizar parte del readiness (preparación) del país para mejorar las condiciones que le permitan a la Secretaría del SBD acreditarse. Una vez acreditado, buscará apoyar con capacitación y asistencia técnica, con el fin tener una acción de mejora continua para gerenciar dichos recursos de cooperación o aquellos que se ejecuten según el párrafo anterior.
Artículo 134: De las Universidades y otros colaboradores del SBD. Las universidades podrán ser un colaborador estratégico del SBD para la creación y aceleración de empresas intensivas en conocimiento. Entre otros, se podrán desarrollar programas investigación aplicada para resolver problemas o crear conocimiento sobre elementos que generen valor agregado e impacto positivo en los ingresos de los beneficiarios de la Ley.
Serán también colaboradores del SBD y brindarán la más completa cooperación, las instituciones y las organizaciones estatales prestadoras de servicios no financieros y de desarrollo empresarial.
Mediante convenios, podrán incorporarse como colaboradores del SBD los colegios profesionales, los colegios técnicos, las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones dedicadas a la investigación y docencia.
Capítulo XVIIOTRAS DISPOSICIONES
Artículo 135: De la titularización de carteras de crédito de microfinancieras. Las microfinancieras con un patrimonio mayor a doscientos cincuenta millones de colones (¢250.000.000), el cual podrá ser actualizado por acuerdo del Consejo Rector, independientemente de la figura jurídica bajo la cual estén organizadas, podrán realizar operaciones de titularización de sus carteras de crédito. Estas operaciones estarán dirigidas a portafolios de inversionistas institucionales, conforme a la definición que adopte la Superintendencia General de Valores. El monto requerido del patrimonio se ajustará anualmente, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La oferta pública de los valores producto de la titularización, deberá cumplir con los requisitos que al efecto dispone la Ley del Mercado de Valores y la normativa aplicable por la Superintendencia General de Valores.
Los integrantes del SBD y los fondos establecidos en la Ley N.º 8634, podrán adquirir valores producto de titularización.
Artículo 136: Disposiciones generales de los participantes del SBD. Los participantes del SBD deberán informar a las personas beneficiarias sobre los programas y herramientas del SBD, las cuales se han puesto a disposición por medio de la Ley N.º 8634. Además, deberán hacerlo explícito en los instrumentos informativos, divulgación y publicitarios a su alcance.
Artículo 137: Del cumplimiento de objetivos de política pública y de la remisión de información tanto al MEIC como al MAG. Para el cumplimiento de los objetivos y principios de la Ley N.º 8634, el Consejo Rector del SBD establecerá los mecanismos que permitan incorporar que su toma de decisiones y la orientación en el uso de los recursos por parte del Sistema; se encuentren alineados a objetivos de política pública definidos por el Poder Ejecutivo.
Corresponderá a la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo establecer un procedimiento para remitir, al menos una vez al año, tanto al MEIC y el MAG, según sus competencias, información sobre productos relevantes y de colocación de créditos; así como desarrollar de ser necesario, productos específicos para los beneficiarios de la Ley, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo Rector y alinearse a objetivos de política pública.
Asimismo, ambos ministerios podrán requerir información, en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, sobre los programas autorizados por el Consejo Rector con el fin de determinar el aporte e impacto del SBD en el cumplimiento de sus fines, al cumplimiento de objetivos de política pública y al desarrollo económico y social del país. El grado de desagregación de la información deberá asegurar que no se transgreda el secreto bancario y la protección de datos de los beneficiarios.
Artículo 138: Derecho subjetivo. Se mantiene invariable cualquier derecho subjetivo que haya surgido a partir de los Decretos Ejecutivos N° 38906-MEIC-MAG-MH-MIDEPLAN y N° 43980 MAG-MEIC-TUR, respectivamente.
Artículo 139: Derogatoria. Deróguese los Decretos Ejecutivos N° 43980-MEIC-MAG-TUR del 27 de marzo de 2023, publicado en el Alcance N.º 71 del Diario Oficial La Gaceta N.º 71 del 25 de abril de 2023; y N° 44757-MEIC-MAG-TUR del 04 de octubre de 2024, publicado en el Alcance N.º 193 del Diario Oficial La Gaceta N.º 225 del 29 de noviembre de 2024.
Disposiciones transitorias
Transitorio I: El Consejo Rector y la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo deberán actualizar su normativa interna correspondientes a las funciones de cada área, a efecto de ajustarlas a las reformas introducidas a la Ley N.º 8634, considerando, además lo dispuesto en el presente Reglamento. A tal efecto deberán presentar ante el Consejo Rector un plan de acción para la implementación de lo indicado anteriormente en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la vigencia del presente reglamento.
Transitorio II: Para efectos de lo dispuesto en el artículo 118 del presente reglamento, la Secretaría Técnica del Consejo Rector contará con un plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigencia de este reglamento para definir los aspectos técnicos del sistema de evaluación y medición del SBD, establecer los protocolos de coordinación interinstitucional, y desarrollar las herramientas tecnológicas necesarias para la recopilación, procesamiento y análisis de la información.
Las instituciones públicas obligadas a suministrar información conforme al artículo 114 deberán designar un punto de contacto institucional dentro de un plazo no mayor a los tres meses siguientes a la entrada en vigor del reglamento, con el fin de facilitar la articulación técnica y operativa del sistema de evaluación. Las instituciones deberán prever los recursos presupuestarios y tecnológicos necesarios en sus respectivos planes operativos anuales para cumplir con esta disposición. Artículo 140: Del Rige. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la Presidencia de la República. San José a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.
Artículo 140: Del Rige. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la Presidencia de la República. San José a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.
Texto informativo, copiado del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI) de la Procuraduría General de la República el 13 de noviembre de 2026. La norma pudo reformarse después de esa fecha. Para efectos legales, consulte el texto oficial en el SINALEVI. ¿Necesita aplicarla a su caso? Agende una cita.