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Declaratoria de Secreto de Estado de los Informes de Inteligencia

Decreto Ejecutivo 45870 del 27 de julio de 2026

Versión vigente
9 de octubre de 2026 (versión 2 de 2)
Rige desde
10 de agosto de 2026
Publicación
La Gaceta n.º 149, 10/08/2026, alcance 104
Artículos
6

N° 45870 MSP

LA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNACIÓN Y POLICÍA

En ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140 incisos 3), y 6) y los artículos 30 y 130 de la Constitución Política;

Considerando

I.-Que de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, la Administración está en la obligación de garantizar el acceso a la información pública, en el tanto no se trate de secretos de Estado o de información que no revista interés público.

II.- Que conforme con los incisos 6) y 16) del artículo 140 de la Constitución Política, es potestad del Poder Ejecutivo mantener, resguardar y preservar el orden, defensa y seguridad del país. Además, quien ostenta la Presidencia de la República, juntamente con su Ministro (a) de Gobierno, tiene un margen de apreciación en orden al contenido (sensibilidad), oportunidad y conveniencia para determinar en qué casos puede comprometerse la seguridad y la defensa del país. De modo que, en correspondencia con lo señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución Política ha otorgado a un Poder del Estado la adopción de una decisión autónoma sobre determinada materia, como lo es la seguridad y la defensa nacionales. Desde esa perspectiva, se está frente a una atribución no justiciable, también denominada zona de reserva política, ejercicio de facultades privativas, facultades reservadas y actos institucionales, dependiendo de la materia que se trate. Lo anterior, en absoluta correspondencia con el principio de equilibrio e independencia de los Poderes consagrado en la Ley Fundamental.

III.- Que en los artículos 11 y 12 de la Ley General de Policía, Ley N.° 7410, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública - en adelante denominado Consejo-, como un órgano integrado por el Presidente de la República y los titulares de ministerio de la Presidencia, Justicia y Paz, de Gobernación y de Seguridad Pública, así como por cualquier otro miembro que incluya el Presidente de la República. Dicho Consejo tiene como competencia definir las políticas generales de los diversos cuerpos de policía de conformidad con las directrices del Presidente de la República.

IV.- Que en los artículos 13 y 14 de la Ley General de Policía, Ley N.° 7410, se creó la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional -en adelante DIS- como órgano informativo del Presidente de la República, en materia de seguridad nacional, bajo el mando exclusivo del Presidente de la República. Dicho órgano tiene como función detectar, investigar, analizar y comunicar al Presidente de la Republica o al Ministro de la Presidencia, la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia o la integridad territorial o pongan en peligro la estabilidad del país y de sus instituciones; coordinar con organismos internacionales los asuntos de seguridad externa, ejecutar labores de vigilancia en materia de seguridad del Estado y de sus bienes, con la autorización previa y expresa del ministro respectivo, informar a las autoridades pertinentes del Poder Judicial, de la amenaza o la comisión de un delito y trabajar coordinadamente con esos cuerpos, para prevenirlo o investigarlo.

V.- Que de conformidad con el artículo 21 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.º 6227, el Poder Ejecutivo lo conforma el Presidente y el Ministro del ramo. En consecuencia, corresponde a estos declarar la reserva sobre hechos, informaciones o documentos.

VI.-Que de conformidad con el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, no habrá acceso a las piezas de expedientes cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado, facultando a las autoridades públicas a clasificar y restringir el acceso a piezas de expedientes, documentos y actuaciones administrativas cuando existan razones calificadas y excepcionales de interés público o cuando su divulgación pueda comprometer de forma directa los planes de operaciones policiales, la seguridad nacional o la integridad de las personas involucradas.

VII.-Que la Ley General de Policía, Ley N.º 7410, en sus artículos 10 incisos a), y f) y 16, señalan los principios fundamentales, el deber de rigurosa confidencialidad y discreción, la custodia de información confidencial, y la estricta reserva a la que están sometidos los funcionarios policiales respecto de los asuntos en materia de seguridad y defensa nacionales que conozcan debido a su cargo.

VIII.- Que de conformidad con las sentencias n.° 880-90, 989-1994, 7265-1999, 16359-2016, 11951-2025, entre otras, emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el secreto de Estado, en cuanto constituye una excepción a los principios o valores constitucionales de la transparencia y la publicidad de los poderes públicos y su gestión, debe ser interpretado y aplicado, en todo momento, de forma restrictiva, bajo tres presupuestos esenciales: (i) El secreto de Estado es un límite al derecho de acceso a la información. (ii) Existe secreto de Estado, en términos generales, en materia de seguridad nacional, defensa nacional y relaciones exteriores, no sólo con otros Estados, sino con los demás sujetos de Derecho Internacional Público. (iii) La aplicación del secreto de Estado está sujeta al principio de reserva de ley y a una interpretación restrictiva.

IX.- Que, el Estado de Costa Rica, a través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Seguridad Pública, deben implementar las acciones que resulten útiles, oportunas y necesarias, con el fin de resguardar la seguridad y defensa nacionales.

X.- Que la Procuraduría General de la República, mediante dictámenes C-249-80 del 30 de octubre de 1980, C-175-83 del 31 de mayo de 1983 y C-126-2013 del 4 de julio de 2013, concluyó que constituyen Secreto de Estado las materias relativas a la seguridad, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la República. Asimismo, mediante dictamen C-239-95 del 21 de noviembre de 1995, las materias dichas competen al Poder Ejecutivo, por lo que corresponde a este declarar qué determinados hechos, informaciones o documentos son atinentes a la seguridad externa e interna de la República, la defensa nacional o las relaciones exteriores y que por ello su revelación perjudicaría los intereses estatales y el orden público.

XI.- Que, debido a la posición geográfica de nuestro país en el continente americano, es vulnerable al trasiego de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, drogas de uso no autorizado, lavado de dinero, tráfico de personas, sicariato y otras formas de crimen organizado. Situación que ha tenido repercusiones graves tanto en el ámbito interno y externo. A nivel interno, se comprueba un número importante de homicidios relacionados con dichos delitos, así como toda una gama de consecuencias negativastanto a nivel social, económico, y de ejercicio pleno de la democracia. En ese sentido, el Estado de Costa Rica enfrenta la necesidad de combatir estructuras criminales cada vez más complejas y organizadas, mediante una planificación estratégica basada en inteligencia, coordinación operativa y toma de decisiones oportunas, obligándolo a reaccionar de manera rápida y eficiente ante situaciones que ponen en riesgo la paz social y el bienestar de la población.

XII- Que en ese contexto, ha sido conformado el Grupo de Trabajo del Gobierno de Costa Rica denominado “Fuerza Élite” o, anteriormente denominado, “Task Force”, - en adelante “Fuerza Élite”- dentro del cual participan la Presidencia de Costa Rica, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, las direcciones y altos mandos de los distintos cuerpos policiales del país, incluyendo Fuerza Pública, Servicio Nacional de Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea, Policía de Control de Drogas, Policía de Control Fiscal, Policía Penitenciaria, Policía de Fronteras, la DIS, y cualquier otro invitado por la Presidencia de la República, cuya labor es complementaria a la del Consejo. Dicho espacio consiste en sesiones de trabajo en las cuales se conoce información sumamente sensible y estratégica en materia de seguridad nacional, seguridad pública y lucha contra el crimen organizado, así como decisiones de carácter táctico y operativo.

XIII.-Que “Fuerza Élite” por su naturaleza interdisciplinaria, estratégica y de alta gestión, requiere no solo de la participación de jerarcas y cuerpos policiales, sino del apoyo directo de asesores profesionales en diversas ramas técnicas, legales, tecnológicas y administrativas, resultando indispensable someter a la totalidad de sus integrantes a un régimen uniforme y vinculante de confidencialidad y probidad.

XIV.- Que “Fuerza Élite” constituye una herramienta estratégica y táctica de gran relevancia para el fortalecimiento de la seguridad pública en Costa Rica. Su importancia radica en que permite coordinar de manera efectiva a las distintas instituciones y cuerpos policiales del país en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato y otras manifestaciones de delincuencia que afectan la seguridad ciudadana. Asimismo, establece mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que permiten medir resultados y optimizar los recursos disponibles.

XV.- Que la información relacionada con sesiones y planes de seguridad, las capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, estructuras de mando, protocolos de intervención, recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia, coordinación interinstitucional, estrategias de acción, gestiones de control, protocolos de evaluación de confiabilidad y los resultados derivados de dichos procesos, plan presupuestario y de inversión económica para la ejecución de sus labores de seguridad y defensa nacionales, así como las contrataciones propiamente dichas a esas gestiones, del Consejo, “Fuerza Élite”, la DIS, y cualquier otra coordinación, incluyendo la articulación institucional derivada del Decreto Ejecutivo N.° 39449-MP-SP, Reglamento sobre la Protección de los Jerarcas del Poder Ejecutivo y Dignatarios, reviste un carácter sensible para la seguridad y defensa nacionales, la protección de los intereses esenciales del Estado y el interés público involucrado.

XVI.- Que la divulgación de esta información puede comprometer operaciones en curso o futuras, poner en riesgo la vida e integridad física de funcionarios públicos y terceros, afectar compromisos de cooperación internacional en materia de seguridad y comprometer la eficacia operativa de la unidad, al revelar metodologías de análisis, resultados de las acciones llevadas a cabo y establecimiento de operativos, estrategias, control interno, supervisión de gestiones, protocolos de evaluación de confiabilidad y los resultados derivados de dichos procesos, evaluación de riesgos y mecanismos de detección de infiltraciones o actos de corrupción. Todo ello podría permitir a organizaciones criminales nacionales y trasnacionales, generar amenazas contra la seguridad pública al identificar vulnerabilidades institucionales y desarrollar estrategias para evadir los controles establecidos por el Estado. Adicionalmente, la divulgación de esos aspectos puede afectar derechos fundamentales de los funcionarios involucrados, incluyendo su privacidad, honor, intimidad y protección de datos personales, generando riesgos para su integridad física y la de sus familias. En ese mismo sentido, dicha divulgación puede provocar que, organizaciones criminales utilicen esta información directa o indirectamente, para accionar contra o coaccionar a personas físicas y/o jurídicas, privadas, con el propósito de poner en peligro la seguridad y defensa nacionales.

XVII.- Que para el cumplimiento de los fines y operaciones para la seguridad y defensa del Estado se requiere de la adquisición de bienes, suministros, plataformas tecnológicas, infraestructura, consultorías y servicios especializados, cuya naturaleza operativa e institucional se encuentra íntimamente ligada a la defensa del país y la lucha estratégica contra el crimen organizado.

XVIII.- Que la divulgación de los expedientes de contratación, requerimientos técnicos, estudios de mercado, ofertas financieras, contratos adjudicados, identidades de proveedores o subcontratistas, y la ejecución contractual general derivados de estos procesos —sean ejecutados en asocio o contratación con empresas públicas del Estado o entes privados—, atentaría de forma directa contra la efectividad de la protección y la integridad física de las personas resguardadas, desnaturalizando en absoluto la seguridad del Estado, al develar las capacidades, recursos estratégicos y puntos vulnerables del aparato de seguridad estatal. Por tanto, resulta oportuno, imperativo y conveniente declarar la totalidad de esta información y sus procedimientos como Secreto de Estado.

XIX.- Que, en consecuencia, la divulgación de este tipo de información, por la naturaleza de su contenido perjudicaría gravemente la seguridad y defensa nacionales, lo que hace oportuno y conveniente declararla como confidencial y de acceso restringido, al amparo de la norma constitucional.

Por tanto,

DECRETAN

DECLARATORIA DE SECRETO DE ESTADO

Artículo 1º-. Se declara como Secreto de Estado y reserva, por lo tanto, información absolutamente de carácter confidencial y de acceso restringido exceptuada de la consulta pública, por razones de interés público, seguridad y defensa nacionales, los informes, documentos, archivos o información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Grupo de Trabajo del Gobierno de Costa Rica denominado “Fuerza Élite”, anteriormente conocido como Task Force de Seguridad, así como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia de la República, incluyendo la articulación institucional derivada del Decreto Ejecutivo N.° 39449-MPSP, Reglamento sobre la Protección de los Jerarcas del Poder Ejecutivo y Dignatarios; cuya divulgación lejos de ser de interés público, puede entorpecer y poner en riesgo la labor de las autoridades judiciales y policiales en el combate de la criminalidad, así como poner en riesgo la vida de las personas funcionarias.

Artículo 2º—Los informes, documentos, archivos o información sobre los que se declara el Secreto de Estado, reserva y acceso restringido conceptualizados en el presente decreto, incluyen, pero no se limitan a aquellos relacionados con las formas de operación de la delincuencia organizada y las dinámicas policiales de prospección y despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, estructuras de mando, protocolos de intervención, recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia, coordinación interinstitucional, bitácoras de acuerdos, presentaciones de diversas estrategias de acción policial, gestiones de control, protocolos de evaluación de confiabilidad y sus resultados, planes de protección a funcionarios, partidas, rubros de gastos y presupuestos, así como la totalidad de las actuaciones, expedientes administrativos, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y fases de ejecución de los procedimientos de contratación pública que se promuevan o ejecuten con ocasión, para el uso o en beneficio de los fines del Consejo Nacional de Seguridad Pública, DIS, “Fuerza Élite”, así como las sesiones, reuniones, grabaciones, planes, actas y acuerdos concretos generados en sus senos. En esa misma línea, se declara Secreto de Estado la acción u operación relacionada con la Seguridad y Defensa Nacionales que ordene o coordine la Presidencia de la República con el respectivo ministro del ramo o cualquier otro actor involucrado.

Todo lo anterior siempre y cuando se determine que su divulgación lejos de ser de interés público, puede entorpecer y poner en riesgo la labor de las autoridades policiales del país en el combate de la criminalidad, así como poner en riesgo la vida de las personas funcionarias, personas privadas, físicas y/o jurídicas, relacionadas directa o indirectamente con el tema de Seguridad y Defensa nacionales, así como a los familiares de dichas personas y funcionarios.

Se excluyen expresamente de esta declaratoria de Secreto de Estado los procedimientos ordinarios de contratación administrativa, la ejecución general de los presupuestos públicos, los rubros de gastos generales y la fiscalización financiera, los cuales se regirán por los principios constitucionales de publicidad, transparencia y rendición de cuentas.

La clasificación de cualquier información como Secreto de Estado requerirá en cada caso la aplicación de un criterio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, fundamentando mediante un examen el riesgo cierto, inminente y directo para la vida de las personas o para la consecución de la labor de las autoridades policiales del país en el combate de la criminalidad. Esta justificación deberá ser comunicado por la Administración a la parte requirente de la información específica que solicite, cuyo acceso se encuentra restringido, según los términos del presente decreto. Tales pautas deberán observarse para efectos de lo dispuesto en el presente artículo y en el artículo 1 de este decreto.

Toda clasificación de información como Secreto de Estado se mantendrá vigente mientras el riesgo y la necesidad de su restricción de acceso subsistan, por lo tanto, la declaratoria estará sujeta a mecanismos de revisión para su desclasificación, conforme al bloque de legalidad.

Esta clasificación de Secreto de Estado y restricción de acceso regirá con independencia de si las gestiones operativas o técnicas y/o contrataciones se realizan con instituciones del Estado, entes públicos no estatales, consorcios o entes privados nacionales o extranjeros.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 45962 del 9 de octubre de 2026)

Artículo 3º—Quienes participen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS y “Fuerza Élite” y la persona con quien la Presidencia coordine directamente planes en materia de seguridad, están obligados a guardar absoluta confidencialidad y privacidad de los asuntos que ahí se discutan, y que de forma directa o indirecta puedan percibir y conocer con ocasión y a consecuencia de su participación, todo lo anterior siempre y cuando se determine que su divulgación lejos de ser de interés público, puede entorpecer y poner en riesgo la labor de las autoridades judiciales y policiales en el combate de la criminalidad, así como poner en riesgo la vida de las personas funcionarias, personas privadas, físicas y/o jurídicas, relacionadas directa o indirectamente con el tema de Seguridad y Defensa nacionales, así como a los familiares de dichas personas y funcionarios.

Lo anterior, aplica a jerarcas, miembros de las fuerzas policiales del país, personal de apoyo, de asesorías profesionales en diversas ramas técnicas, legales, tecnológicas, administrativas y de cualquier otra índole, con independencia de su profesión, de su régimen de contratación, sea en propiedad, interino, de confianza, servicios especiales, o de la institución pública de origen a la que pertenezca; igualmente, a cualquier persona que en su condición de funcionaria pública participe permanente u ocasionalmente en él, en virtud de la gestión que desempeña o la experiencia y conocimiento que posea. Asimismo, este deber abarca a consultores, asesores, contratistas, y demás sujetos privados que presten servicios técnicos, profesionales y administrativos, remunerados o no. En este último supuesto, los sujetos privados deberán firmar obligatoriamente una cláusula de sometimiento al Secreto de Estado, y será obligación de la institución pública involucrada procurar su suscripción.

El deber de confidencialidad establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio del deber de colaboración, suministro de información y rendición de cuentas ante los órganos de control constitucional y de fiscalización superior, la Asamblea Legislativa, en el legítimo ejercicio de sus facultades de investigación, los tribunales de justicia y el Ministerio Público, cuando estos lo requieran formalmente, de conformidad con sus competencias y a través de los canales legalmente establecidos. En tales supuestos, el deber de confidencialidad no podrá invocarse como fundamento para denegar u obstaculizar el cumplimiento de dichos requerimientos.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 45962 del 9 de octubre de 2026)

Artículo 4°-. Ninguna de las personas mencionadas en el artículo anterior podrá revelar, facilitar, publicitar, divulgar, difundir, reproducir, trasmitir, compartir o vender, por cualquier medio físico o tecnológico, de forma individual o colectiva, la información sobre la que se declara Secreto de Estado, reserva y acceso restringido exceptuada de consulta ciudadana, de conformidad con este decreto.

Artículo 5º-. Quien incurra en el incumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, se le aplicará los procedimientos y las sanciones correspondientes al quebrantamiento de Secreto de Estado, establecidos en la legislación nacional, así como la resolución contractual de pleno y sin responsabilidad para la Administración Pública, cuando corresponda. Esta obligación persistirá de forma indefinida, independientemente de si su relación con el Estado, cualquiera que sea, haya finalizado.

Artículo 6º-. Rige a partir de su publicación.

Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. — San José, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veintiséis.

Texto informativo, copiado del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI) de la Procuraduría General de la República el 13 de noviembre de 2026. La norma pudo reformarse después de esa fecha. Para efectos legales, consulte el texto oficial en el SINALEVI. ¿Necesita aplicarla a su caso? Agende una cita.

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