Política Nacional de Compras Públicas Sustentables
Decreto Ejecutivo 39310 del 27 de enero de 2015
- Versión vigente
- 27 de enero de 2015 (versión 1 de 1)
- Rige desde
- 9 de diciembre de 2015
- Publicación
- La Gaceta n.º 239, 09/12/2015, alcance 111
- Artículos
- 12
Nº 39310- MH – MINAE – MEIC – MTSS
El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y
LOS MINISTROS DE HACIENDA, DE AMBIENTE Y ENERGIA,
DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los artículos 46, 50, 140 incisos 3), 18) y 146 de la Constitución Política de la República de Costa Rica; los artículos 2 al 20 de la Ley Nº 6227del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública; Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía Nº 7152, del 5 de junio de 1990; artículos 2, 3, 4, 5 y capítulos XI, XII, XIII y XV de la Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 8262 del 2 de mayo de 2002, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas empresas; artículos 3 y 4 de la Ley No. 6054 del 23 de junio de 1977, Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; artículos 1, 2, 3, 5, 6 de la Ley Nº 1860 del 21 de abril de 1955, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y sus reformas (artículo 1º de Ley Nº 3095 de 18 de febrero de 1963 y Ley Nº 5089 de 18 de octubre de 1972).
CONSIDERANDO:
1. Que el Gobierno de Costa Rica aprobó en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable en el año 2002, junto a todos los gobiernos asistentes el Plan de Implementación de Johannesburgo (PIJ), el cual hace un llamado al mundo para cambiar los modos insustentables de consumo y producción. Asimismo, se solicita específicamente a los gobiernos que promuevan la elaboración de un marco de programas a 10 años plazo para apoyar y fortalecer las iniciativas regionales y nacionales y acelerar el cambio hacia patrones de producción y consumo más sustentables.
2. Que el Foro de Ministros de Ambiente, celebrado en la Ciudad de Panamá en el año 2003, acordó la conformación del Consejo Regional de Expertos en Consumo y Producción Sostenibles, cuyo objetivo principal es identificar y proponer al Foro, mecanismos eficaces y eficientes para la puesta en práctica de políticas, estrategias y programas integrales que promuevan y faciliten la adopción de patrones sostenibles de consumo y producción en nuestras sociedades.
3. Que Costa Rica fue elegido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al igual que otros 5 países, para desarrollar experiencias piloto orientadas al Fortalecimiento de las capacidades para las Compras Públicas Sustentables.
4. Que en el marco del desarrollo del proyecto piloto para Costa Rica, se formó un Consejo Directivo para el seguimiento del proyecto, conformado por los Ministerios de Ambiente y Energía; el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y por parte del sector privado, la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, estando la Secretaría a cargo de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía.
5. Que el país desde 1998, con la firma de la Declaración Internacional de Producción Más Limpia, ha venido desarrollando esfuerzos entre los diferentes actores de la sociedad para el establecimiento de acciones de apoyo y utilización de prácticas orientadas al Consumo y Producción Sustentables.
6. Que el país está realizando esfuerzos para la modernización de la gestión de compras institucionales a través de acciones como la formulación del Plan Estratégico para la Modernización de las Compras Públicas del Estado, así como las Guías de Compras Públicas Sustentables, las Guías de Criterios Sociales en los Procesos de Contratación Pública en Costa Rica, impulsados por el Ministerio de Hacienda en forma coordinada con las instituciones vinculadas con estos temas.
7. Que el Ministerio de Hacienda, cuenta actualmente con 12 convenios marco con características sustentables, que se encuentran a disposición del Sector Público Costarricense, en temas como: vehículos, materiales de limpieza, mobiliario y equipo de oficina, boletos aéreos, servicios de limpieza, entre otros.
8. Que el país ha ratificado normas de la comunidad internacional sobre derechos humanos, dentro de los cuales se pueden mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Convenios Fundamentales en Trabajo tales como el Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo; el Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, y la Agenda Hemisférica sobre Trabajo Decente. Además cuenta con amplia legislación nacional, tal como la Constitución Política, el Código de Trabajo, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, Ley de Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes Trabajadoras, y la Ley sobre Igualdad de Oportunidades a las Personas con Discapacidad.
9. Que Costa Rica, en procura de la transparencia de la gestión pública ha venido generando acciones en torno a la facilitación de trámites y promoviendo la incorporación de medidas que agilicen y hagan más transparente la gestión de compras públicas.
10. Que en aras del desarrollo sustentable del país, conviene articular y fomentar las mejores prácticas sobre consumo y producción que realizan las organizaciones del sector público y privado del Estado de Costa Rica, para que la gestión de compras públicas integre y valore, de manera normada y transparente, el ciclo de vida completo de los productos y servicios.
11. Que la Ley de Conversión del Ministerio de Industria, Energía y Minas en Ministerio del Ambiente y Energía y sus reformas y la Ley Orgánica del Ambiente y sus reformas, confieren al Ministerio del Ambiente y Energía, la potestad de formular, planificar y ejecutar las políticas de protección ambiental del gobierno de la República, así como competencia y legitimidad para participar en el proceso de gestión de las compras públicas sustentables.
12. Que la Ley para la Gestión Integral de Residuos, establece como uno de sus objetivos influir en las pautas de conducta de los consumidores y los generadores, mediante acciones educativas y de sensibilización, incentivando la producción más limpia y el consumo sustentable, tanto de los particulares como del Estado. Autoriza además esta ley a las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para que promuevan la compra y la utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables, que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública.
13. Que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio como ente rector del sector empresarial, debe promover de conformidad con la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, el desarrollo empresarial sostenible, dirigido a armonizar la producción empresarial con los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes, así como promover la transferencia de tecnología, la capacitación empresarial y el uso de formas preventivas, como la producción más limpia. Además la Ley de Fortalecimientos de las Pequeñas y Medianas Empresas, incluyó el tema de compras del Estado como instrumento para impulsar e incentivar las PYME, con la finalidad de estimular el crecimiento y desarrollo del país, fundamentalmente en el bienestar ambiental, económico y social de sus habitantes.
14. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como rector en material laboral debe promover y garantizar el respeto irrestricto de las condiciones dignas de trabajo para todos los ciudadanos, así como los derechos humanos consagrados en la legislación nacional e internacional.
15. Que para el efectivo logro de los objetivos propuestos para la formulación e implementación de políticas, en el campo de las compras públicas, es indispensable la debida coordinación entre los correspondientes órganos rectores concurrentes con el tema y el Ministerio de Hacienda en su condición de órgano rector en materia de contratación administrativa, y administración financiera de la República, de manera que se garantice la incorporación técnica y armónica de los criterios ambientales, económicos y sociales con los principios que rigen la sustentabilidad
Por tanto,
DECRETAN:
“Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo
Nacional de Compras Sustentables”
ARTÍCULO 1. Definiciones:
• Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el Medio Ambiente. Relacionado con la compra, está asociado directamente al producto que se adquirirá.
• Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto, desde la extracción de recursos naturales hasta la disposición final.
• Disposición final: Última etapa del proceso del manejo de los residuos sólidos en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria.
• Especificación técnica: Documento que establece las características de un producto o un servicio, tales como niveles de calidad, rendimiento, seguridad, dimensiones, entre otras.
• Impacto ambiental: es cualquier cambio en el Medio Ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades y/o productos de una organización.
• Innovación: Todo cambio significativo en una tecnología, producto o proceso (nuevo o mejorado) que tiene demanda y logra incidir en el mercado.
• Las Compras Públicas Sustentables: constituyen la adquisición armónica con los principios constitucionales que rigen la contratación administrativa, de bienes, obras y servicios, considerando de manera integral e innovadora, criterios económicos, ambientales y sociales para la selección de dichos objetos.
• Principio de responsabilidad extendida del productor: establece que tanto productores como importadores, tienen la responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las fases posindustrial y posconsumo. En Costa Rica, este principio se aplica únicamente a los residuos declarados de manejo especial por el Ministerio de Salud.
• Producto: Entendido este como el objeto de la contratación, incluye los bienes y/o servicios que se pretenden adquirir por parte de la Administración Contratante.
PYME: Pequeña y mediana empresa. Empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados.
• Sector Público: entendido como los órganos del Poder Ejecutivo, El Poder Judicial, El Poder Legislativo, El Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Sector Descentralizado Territorial e institucional, los Entes Públicos no Estatales y las Empresas Públicas, cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas.
• Sustentabilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus necesidades.
ARTÍCULO 2. Se promulga la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y le corresponderá al Ministerio de Hacienda liderar y coordinar las acciones necesarias para su implementación en el Sector Público; así como promover la incorporación de los principios establecidos en esta política, en la planificación de cada institución que la conforma, sin perjuicio de las competencias que ostentan los demás Ministerios del Poder Ejecutivo en materias específicas. Para ello el Ministerio de Hacienda deberá desarrollar la estrategia de implementación y seguimiento de esta política en estrecha coordinación con los ministerios rectores de las áreas social, ambiental y económica.
ARTÍCULO 3. El objetivo de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, es propiciar, a través del poder de compra del Estado, la estimulación de la producción de bienes y servicios con innovación y el mejor desempeño económico, ambiental y socialmente responsable, por lo que se declara de interés público su implementación.
ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, el Sector Público, que se abastece de bienes, obras y servicios, deberán tomar en cuenta la innovación y las siguientes consideraciones al momento de realizar la compra:
a) Económicas: El valor monetario, precio, disponibilidad, calidad y funcionalidad de los productos, asociados a una perspectiva sustentable.
b) Ambientales: se debe de tomar en cuenta los efectos ambientales que un producto o servicio tiene a través de todo su ciclo de vida.
c) Sociales: se debe considerar los efectos sociales vinculados a temas como la erradicación de la pobreza, la equidad en la distribución de recursos y los derechos humanos. Así como el cumplimiento de las normas y garantías laborales y sociales que protegen a las personas trabajadoras involucradas en todas las etapas de la elaboración de los productos adquiridos o servicios contratados por la Administración, considerando las leyes conexas en materia de erradicación de trabajo infantil, protección de las personas trabajadoras, Ley de Promoción de la igualdad social de la mujer y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad.
En cada una de las anteriores consideraciones deberá tomarse en cuenta la promoción de participación de PYMES.
ARTÍCULO 5. La Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, se basará en los siguientes lineamientos:
1) Coordinación y cooperación interinstitucional tanto pública como privada para el fomento de las compras públicas sustentables, acorde a las necesidades reales de los sectores y de acuerdo a lineamientos que se generen, según convenios y tratados internacionales y criterios de gradualidad, de acuerdo a la realidad nacional, para su implementación.
2) Promoción en el ámbito de las compras públicas sustentables de mecanismos de prevención de la contaminación ambiental y lograr su control integrado.
3) Promoción de acciones educativas, divulgativas, investigativas, productivas, y empresariales, en el marco de las compras públicas sustentables, con el fin de fortalecer una cultura de gestión sostenible de los recursos y materias relacionadas, así como de cumplimiento laboral y responsabilidad social.
4) Promoción del diseño y adaptación de instrumentos de fomento en modernización productiva, el desarrollo de innovación, la comunicación responsable y científicamente válida sobre productos y servicios y otros instrumentos que den respuesta a los desafíos de la producción y el consumo sustentable, considerando el ciclo de vida completo de los productos, acorde a las exigencias mínimas de protección laboral y social.
5) Promoción en el Sector Privado de mecanismos que permitan la adopción de sistemas de administración eficientes, así como de esquemas productivos que prevengan la contaminación y fortalezcan la productividad, asegurando eficacia y eficiencia en toda la cadena de valor del producto y a través de todo su ciclo de vida, en el marco de la promoción del trabajo digno.
6) Promoción de procesos de compras públicas de bienes, obras y servicios que desarrollen una cultura de cumplimiento de la legislación laboral, a fin de garantizar adecuadas condiciones y derechos laborales de las personas trabajadoras, la no contratación de personas menores de 15 años y protección especial para la población adolescente trabajadora que se encuentra entre los 15 y 18 años, inclusión de personas con discapacidad, medidas de accesibilidad y equidad de género; así como promover la responsabilidad social que determine la legislación vigente u órganos competentes en el ramo.
7) Fomento de las acciones necesarias con el sector empresarial, a fin de desarrollar y ejecutar programas, proyectos y actividades nacionales e internacionales orientadas al sector empresarial, así como facilitar a las PYME el cumplimiento de elementos técnicos, organizativos, productivos y normativos sobre las compras públicas sustentables.
8) Promoción de las compras públicas sustentables como un mecanismo articulador entre el consumo y la producción sostenible del país, que orienta hacia una acción estratégica, integral y gradual con enfoque sistémico para contribuir al crecimiento económico, el control de la degradación ambiental, cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y seguridad social, la mejora en gestión de responsabilidad social, y la calidad de vida de la población en general.
9) Impulso en el Sector Público las compras públicas sustentables, a través de los Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).
10) Impulso del etiquetado ambiental como un mecanismo para promover las compras públicas sustentables.
11) Estímulo a aquellas iniciativas que cuenten con alguno de los reconocimientos que están contemplados dentro del Sistema de Reconocimientos Ambientales (SIREA) Promoción de normativa técnica, directrices y lineamientos que regulen las compras públicas sustentables para su adecuada implementación, los cuales deberán contar con el aval del Comité Directivo de Compras Públicas Sustentables.
ARTÍCULO 6. Se crea un Comité Directivo de Compras Públicas Sustentables, como un órgano interinstitucional permanente, de coordinación e implementación de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, el cual estará integrado por el jerarca o un representante debidamente nombrado por éste, de cada una de las siguientes organizaciones:
1- Ministerio de Hacienda, quien lo presidirá.
2- Ministerio de Ambiente y Energía.
4- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
5- Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
En el mismo acto de nombramiento del representante de cada una de las organizaciones deberá nombrarse su respetivo suplente.
ARTÍCULO 7: Será responsabilidad de los máximos jerarcas de las instituciones representadas en el Comité, el cumplimiento de los lineamientos establecidos en esta política en el ámbito de sus competencias, asimismo, todos los actores involucrados en la estrategia, deberán atenderlos.
ARTÍCULO 8. El Comité Directivo de Compras Públicas Sustentables, estará sujeto en su organización interna y funcionamiento a las disposiciones de los Órganos Colegiados, contenidas en los artículos 49 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y demás normativa nacional.
ARTÍCULO 9. Corresponderá al Comité Directivo de Compras Públicas Sustentables las siguientes funciones:
1- Aprobación la estrategia y el plan de acción de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y sus modificaciones.
2- Velar por la ejecución y divulgación de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, así como su estrategia y plan de acción.
3- Velar por el seguimiento y mejora continua de la estrategia y el plan de acción de la política de compras públicas sustentables en el Sector Público.
4- Proponer e impulsar mecanismos para asegurar que la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables se mantenga como una prioridad de la agenda política nacional.
5- Elaborar información sistemática sobre los avances de la implementación de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables.
ARTÍCULO 10. Corresponderá a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, funcionar como Secretaría Técnica del Comité Directivo de Compras Públicas Sustentables y tendrá para tal fin las siguientes funciones:
1) Convocar al Comité Directivo de Compras Públicas Sustentables.
2) Brindar asistencia técnica, capacitación y asesoría en Compras Públicas Sustentables a los distintos actores involucrados en el tema.
3) Elaborar y coordinar las acciones necesarias para la implementación del la estrategia y Plan de Acción de esta Política.
4) Proponer al Comité Directivo las actualizaciones que correspondan a esta Política y su Plan de Acción y los instrumentos que se deriven de éstas.
5) Promover convenios o proyectos de cooperación, nacional o internacional, públicos o privados para el fortalecimiento de la gestión de las compras públicas sustentables.
6) Convocar, cuando por el tema corresponda, otros sectores para la generación de insumos requeridos por el Comité Directivo de Compras Públicas Sustentables, para ejecución de la estrategia, plan de acción u otros temas vinculados con las compras públicas sustentables.
7) Convocar y conformar los grupos técnicos interinstitucionales que se requieran para que cada uno de los componentes de la Estrategia y del Plan de Acción de implementación de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables sea desarrollado e implementado.
8) Todas aquellas funciones que aseguren una eficiente implementación de esta Política y su Plan de Acción, como la capacitación, asesoría técnica y legal, entre otros.
9) Proveer información sistemática sobre los avances de la implementación de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables.
ARTÍCULO 11: Las instituciones del Sector Público, para emitir cualquier lineamiento o normativa relacionada con compras públicas sustentables, deberá remitirla previamente en consulta a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, en su condición de órgano rector del Poder Ejecutivo y asesor del Sector Público y Privado en la materia.
ARTÍCULO 12. Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil quince.
TRANSITORIO I- El Ministerio de Hacienda deberá convocar en el plazo de un mes posterior a la publicación de este decreto en el Diario Oficial La Gaceta, al Comité Directivo de Compras Sustentables.
TRANSITORIO II- La estrategia y el Plan de Acción inicial de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables será elaborado por el Comité de Compras Públicas Sustentables en un plazo de 6 meses contado a partir la publicación de este decreto en el Diario Oficial La Gaceta.
TRANSITORIO III. Gradualmente todas las instituciones del Sector Público deberán incorporar en el marco de los programas de gestión ambiental institucional (PGAI) sus compras con criterios de sustentabilidad, siguiendo al efecto las guías, lineamientos técnicos, directrices y de más documentos emitidos por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, debiendo elaborar en un plazo de tres meses un cronograma de implementación de las mismas.
Texto informativo, copiado del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI) de la Procuraduría General de la República el 13 de noviembre de 2026. La norma pudo reformarse después de esa fecha. Para efectos legales, consulte el texto oficial en el SINALEVI. ¿Necesita aplicarla a su caso? Agende una cita.